Rocio San Miguel, abogada y defensora de los derechos humanos
Rocío San Miguel | Foto: La Gran Aldea

La defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, y otras tres personas, recibieron su libertad plena este jueves, 1° de octubre. Sin embargo, otros 10 presos políticos vinculados a la causa recibieron condenas de entre tres y 18 años de cárcel.

Caracas. La defensora de derechos humanos y directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, recibió libertad plena luego de que el Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo dictara una sentencia absolutoria a su favor.

De esta forma se cierra uno de los procesos judiciales más emblemáticos y cuestionados de la persecución política reciente en el país.

La sentencia absolutoria, confirmada por San Miguel, también cobijó a otras tres personas procesadas bajo el caso del Brazalete Blanco, una causa en la que se vinculó a activistas y militares con supuestas conspiraciones para asaltar instalaciones militares y atentar contra el gobierno del depuesto presidente Nicolás Maduro. 

Además de San Miguel, fueron absueltos en esta causa su exesposo, el piloto Alejandro González, y los coordinadores regionales del partido opositor Vente Venezuela en Yaracuy y Trujillo, Luis Camacaro y Guillermo López. 

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A San Miguel se le ha negado el acceso a sus abogados de confianza y presenta un deterioro en su estado de salud. Foto: Cortesía.

10 condenados

No obstante, el fiscal general de la Républica, Larry Davoe, aseguró que “en esta misma causa, 10 ciudadanos resultaron condenados luego de que se acreditara plenamente su participación en los hechos objeto del proceso”. 

La organización Foro Penal detalló en las redes sociales que condenaron por el delito de conspiración a Guillermo Enrique César, con 12 años de prisión, y al militar Angelo Heredia, a 18 años, ambos permanecen detenidos en la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda.

Además a Ronald Ferrer, recluido en el penal Yare II, también en el estado Miranda, lo condenaron por el mismo delito y también a 12 años de prisión.

Sobre ambos centros penitenciarios hay denuncias públicas de torturas, tratos crueles e inhumanos en contra de los presos políticos, de acuerdo con los testimonios de los familiares de los privados de libertad.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) acudió en distintas ocasiones al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a pedir que se investiguen estos hechos, pero hasta el momento se desconoce oficialmente sobre aveiguaciones por torturas y malos tratos.

Por otro lado, fueron condenados por encubrimiento a tres años de prisión el coronel Carlos Jesús Sánchez Vásquez, el mayor Guillermo Henrry, el capitán Tomás Martínez Chico, la mayor Diana Desirée Victoria Justo y la primera teniente Karen Gómez, todos bajo medida cautelar de libertad condicional, con presentación cada 30 días y prohibición de salida del país.  

Según datos de la defensora de derechos humanos, Tamara Suju, también condnaron a 12 años por conspiración el general Tomás Martínez Macías. En este caso bajo medida humanitaria de libertad condicional, con presentación ante el tribunal cada 30 días, prohibición de salida del país, de dar declaraciones a medios y solicitud en el sistema SIPOL.

Ninguna organización o activista detalló el nombre de la décima persona condenada.

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Rocío San Miguel directora de Control Ciudadano | Foto: @OrlvndoA

“Culmina un duro capítulo de mi vida”

Tras conocerse la decisión del tribunal, San Miguel utilizó sus redes sociales para expresar su postura frente al fallo, agradecer a quienes trabajaron por su libertad y rechazar la condena contra los otros acusados que la acompañaban en esta causa por considerar la decisión “profundamente injusta”. 

“Hoy recibo esta decisión con gratitud, pero también pensando en quienes todavía esperan justicia. Mi solidaridad está con todos los ciudadanos, activistas y presos políticos que continúan enfrentando procesos penales y situaciones de vulnerabilidad”. 

Pese al fallo a su favor, aseguró que “la justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos”. 

La directora de Control Ciudadano subrayó que su solidaridad permanece con el resto de los ciudadanos y presos políticos que todavía enfrentan procesos penales o situaciones de vulnerabilidad, y exigió que las condenas emitidas contra otros acusados en este mismo expediente sean anuladas.

Un caso marcado por la arbitrariedad

Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, en un procedimiento calificado por organizaciones nacionales e internacionales como una desaparición forzada y una detención arbitraria carente de garantías procesales. 

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Fue excarcelada a comienzos de 2026, tras el operativo militar estadounidense que concretó la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y viajó a España.

Estuvo recluída en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, bajo la ausencia de atención médica por una lesión en el hombro que padeció en prisión.

Pese a la absolución, los defensores de derechos humanos insisten en que la lucha por la justicia en Venezuela sigue abierta para cientos de casos de persecución política y recuerdan que la verdadera restitución institucional requiere garantías plenas para el libre ejercicio de la ciudadanía y la labor humanitaria.

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