La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia además ordenó prohibición de enajenación de bienes y congelamiento de cuentas bancarias para los ciudadanos designados por el parlamento venezolano. De igual forma, y dado que se encuentran fuera del territorio, se pidió a la Sala de Casación Penal iniciar los procedimientos para traerlos a Venezuela.

Caracas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela (TSJ), ordenó este jueves la prohibición de salida del país para los ciudadanos juramentados por la Asamblea Nacional (AN) como parte de las nuevas juntas directivas de Pdvsa y Citgo.

En un pronunciamiento televisado, los magistrados que integran la sala también informaron la orden de enajenamiento de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias para Simón Antúnez, Gustavo Velázquez, Carlos Balza, Ricardo Prada, David Smolansky, Luisa Palacios, Edgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolero, Andrés Padilla, Ángel Olmeta, Luis Urdaneta, Javier Troconis y Rick Esser.

Dado que los señalados se encuentran fuera del país, el máximo juzgado ordenó a la Sala de Casación Penal iniciar los procedimientos para trasladarlos al territorio venezolano.

El pronunciamiento del TSJ ocurre horas después de que el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, anunciara el inicio de una «investigación correspondiente» contra los ciudadanos anteriormente mencionados y los representantes diplomáticos nombrados por la AN desde el pasado 30 de enero.

«Anunciamos la apertura de una serie de investigaciones correspondientes por un hecho que es parte de una escalada que comenzó con la usurpación írrita de la Presidencia de la República por parte de alguien que nombró ciudadanos ilegalmente como directivos de Citgo, así como de ciudadanos nombrados como embajadores de forma ilegal e inconstitucional», dijo Saab en transmisión del canal del Estado.

Tanto Saab como los magistrados de la Sala Constitucional argumentaron que dado que el Parlamento se encuentra «en desacato», este no tiene las facultades necesarias para nombrar las juntas directivas de PDV Holding y Citgo Holding.

Ensañamiento institucional sin orden de captura

La persecución por parte de autoridades y poderes del Estado controlados por el chavismo ha sido una constante inclusive antes del 23 de enero, cuando Juan Guaidó asumió la presidencia encargada de la República en un cabildo abierto en Caracas.

El primer organismo del Estado que arremetió contra el también presidente de la Asamblea Nacional fue el Tribunal Supremo de Justicia, el cual, el pasado 21 de enero, declaró nula la actual directiva del Parlamento, así como las directivas de los años 2017 y 2018, esto haciendo referencia al «desacato» del Poder Legislativo al incorporar a los diputados del estado Amazonas; parlamentarios que, según los magistrados oficialistas, no podían juramentarse por irregularidades en su elección, irregularidades que el Poder Judicial no ha terminado de investigar desde el 30 de diciembre de 2015 cuando emitieron por primera vez la sentencia.

Dos días después, el 23 de enero, el TSJ se volvió a pronunciar —esta vez a través de la Sala Constitucional— la cual pidió a la Fiscalía al mando de Tarek William Saab determinar las responsabilidades de la AN luego de que el 22 de enero el Poder Legislativo aprobara un acuerdo de ratificación a la adhesión de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y un acuerdo designando a Gustavo Tarre Briceño como representante del país ante dicha organización. La respuesta del fiscal designado por la ANC llegaría solo 6 días después.

El 29 de enero, Tarek William Saab acudió personalmente al máximo juzgado para solicitar medidas contra Guaidó, las cuales incluían prohibición de salida del país, prohibición de venta o enajenación de bienes y congelación de cuentas bancarias. Solo horas después de haber recibido la solicitud, el mismo TSJ —que desde 2015 no ha resuelto la situación legal de los diputados de Amazonas— procesó la solicitud hecha por Saab y dio la orden contra el presidente de la AN.

El pasado 30 de enero, siguiendo la línea de la designación de Gustavo Tarre Briceño como representante venezolano en la OEA, la Asamblea Nacional designó a 10 nuevos representantes diplomáticos en el extranjero y para el 8 de febrero ya el TSJ solicitó formalmente al Ministerio Público que estos fuesen investigados por «traición a la patria».

El acto más reciente en contra de la Asamblea Nacional y contra Guaidó llegó de otra autoridad designada por la ANC para el Poder Ciudadano: Elvis Amoroso, a quien la institución con legitimidad cuestionada otorgó sin concurso el cargo de contralor general de la República. Amoroso el pasado 11 de febrero anunció el inicio de una auditoría patrimonial contra Guaidó, justificada, según él, por el ocultamiento de información durante la declaración jurada de patrimonio de Guaidó, así como la recepción de dinero proveniente de organismos internacionales.

Aunque la Contraloría, el TSJ y el fiscal designado por la ANC se han mantenido en una línea constante de accionar contra la AN y su presidente, y repetidamente lo acusan de romper la ley, aún no han procedido con una orden de captura para el ingeniero que asumió la presidencia encargada de la República el pasado 23 de enero basándose en el artículo 233 de la Constitución.


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