Una madre y un adolescente de 14 años mueren en Caracas por represión del 1° mayo

Entre el 30 de abril y 2 de mayo, cuatro personas fueron víctimas del uso abusivo de la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado en contexto de manifestación. Dos de ellos eran menores de edad. 

Caracas. “Dime que es mentira”, le dijo Luis González a su esposa, luego de leer en redes sociales que su vecino, el joven de 14 años, Jhoufre Hernández, había muerto tras un impacto de proyectil en la protesta del 1°de mayo, fecha en la que centenares de venezolanos respondieron al llamado de quien fue proclamado como presidente encargado según el artículo 233 de la Constitución, Juan Guaidó.

La respuesta que recibió González no fue la que esperaba o, al menos, no la que quería escuchar. A pocas horas de que le confirmaran la muerte del adolescente estaba a las afueras de la morgue de Bello Monte esperando a los familiares de la víctima. “Otra luz que se nos va. Otro futuro que asesinan en Venezuela. Otra familia que destruye este régimen”, dijo. Él, al igual que Hernández, vive en la Calle 3 de La Urbina. “Yo siempre iba con ellos a manifestar. Pude haber sido yo o mi esposa”, comentó.

Hernández era estudiante de segundo año de bachillerato en la escuela José Cortés Madariaga, en La California. La mañana del 1° de mayo fue a manifestar junto a su padre, José Hernández y su tía, Jeanette Carolina Hernández. “Desde el distribuidor escuché una ráfaga de tiros y a los cinco minutos unos paramédicos en moto me pasaron por al lado con un herido”, narra José. El lesionado era su hijo. No sabe quién disparó ni tampoco desde dónde, presume que fue desde La Carlota. Inmediatamente, a la 1:00 p. m., el joven fue trasladado hacia la Clínica El Ávila.

El impacto, que no se ha definido si fue una bala o perdigón, atravesó la zona de la ingle y salió por los glúteos. Al joven lo operaron esa misma noche, pero su cuerpo no resistió. A las 10:00 a. m. de este 2 de mayo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) informó que Jhoufre Hernández había fallecido. El padre de la víctima fue esta mañana junto a este cuerpo de seguridad al lugar del suceso para realizar la reconstrucción de los hechos.

“No sé si esta muerte y tantas otras sean en vano o no. Solo que pareciera que a nadie le importara. Sabemos que ninguna autoridad se hará responsable. ¿Cuántos más deben morir por culpa del Gobierno?”, se pregunta Hernández.

Jhoufre era hijo único. “Ese niño lo era todo para su padre”, cuenta el vecino. José Hernández es camionero y taxista. “Ha trabajado toda su vida para sacar a su familia adelante. Son gente sincera que solo quieren, al igual que la mayoría, elecciones libres”, acotó González.

57 personas han muerto en contexto de protestas desde el 22 de enero hasta el 2 de mayo de 2019, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Provea. Entre el 30 de abril y 2 de mayo, cuatro personas fueron víctimas del uso abusivo de la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado. Dos de las muertes, una de ellas que también fue un menor de edad de 16 años, ocurrieron en el estado Aragua, en las ciudades de Maracay y La Victoria, y las otras en Caracas, ambas en Altamira, municipio Chacao.

La segunda joven que murió en Caracas fue Jurubith Rausseo, de 27 años y madre de dos hijos. Era trabajadora en una sucursal de la cadena de supermercado Excelsior Gama, ubicada en el centro comercial Vizcaya. Su esposo, quien prefirió resguardar su identidad, aseveró que no estaban manifestando. Hablaba con miedo. La pareja y sus niños vivían en La California.

A la mujer le dispararon en el cráneo en la avenida Luis Roche, cerca de la Torre Británica en Altamira. De acuerdo con declaraciones de funcionarios del Cicpc que realizaban el levantamiento de los hechos el jueves en la mañana, la joven habría sido asesinada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Así le declararon testigos y familiares a este cuerpo de seguridad. Igualmente los oficiales informaron que el 1° de mayo en la tarde hubo presencia de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que amenazaron a los manifestantes.

Según Provea y el OVCS, 56 de las muertes fueron por impacto de bala y una por un infarto que sufrió la víctima mientras le saqueaban su negocio. El 68,42 % de las muertes los atribuyen a agentes de la fuerza pública, y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) es el componente represivo que concentra la mayoría de las muertes con 24 casos, seguida por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) con 5 casos; el Ejército con 4 casos; la Policía Nacional Bolivariana (PNB); Policía Municipal de Peñalver (Anzoátegui) y la Infantería de Marina con un caso cada uno; 2 asesinatos producidos en actuaciones conjuntas de las FAES, la GNB y paramilitares, y otro atribuido a la actuación conjunta de la GNB, FAES y PNB.

Nueve personas fueron presuntamente asesinadas por civiles, mientras que otras ocho fueron presuntamente asesinadas por paramilitares. En un caso no se ha identificado a los responsables.