En la FAO, la representación gubernamental pasó de largo la rendición de cuentas de programas como el CLAP o Mercal. Mientras el discurso oficial culpa a las sanciones financieras, desde las calles de Caracas la ciudadanía denuncia el uso del plato de comida como chantaje político.
Caracas. Con la promesa recurrente de erradicar el hambre en el país, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, presentó el plan Venezuela Alimenta en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La iniciativa busca —según la narrativa oficial— articular a todos los sectores productivos nacionales para alcanzar la meta global de “hambre cero”.
“Quiero desde esta tribuna anunciar el Plan Venezuela Alimenta para engranar todos los procesos productivos de alimentos en la consecución de este supremo objetivo de hambre cero”, declaró Rodríguez ante el foro multilateral.
Sin embargo, durante su intervención, la presidenta (E) omitió rendir cuentas o mencionar el impacto real de los múltiples programas estatales creados en las últimas dos décadas para el mismo fin.
En la lista de antecedentes sin balance transparente destacan:
- Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)
- El Mercado de Alimentos C.A. (Mercal)
- La red pública ideada por Hugo Chávez, en 2003
- La Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), creada en 2008.
Rodríguez tampoco mencionó el alcance de iniciativas de menor escala, pero de constante propaganda gubernamental, como la Caravana de la Sardina o las Ferias Socialistas del Pescado, vinculadas a la operación Venezuela Come + Pescado y a la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas de Venezuela (Corpesca), cuyas dinámicas distributivas no lograron resolver de fondo la inseguridad alimentaria que atraviesan los hogares venezolanos.
Programas sociales
Durante su intervención la presidenta encargada defendió la política social del Gobierno, al asegurar que Venezuela posee “antecedentes sólidos” en la lucha contra la malnutrición.
Además hizo referencia a los reconocimientos que en el pasado otorgó la FAO al modelo de protección estatal.
“Estamos a muy poco de lograr nuevamente estos objetivos con programas de alimentación social más robustos y con un gran esfuerzo nacional”,
aseveró la funcionaria ante el foro multilateral.
Sin embargo, el optimismo del Ejecutivo choca de frente con la realidad socioeconómica retratada por las cifras independientes.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2025, elaborada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB), dibuja un escenario crítico sobre la mesa de las familias venezolanas:
- 89 % de los hogares padece inseguridad alimentaria en alguna de sus escalas (leve, moderada o severa).
- Uno de cada tres hogares está atrapado en niveles de inseguridad alimentaria moderada a severa, lo que implica no solo el deterioro drástico de la dieta, sino la interrupción sistemática de comidas o la privación directa de alimentos.
- Cerca de 50 % de los hogares cae bajo la línea de pobreza extrema por ingresos, al no contar con los recursos mínimos necesarios para adquirir la canasta básica alimentaria.
El estudio del IIES-UCAB precisa además que el presupuesto familiar se destina casi en su totalidad a la compra de carbohidratos básicos (harinas y tubérculos) y reducen drásticamente el consumo de proteínas de alto valor biológico como carnes, huevos o lácteos.
La presión política
Rodríguez aseguró que “los alimentos jamás deberían convertirse en instrumento de presión política. Donde existen diferencias entre Estados, el diálogo y la diplomacia deben prevalecer”.
Esta declaración causó indignación entre algunos caraqueños consultados por Crónica Uno.
“Es demasiado cinismo que Delcy diga en la FAO que los alimentos no deben convertirse en instrumento de presión política, cuando aquí dentro de las comunidades, al haber alguna protesta, los mismos dirigentes del PSUV de la zona o los consejos comunales mandaban a parar la distribución de la caja CLAP”, reclamó Elio, vecino de la parroquia El Valle.
Recordó que durante la temporada de Fin de Año el Gobierno destinaba la entrega de “perniles” como una dádiva política dirigida únicamente a las comunidades afines al PSUV.
“Lo del pernil en diciembre era verdaderamente lamentable, porque a la gente le informaban que llegaría y nunca aparecía. Solo en una oportunidad pude comprar un pernil completo. Las otras veces lo que vendieron fueron unas chuletas de cochino que eran más grasa que carne. Eso es jugar abiertamente con el hambre de la gente”.
La narrativa de las sanciones
En su discurso Rodríguez afirmó que las sanciones financieras contra Venezuela afectaron el sector agroalimentario 16 %.
“Afectaron el acceso a financiamiento, a insumos, tecnologías, repuestos y equipos necesarios para mantener funcionando nuestras cadenas productivas”.
Aunque gremios como la Federación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) reconocieron que las medidas internacionales impactaron la importación de insumos para el campo, remarcaron que la propia política interna del Gobierno —como el elevado encaje legal— fue la que asfixió el crédito bancario para la producción nacional.
Otro factor crítico que denuncia el sector agrícola es la grave distorsión comercial que enfrenta el campo debido a la entrada masiva de productos importados subsidiados que gozan de exoneración arancelaria por parte del Estado.
“No podemos seguir dependiendo de la despensa del vecino. Eso representa el mayor fracaso. En Venezuela tenemos la tierra, una clase agrícola comprometida y gente apostando al campo, pero las importaciones desmedidas nos colocan en una desventaja dramática”, afirmó Osman Quero, presidente del gremio.
Servicios públicos y trabas en el campo
Respecto al colapso de los servicios públicos, Quero detalló que los cortes eléctricos no programados de entre seis y nuev horas diarias perjudican severamente la operatividad de los pozos de riego y las plantas acondicionadoras de grano.
Interrumpir intempestivamente el flujo de procesamiento en los silos durante la zafra genera pérdidas mecánicas, retrasos en la recepción de materia prima y costos operativos extraordinarios por el uso continuado de plantas eléctricas a diésel.
A este panorama se suma el costo del combustible, con precios que oscilan entre $0,80 y $0,92 por litro según la región, lo que exige inversiones de hasta $15.000 solo en diésel para sembrar 100 hectáreas. Un flujo de caja inalcanzable para la mayoría de los productores.
El presidente de Fedeagro ratificó la urgencia de garantizar la seguridad jurídica en fincas y unidades de producción, al denunciar que continúan registrándose invasiones en tierras agrarias ante la falta de aplicación inmediata de la acción penal por parte de las autoridades.
