El coordinador de Cecodap, Carlos Trapani, resaltó que denunciar detiene el delito y evita que haya nuevas víctimas. No obstante, es imperativo que sean procesadas por una autoridad especializada, sensible, empática y que no culpabilice.
Caracas. Carlos Trapani, abogado y coordinador general de la organización no gubernamental Cecodap, explicó que la denuncia acerca a los niños, niñas y adolescentes a su derecho a la justicia, por lo tanto, son necesarios los mecanismos idóneos que faciliten el proceso.
“Es importante generar mecanismos de denuncias accesibles, universales, singulares y que le permita a una familia acudir ante alguna autoridad, para poder apoyar y acompañar”.
Sin embargo, Trapani expuso que uno de los motivos por los que existe resistencia a la denuncia en Venezuela se debe a la demora en los procedimientos. A esto se suma la dificultad en el acceso físico a las instituciones públicas, expedientes o ver “cara a cara a un fiscal”.
Asimismo, manifestó que existe desconfianza en el sistema de protección, pero sobre todo en la efectividad del proceso. No obstante, subrayó que denunciar detiene el delito y evita que haya nuevas víctimas. No obstante, es imperativo que sean recibidas por una autoridad especializada, sensible, empática y que no culpabilice.
El informe Somos Noticias 2023 de Cecodap en su capítulo vulneración de derechos, documentó que aumentaron las solicitudes por acoso escolar, abuso sexual y maltrato físico, durante abril 2022 y marzo 2023. Esto convierte al derecho a la integridad física y psicológica como el más vulnerado en ese período.
En contraste con el informe de 2022, las solicitudes por acoso escolar incrementaron 225%; los casos de abuso sexual 46,66% y el maltrato infantil se elevó 21,42%. Los principales supuestos agresores fueron el padre (20,33 %), la madre (14,83 %) y compañeros de clases (12,28 %).
Entre los otros derechos vulnerados en 2023, se evidenció mayor incidencia en el derecho a la familia e instituciones familiares (33,51 %) y a la educación (14,89 %).
Twitter y redes sociales para denunciar
A juicio de Trapani, la red social Twitter no puede ser un mecanismo para oficializar denuncias de casos de abuso sexual o acoso en niños porque se corren varios riesgos. En primer lugar, al exponer estos casos las víctimas se somenten al juicio público y a la revictimización.
“Tenemos que fortalecer otros mecanismos constitucionales que de resultar un niño involucrado, pueda ser una denuncia segura, confidencial, expedita y poder cumplir una ley que se llama ley de víctimas, testigos y demás sujetos procesales, que establecen medidas de protección”, dijo el experto.
Igualmente, hizo mención de que Twitter y las tendencias en redes sociales no tienen enfoque de derecho. Este aspecto es indispensable para la protección de la niñez y adolescentes.
Por otra parte, resaltó que usar este medio como mecanismo para acceder a la justicia puede resultar en desigualdad para otras familias que viven en el interior del país, donde el funcionamiento de los servicios públicos como la luz y el internet pueden ser precarios. Además, de que la notoriedad de los casos sea solo porque aparecieron en el “timeline del fiscal o el retuit de una organización”.
Adicionalmente, Trapani mencionó el reciente caso del Dalai Lama, el líder religioso del budismo tibetano que le pidió a un niño que le besara la boca. El vídeo en el que se registró ese momento se viralizó en internet. Distintos usuarios en redes sociales compartieron un vídeo donde se aprecia el rostro del niño.
Políticas públicas
Trapani hizo énfasis en la necesidad que tiene el Estado de diseñar e implementar políticas públicas que garanticen la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños.
“Nuestras intervenciones del Estado son reactivas, coyunturales, por tendencia de Twitter o por lo que diga un funcionario público, y así no se garantizan los derechos de los niños”.
Explicó que una política pública es una acción sostenida en el tiempo, que contempla un marco jurídico. Además, abarca metas, acciones, indicadores de medición, responsables y recursos. Y, al no reunir esas características, queda limitada a “una iniciativa, deseo o buena intención”, porque el propósito de una política pública es abordar las causas estructurales que generan la vulneración de derechos, según el abogado.
Trapani indicó que es necesario destacar que durante abril 2022 y marzo 2023, de las solicitudes que recibió Cecodap, no hubo un caso que no fuera atendido por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Atendieron 78,94 % de los casos, el resto de la familias decidió no formalizar la denuncia.
No obstante, recalcó que por el simple hecho de que se reciban las denuncias, eso no significa la restitución efectiva de derechos vulnerados. Tampoco se garantiza el adecuado seguimiento de los casos.
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