Vinculan a la Fuerza Armada Bolivariana con hechos ilícitos en el Arco Minero del Orinoco

FANB Arco Minero

El informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, sobre el Arco Minero del Orinoco, ofrece detalles sobre las empresas creadas a partir de esta área geográfica, y el papel de la FANB  e integrantes del alto gobierno en  actividades ilícitas con el oro venezolano.

Caracas. “La FANB no solo tiene un papel especial en el marco de seguridad del Arco Minero, sino que sus diversas ramas tienen también intereses económicos variados y amplios en la región. Estos van desde entidades de propiedad militar creadas para explotar los recursos naturales, hasta ingresos aparentemente ilícitos generados por oficiales individuales”, señala el más reciente informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, sobre el Arco Minero del Orinoco.

En el informe se detalla cómo militares de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) han tenido un enriquecimiento aparentemente ilícito, a través de empresas supuestamente privadas que operan en el Arco Minero del Orinoco.

En ese sentido, detalla que para 2016 existían ya 17 empresas y compañías mixtas, de inversiones de propiedad militar. Una de ellas es la Camimpeg, creada el 10 de febrero de 2016, dos semanas antes de la creación del Arco Minero del Orinoco.

Dicha empresa es propiedad del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, y es la principal empresa de propiedad militar en la industria minera, destacó la Misión.

En 2017 y 2018, Camimpeg firmó acuerdos con empresas e inversionistas privados para operar en la zona minera, principalmente, en el municipio Sifontes. Y entre septiembre de 2017 y enero de 2020 firmó alianzas estratégicas con otras seis empresas vinculadas a la minería.

“A finales de 2020, Camimpeg registró una ganancia neta de 175.979.443,69 bolívares venezolanos (aproximadamente 30,9 millones de dólares al cambio del momento”, destacó la Misión. Agregó que no está claro cuáles han sido sus operaciones desde 2021.

Emiltra y Cavim

A Camimpeg se suma la Empresa Militar de Transporte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Emiltra), de transporte y custodia del oro, y la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), que fabrica armas de fuego y explosivos para la Fuerza Armada.

La Misión señaló en el informe que así aumentaron los intereses económicos de los militares, con una creciente militarización en las estructuras económicas del país. Así en 2020 se establecieron las Zonas Económicas Militares Especiales, que les permite realizar actividades económicas bajo una “unión cívico-militar”. 

Así se creó la Zona Económica Militar Especial de Desarrollo Forestal (Zeemef), que abarca un área entre el norte del estado de Bolívar y el estado de Delta Amacuro. También se creó la Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales S.A. (Emasproforn), principal actor corporativo dentro de esta zona económica.

El enriquecimiento militar incluye tanto activos como retirados. “No es raro ni ilegal en la República Bolivariana de Venezuela que los oficiales militares activos o retirados tengan afiliaciones corporativas y participen activamente en empresas. Por ejemplo, la CVM (Corporación Venezolana de Minería) habría otorgado concesiones mineras en El Callao a entidades controladas o de propiedad efectiva de oficiales de la Fanb y miembros de las fuerzas del orden, aunque los representantes nombrados de los titulares de las concesiones suelen ser testaferros”, precisa el informe.

Fuentes ilícitas

La Misión de Determinación de Hechos también documentó casos de connivencia entre las fuerzas de seguridad del Estado venezolano con los llamados “sindicatos” o el pranato minero que opera en el estado Bolívar.

“Dicha colaboración ha ido desde la aceptación tácita de la presencia de grupos armados, la colusión activa entre actores estatales y no estatales de bajo rango, hasta supuestas alianzas estratégicas de alto nivel para ‘limpiar’ las minas de ciertos sindicatos”. 

Los funcionarios de bajo rango aplican la extorsión y otras formas de abuso de poder para obtener beneficios económicos. 

“Sin embargo, las fuentes de ingresos extraoficiales son difíciles de rastrear, y no está claro hasta qué punto estas actividades son llevadas a cabo por individuos deshonestos, o si son respaldadas, toleradas o controladas a través de las estructuras y las líneas de mando de la FANB”, aclara la Misión.

Algunas de las presuntas actividades ilícitas que involucra a la Fuerza Armada son: la prestación de servicios de seguridad a la actividad minera ilegal, el control de la distribución de combustible y del transporte aéreo en las zonas mineras,  el contrabando transfronterizo de mercurio, y el cobro de sobornos o impuestos extorsivos para la explotación de las minas ilegales.

Asimismo, se les involucra a los militares con el contrabando de oro a Colombia y Brasil. En el informe se menciona que autoridades colombianas y estadounidenses investigaron un esquema sobre el contrabando de oro hacia Bogotá, y de allí a Estados Unidos y otros países.

“Según un informe de la Policía Nacional de Colombia de enero de 2021, empresas colombianas que operan en el sector minero están siendo utilizadas por intermediarios financieros cercanos al régimen del presidente Maduro para contrabandear oro venezolano a través del río Orinoco, presuntamente con el apoyo de funcionarios de la Fanb y facciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, destacó la Misión.

Funcionarios públicos y sus intereses

Los militares no son los únicos señalados de un enriquecimiento ilícito en torno al Arco Minero del Orinoco, también personas cercanas al poder. 

“Varios políticos de alto nivel o miembros de la familia inmediata del presidente Maduro han sido sancionados por Estados Unidos por su presunta implicación en el tráfico ilícito de drogas en la República Bolivariana de Venezuela. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el hijo del presidente, Nicolás Maduro Guerra, que fue sancionado en julio de 2020. La Misión también ha recibido información de varias fuentes, incluyendo un exfuncionario de la Dgcim, de que la primera dama Cilia Flores tiene un interés tanto en actividades mineras lícitas como ilícitas, pero no pudo verificar independientemente tales afirmaciones”, reseña el informe.

También mencionan a Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleo y exministro de Industria, sancionado por su presunta implicación en el tráfico internacional de estupefacientes. Igualmente, se le señala de trabajar con el empresario colombiano Alex Nain Saab Morán en la venta de oro a Turquía  e Irán.

En junio de 2018, cuando asumió el Ministerio de Industrias, El Aissami también tomó el control administrativo de Minerven, Carbones del Zulia S.A. (Carbozulia) y Maderas del Orinoco. Su firma figura además en la creación de las empresas mixtas Mibiturven (Minería Binacional Turquía Venezuela), Carboturven (Carbones de Turquía y Venezuela S.A) y Mavetur (Maderas de Venezuela y Turquía), con entidades controladas por Alex Saab.

Cabello y Rangel Gómez

Diosdado Cabello no escapa de estos señalamientos de presunta corrupción en el Arco Minero del Orinoco, así como el exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez. Ambos habrían participado en la extracción ilegal de minerales y en el lavado de dinero a través de tres empresas públicas: Venezolana de Aluminio C.A. (Venalum), Aluminios Nacionales S.A. (Alunasa) y Ferrominera del Orinoco C.A. (FMO), todas filiales de la Corporación Venezolana de Guayana, según indica el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La Misión recordó que “Diosdado Cabello también ha sido acusado en procedimientos judiciales en  Estados Unidos de América de haber participado en exportaciones ilegales de minerales, así como en el blanqueo de dinero y el tráfico de drogas”.

En el caso de Rangel Gómez, quien fue gobernador en tres períodos consecutivos (2004-2017), previamente presidió la CVG (2000-2004), y fue un aliado del gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez.

En 2018, Estados Unidos lo sancionó por “colaborar con Diosdado Cabello en el blanqueo de dinero a través de tres empresas públicas estructuradas bajo la CVG, como se ha mencionado anteriormente. Francisco Rangel Gómez también fue sancionado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá en marzo de 2018”. 

Igualmente, se le vincula a Rangel Gómez y Julio Cesar Fuentes Manzulli, quien fue secretario de Seguridad Pública y jefe de la Policía del Estado Bolívar (PEB), de colaborar con y suministrar armas a grupos armados ilegales involucrados en el comercio ilícito de oro.

Incluso existe un informe de un exfuncionario del Servicio de Inteligencia Nacional (Sebin), entregado a la Asamblea Nacional electa en 2015, que detalla los vínculos de ambos con las mafias mineras en el estado Bolívar. El caso lo denunció el exdiputado Américo De Grazia.

Red de intermediarios

Toda esta red opera con intermediarios financieros y complejas redes empresariales fuera de Venezuela, las cuales facilitan la comercialización ilícita del oro.

La Misión destaca como ejemplo la implicación de Alex Saab, quien actualmente se enfrenta a un juicio en Estados Unidos por blanqueo de dinero, en la creación de Mibiturven (oro), Carboturven (carbón) y Mavetur (madera).

Otro fiduciario que registra el informe es Eduardo Rivas. Su nombre salió a relucir a partir de la operación Manos de Metal, cuando lo nombraron director del Complejo Industrial Domingo Sifontes.

A pesar de la existencia de estas empresas de explotación minera, la información recolectada apunta a que la mayor extracción del oro en Venezuela se da a través de pequeñas y medianas minas ilegales.

“Debido a la falta de datos oficiales y a la opacidad de los organismos reguladores del Gobierno, a la Misión le resultó imposible determinar qué proporción del oro producido en el país se extrae legalmente o procede de explotaciones ilegales”. 

Según las estimaciones más conservadoras, el oro extraído de las minas ilegales puede suponer un mínimo del 70% del oro producido en la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, la Misión no tiene medios para determinar la exactitud de esas estimaciones, concluyó.

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