Caso de militares en Cúcuta evidenció opacidad en nombramientos de Guaidó y la Asamblea

Nombramientos de Guaidó, autorizados por la AN, han contado con apoyo de los partidos de oposición pero no han sido objeto de debate público previo. Los encargados de la atención a los militares en Cúcuta fueron designados sin considerar la opinión de la plenaria. El politólogo Xavier Rodríguez Franco y la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa advierten un estancamiento en materia de transparencia.

Caracas. ¿Quiénes son Rossana Barrera y Kevin Rojas? ¿Qué formación o experiencia en gestión de recursos tienen? ¿Estaban capacitados para ocuparse de manejar los fondos para la atención de un grupo de militares venezolanos en Cúcuta? ¿Por qué se les designó a ellos y no a otras personas para esa tarea? ¿Se hizo el nombramiento por ser dirigentes de determinado partido político?

En una rueda de prensa ofrecida el lunes de esta semana, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado (Art. 233), Juan Guaidó, apenas dio algunos datos de estas dos personas: dijo que son perseguidos políticos, que residen en el estado Táchira, que conocen muy bien la crisis migratoria y fronteriza, y que su manutención la pagan con dinero producto de su trabajo de toda la vida.

Pero no quedó claro por qué se les consideró para una tarea tan delicada que ni la propia Asamblea Nacional, ni Guaidó, ni ningún diputado asumió, como lo es la administración de fondos privados (producto de donaciones de particulares) para atender a los militares venezolanos que cruzaron la frontera.

Preguntas similares podrían hacerse sobre muchos de los 38 representantes diplomáticos designados por Juan Guaidó, con autorización de la Asamblea Nacional. O sobre el Procurador General Especial. O sobre el director del Centro de Comunicación Nacional. O sobre los integrantes de las juntas directivas ad-hoc de Pdvsa, Citgo, Pequiven y Monómeros Colombo-Venezolanos.

Algunos de estos nombramientos de Guaidó recayeron sobre figuras públicas, conocidas por sus trayectorias en las áreas para las que fueron designados, como el procurador José Ignacio Hernández o el director del Centro de Comunicación Nacional, Alberto Ravell, o el embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti; pero muchos otros son personas completamente desconocidas para la opinión pública.

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Pese a ello, las comisiones de la AN responsables de la evaluación de la solicitud de Guaidó para autorizar los nombramientos no se reunieron públicamente ni debatieron públicamente estas solicitudes, tal como ha sido la práctica histórica de la Asamblea Nacional. Las reuniones y acuerdos se produjeron a puerta cerrada con anuencia de los partidos de la alternativa democrática.

En las sesiones en las que se dieron las autorizaciones respectivas, se leyó la resolución de Guaidó pidiendo la autorización, o un informe de la comisión correspondiente, donde decía que en reunión realizada en fecha previa se acordó aprobar la petición y que en consecuencia recomendaba a la cámara darle luz verde.

Decisiones poco transparentes
Foto Maru Morales P.

El politólogo Xavier Rodríguez Franco, director de la ONG de monitoreo de parlamentos iberoamericanos @Parlamundi_VE, considera que desde enero de 2016, cuando la alternativa democrática asumió la mayoría de la Asamblea Nacional, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas presentaron un estancamiento.

“No podemos hablar de un retroceso porque nada puede ser peor que la gestión de Diosdado Cabello en términos de transparencia y parlamento abierto, pero en estos años lo que evidenciamos desde Parlamundi es un estancamiento. Cuando hablamos de parlamento abierto nos referimos no solo a la transparencia en los procesos administrativos, sino también a la calidad y niveles de interlocución pública”, dijo.

En otras palabras, en el derecho parlamentario del siglo XXI, no solo se promueve que los parlamentos rindan cuentas del dinero que administran, o informen sobre las leyes que aprueban, o tengan una página web donde se pueda conocer la agenda de debates y los acuerdos aprobados, sino que los entes legislativos utilicen esa transparencia para amplificar el debate público.

“Es preocupante el desconocimiento que muestra la Asamblea Nacional sobre lo que es el debate público, la deliberación y, en parte, esto es producto de 20 años de autoritarismo. Pero en la actualidad vemos que las decisiones son poco transparentes, opacas, que no se sabe cómo y por qué se tomaron, o cuáles son las tareas que va a cumplir cierta persona, o  por qué se designó a esa persona”, indicó.

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Señaló que tal manera de proceder genera cierto desasosiego entre los venezolanos, pero también entre los observadores extranjeros del proceso venezolano: “Afuera no hay una dictadura, entonces muchas personas no entienden las dinámicas de lo que ocurre en Venezuela. Además se alimenta la discrepancia y la desconfianza que puedan sentir personas que adversan al gobierno y que buscan probidad en la alternativa democrática”.

Sostiene que esto pone en evidencia que no hay una comprensión cabal del papel democratizador y de movilización que tiene la gestión transparente de estos procedimientos, en especial si tomamos en cuenta que el presidente del Parlamento es el presidente encargado.

“No se trata de hacer un desfile de currículos, sino de explicar cuál es la agenda o por qué se difiere el nombramiento del contralor y se da preeminencia a otros. Esto no es un cuestionamiento a la Asamblea o a Guaidó, sino un llamado para que entiendan que eso se debe explicar. Se trata de hacer las cosas diferente, de distinguirse. Pero me parece que no ven la transparencia como un capital político a desarrollar para generar más cohesión, sino como algo que sirve para unas cosas y para otras no”, dijo.

En opinión de Rodríguez Franco, en el caso de Barrera y Rivas, y dada la circunstancia excepcional que atraviesa Venezuela, su designación debió contar con el aval de la Asamblea Nacional: “Desde el punto de vista político, estamos en una dictadura con circunstancias muy difíciles para la gestión pública, pero el elemento clave es generar confianza. Desde el punto de vista normativo, evidentemente corresponde un control parlamentario y la aplicación de procedimientos mínimos que deben tener un origen deliberativo. Más aún si es Guaidó es además presidente del Poder Legislativo. Esto además contribuye a que el marco jurídico que están construyendo en torno al Estatuto para la Transición sea creíble”.

Estancamiento certificado
Capture del informe del Índice de Transparencia Legislativa 2018

El estancamiento del que habla Rodríguez Franco tiene sustento científico. Desde 2014, la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa elabora el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. En Venezuela, esta ONG trabaja de la mano con Transparencia Internacional, capítulo Venezuela.

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El indicador, que se publica cada dos años, mide a trece parlamentos de la región en cuatro dimensiones específicas de transparencia en el ejercicio de la función parlamentaria: normatividad, labor de la Asamblea, presupuesto y gestión administrativa, y participación ciudadana.

En las tres mediciones publicadas hasta la fecha, Venezuela ha ocupado el último lugar de los trece países latinoamericanos evaluados. Mientras otros países muestran mejoras en las cuatro dimensiones estudiadas cada año, Venezuela permanece estancada por debajo de 22 % de transparencia.

En 2014, la Asamblea Nacional registró una transparencia de 19 %; en 2016 en indicador subió apenas hasta 21 % y en 2018 se ubicó en 21,69 %.

El informe de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa calificó este comportamiento como poco alentador. Aunque se reconoce el impacto del acoso judicial, financiero y político contra el Parlamento y sus integrantes, la Red destaca que la AN “no tiene normas de acceso a la información pública ni que establezcan la obligación de publicar declaraciones juradas de patrimonio. No se ha reformado el Reglamento Interior que en algunos aspectos promueve la opacidad”.

Una reforma necesaria

A juicio de Rodríguez Franco, una de las pruebas principales del estancamiento de la AN en materia de transparencia es la falta de interés, voluntad o tiempo para impulsar una reforma del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, instrumento diseñado por Cilia Flores y Carlos Escarrá (+) en diciembre de 2010 y heredado por la actual AN sin modificaciones.

“El Ridan es uno de los reglamentos más antidemocráticos y opacos de todo el continente. Únicamente el Reglamento de la Asamblea Popular de Cuba es más restrictivo que el de Venezuela. Una revisión integral y democratizadora del Reglamento sería un paso importante”, afirmó.

Agregó que el Parlamento venezolano tiene ante sí una oportunidad invaluable para hacer un aporte verdadero y duradero a la reconstrucción de la democracia, que pasa no solo por cuestionar el modelo actual sembrado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro, sino por actuar diferente.


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