Estrategia de la ANC y el TSJ contra el Parlamento comienza a vaciar curules

41 diputados han sido perseguidos desde diciembre 2015; de ese grupo, 14 fueron judicializados en mayo de este año y uno más, el presidente del Poder Legislativo, en abril. A 26 de las víctimas se les ha violado su inmunidad parlamentaria. 14 se han ido al exilio. De 18 partidos opositores o disidentes con representación en la AN, siete han sido blanco de la estrategia. Las decisiones judiciales, que ya han dejado tres curules vacías y cinco bajo amenaza directa, lesionan el voto de más de un millón de electores.

Caracas. Tres curules vacías definitivamente y cinco bajo amenaza inminente de quedar sin representante, es el resultado inicial de la estrategia de persecución judicial y amenazas contra diputados de la oposición y disidentes del oficialismo, emprendida en 2015 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y reforzada desde 2017 por el Ministerio Público y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ilegítima –así calificada por la Unión Europea.

118.538 electores del circuito 5 del estado Táchira, que el 6 de diciembre de 2015 votaron para elegir a Sergio Vergara y a su suplente, Rosmit Mantilla; así como 233.974 ciudadanos que eligieron a Freddy Guevara y a su suplente, Juan Andrés Mejía, quedaron despojados de sus representantes parlamentarios, como consecuencia del acecho judicial emprendido en su contra. Y 33.069 electores de la lista de Amazonas que votaron por Julio Ygarza y su suplente, Rosa Petit, están también sin representación.

En el caso del C5 de Táchira, el diputado suplente Rosmit Mantilla se fue al exilio en 2017 luego de enfrentar una prisión inconstitucional de más de dos años por participar en las protestas de 2014. Su principal, Vergara, pasó a la clandestinidad la semana pasada, después de que la ANC y el TSJ pretendieran allanarle su inmunidad en un procedimiento contrario al artículo 200 constitucional.

Los electores del C2 de Miranda se quedaron sin representante también la semana pasada. Como se recordará, en noviembre de 2017, a Guevara la ANC pretendió despojarlo de su inmunidad para procesarlo por las protestas de ese año; en respuesta, él solicitó protección diplomática a Chile y se refugió en la casa de su embajador. Posterior al 8 de mayo de 2019, cuando el TSJ y la ANC actuaron en su contra, Mejía también pasó a la clandestinidad.

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El caso de la lista de Amazonas es más complicado aún. Luego de haber sido despojado de su credencial parlamentaria por una írrita sentencia del TSJ en diciembre de 2015, Ygarza se incorporó y desincorporó de la AN en al menos tres ocasiones como parte de los acuerdos políticos que oposición y oficialismo negociaban en las distintas mesas de diálogo que se han realizado. Desde 2018 no retornó al Parlamento. Ante esta situación su suplente, Rosa Petit, se incorporó a las sesiones, pero ante la nueva arremetida del Poder Judicial del último mes, decidió pasar a la clandestinidad, según fuentes de su partido consultadas por Crónica.Uno.

En riesgo

Además de las curules ya perdidas, otras cinco están en riesgo inminente de quedar vacías.

En el C1 de Amazonas, 32.676 personas eligieron a Nirma Guarulla con su suplente, Mauligmer Baloa. Guarulla se desincorporó y retornó a la plenaria varias veces entre 2016 y 2018 hasta que este año finalmente regresó y se mantiene en funciones. Su suplente, por el contrario, confirmó que decidió pasar a la clandestinidad por temor a una reactivación del caso contra su circuito en el TSJ.

Por otro lado, 32.396 venezolanos que eligieron a su representante indígena del sur, Romel Guzamana (VP), podrían quedar sin diputado pues, al igual que los de Amazonas, dependen de que la Sala Electoral decida o no desengavetar el juicio de nulidad de las elecciones en ese estado.

Unas 468.964 personas votaron por la lista de Aragua a favor de Dinorah Figuera (PJ) y Gilberto Sojo (VP). Figuera se fue del país el año pasado por recibir amenazas contra su integridad, tras denunciar el asesinato del concejal Fernando Albán en manos del Sebin. Sojo, que estuvo preso inconstitucionalmente desde 2014, recibió una medida de libertad condicional por razones de salud en 2016, la cual podría ser revocada en cualquier momento. Aunque la lista de Aragua tiene otro suplente (María Rengifo) esta no se ha incorporado nunca.

139.435 eligieron a Henry Ramos (AD) y Ramón López (PJ) como principal y suplente del C3 de Caracas. Una vez conocida la actuación judicial inconstitucional en su contra, el expresidente de la Asamblea Nacional dijo que no se asilaría ni se iría al exilio, pero desde el 8 de mayo no ha vuelto a aparecer públicamente ni a declarar. Tampoco asistió a la última plenaria realizada el 15 de mayo. Su suplente se fue del país por razones personales en 2018.

Y 63.127 personas que votaron por Gaby Arellano (VP) y Renzo Prieto (VP) en el C2 de Táchira también podrían quedar sin representante. Arellano se fue del país en 2018 por amenazas de detención en su contra luego de su participación en la audiencia de los magistrados en el exilio que enjuiciaron y condenaron por corrupción a Nicolás Maduro. Prieto, su suplente, estuvo inconstitucionalmente preso desde 2014 hasta junio de 2018 cuando recibió una medida de libertad condicional, la cual puede ser revertida en cualquier momento.

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En total, la voluntad de 1.112.179 electores está siendo vulnerada directamente con las acciones de la tríada conformada por Diosdado Cabello desde la ANC, Maikel Moreno desde el TSJ y Tarek William Saab desde el Ministerio Público.

¿Y si detienen a Guaidó?

Una característica de la ola de persecución contra los parlamentarios venezolanos es que no discrimina entre principales y suplentes. Es así como 28 diputados principales y 13 suplentes son objeto de acoso. Vale recordar que para extinguir el quorum de funcionamiento de la AN haría falta vaciar 29 curules de la alternativa democrática.

En esta coyuntura destaca el caso del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó (VP) a quien se pretendió despojar de su inmunidad el 2 de abril. Aunque su suplente, César Alonso, no está en la mira, si Guaidó fuera detenido, Alonso no podría suplir la presidencia del Parlamento y Guaidó ya no podría ejercer la presidencia encargada de la República.

En ese hipotético caso, la junta directiva quedaría únicamente en manos del segundo vicepresidente, Stalin González (UNT), ya que el primer vicepresidente, Edgar Zambrano (AD), está preso desde el 3 de mayo. La plenaria tendría que decidir cómo llenar esas vacantes.

10 partidos acosados

Los 18 partidos de oposición o disidentes que tienen representación en la Asamblea Nacional son: ABP, AD, Bloque Parlamentario Socialista, LCR, MPV, PJ, VP, Movimiento Democracia e Inclusión, UNT, Vente, Cambiemos, Prociudadanos, Copei, Convergencia, Cuentas Claras, Camina, Proyecto Venezuela y AP. Además, hay tres diputados independientes.

De este total, 7 tienen a sus diputados principales o suplentes, perseguidos: ABP con uno; AD, con 3; Bloque Parlamentario Socialista, con uno; LCR, con 2; MPV, con 5 (3 principales y 2 suplentes); PJ con 12 (9 principales y 3 suplentes); y VP con 16 (8 principales y 8 suplentes). También ha sido perseguido un diputado independiente.

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Los restantes 11 partidos no tienen a ningún diputado principal ni suplente perseguido, amenazado, en el exilio, detenido o acosado judicialmente hasta la fecha.

Por otro lado, los tres estados más afectados por medidas de acoso judicial desde 2015 al presente son Miranda con 7, Táchira con 6 y Aragua con otros 6. El caso más antiguo es el de Amazonas, cuyos diputados principales y suplentes están bajo asedio desde diciembre de 2015.

¿Dónde están y por qué?

De los 41 diputados perseguidos, 12 se mantienen en funciones en sus cargos, uno está desincorporado y 25 han tenido que abandonar: 5 están bajo protección diplomática en embajadas; 6 se mantienen en la clandestinidad; y 14 están en el exilio. Además, uno está desaparecido desde abril (Gilber Caro) y 2 están detenidos inconstitucionalmente (Juan Requesens y Edgar Zambrano).

A 26 de los 41 parlamentarios en cuestión, la llave formada por el TSJ y la ANC, con apoyo del Ministerio Público, les ha violado su inmunidad parlamentaria y ha pretendido someterlos a procesos judiciales que violan el artículo 200 constitucional. Tres han denunciado acoso de diferente índole (disparos, amenazas personales); 7 han recibido amenazas de persecución judicial; tres están en un limbo con medidas cautelares que pueden ser revertidas y a una le allanaron su residencia sin orden judicial.

(Haz clic en link para ver la infografía como un PDF en una ventana nueva: Diputados amenazados )

Levantamiento de la data: Héctor Antolínez y Maru Morales P.

Infografía: Milfri Pérez.


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