Desde el exterior, donde se encuentra con su familia por temor a represalias, María José Marcano negó que ella y la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, hubieran firmado ninguna acta posterior que avalara la preselección de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, tal y como aseveró el defensor del Pueblo en la noche de este jueves.

Caracas. La polémica en torno a las designaciones de los 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que realizó la anterior Asamblea Nacional (AN) pica y se extiende. Aunque el jueves en la noche el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, pretendió ponerle fin al asunto al mostrar un acta fechada el 21 de enero de 2016, que sí tiene las firmas de él, del contralor Manuel Galindo, de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz; y de la entonces secretaría del Consejo Moral Republicano, María José Marcano, y que, a su juicio, demostraría que la lista de aspirantes a integrar el máximo juzgado se aprobó por unanimidad, una de las firmantes lo niega.

Crónica.Uno logró contactar a Marcano, quien desde noviembre pasado se encuentra fuera del país junto con su familia debido a las amenazas y presiones que ha recibido precisamente por no avalar lo que considera fue un proceso irregular. Y a través de correo electrónico aclaró algunas dudas sobre lo ocurrido hace más de año y medio.

La fiscal general ha dicho que ella no avaló el proceso de selección de magistrados realizado en diciembre de 2015 porque estuvo viciado y que usted tampoco. Sin embargo, el defensor lo niega y dice que nadie salvó el voto e incluso ha mostrado una segunda acta, fechada el 21 de enero de 2016, donde sí aparece la firma de la fiscal y de usted. ¿Cuál es la verdad?

—El acto de designación de los magistrados de diciembre de 2015 fue en base a la decisión unilateral del defensor del Pueblo de remitir, en forma irregular, la lista de los 381 expedientes de los postulados. La fiscal general no avaló eso, ni yo, porque no se cumplieron los lapsos establecidos en la ley.

La Ley Orgánica del Poder Ciudadano, establece que el Consejo Moral debe realizar la revisión previa de los expedientes de aspirantes a magistrados, en un lapso de 10 días continuos, tiempo durante el cual una comisión revisa los expedientes para determinar si cumplen con los requisitos de Ley: estudios de cuarto nivel, años de graduación, ser docente en una de las universidades nacionales, no tener antecedentes ni estar inhabilitado ni cualquier otra sanción que ponga en duda su prestigio u honorabilidad.

Pero dichos expedientes llegaron al Consejo Moral el día 14 de diciembre, y ese mismo día, el defensor comenzó a presionarme para que fueran enviados de inmediato a la AN, ante lo cual le manifesté que se debía realizar la revisión de los expedientes. En apenas dos días logramos, bajo constantes presiones, realizar una revisión en la que 67 aspirantes fueron reprobados por no cumplir con los requisitos: unos por no contar con los estudios, otros por estar incursos en sanciones penales, irregularidades administrativas o actos de corrupción. Se le informó esto al defensor y, no obstante, insistió en convocar a los miembros del Poder Ciudadano a una sesión el 16 de diciembre —dos días después de haber recibido los expedientes— para la selección. Jamás se informó que sería para aprobar la lista, sin siquiera eliminar a los que no aprobaron.

¿La fiscal general acudió a la reunión del 16 como dice el defensor o no?

—No y el defensor miente cuando dice lo contrario. La fiscal general decidió no acudir a esa reunión y además esa reunión nunca se hizo. La fiscal previamente se comunicó conmigo y me preguntó cuál era el motivo real de la misma y le dije que el defensor tenía intenciones de enviar a la AN el listado de los postulados, sin atender a los resultados que se obtuvieron de la revisión.

Por tal razón, la fiscal Ortega Díaz declinó asistir a dicha reunión e incluso me manifestó que no firmaría ningún documento. Al día siguiente, el 17 de diciembre, con motivo de los actos por la muerte del Libertador, los tres integrantes del Consejo Moral coincidieron en el Panteón Nacional y allí la fiscal general trató de convencerlos de que se realizara el proceso de preselección según las normas establecidas, pero no lo logró. Ese mismo día ella se comunicó con mi persona y me insistió en que no firmara ningún documento, a la vez que me comunicó que no pudo lograr que el defensor entrara en razón. De hecho, el contralor tuvo dudas, pero tras una llamada de Diosdado Cabello optó por plegarse a la decisión del defensor, quien para entonces era el presidente del Consejo.

¿Los listados se enviaron pese a las objeciones de la fiscal?

—Sí, el mismo 17 de diciembre el Defensor llegó alterado al Consejo y como le manifesté que el proceso estaba viciado, me gritó que allí no había ley que valiera, porque se trataba de un acto político, de decisiones políticas y que ni se me ocurriera objetar eso porque pagaría las consecuencias.

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Pero el defensor mostró un acta fechada el 21 de enero y la cual tiene la firma de la fiscal Ortega Díaz. ¿Eso no le quita validez a la del 16 de diciembre que tanto ella como usted, en su condición de secretaria ejecutiva del Consejo, no firmaron? ¿Avalaron o no el proceso?

—Tras cada reunión del Consejo Moral se elabora un acta y se le envía con posterioridad a los asistentes a la reunión a los fines de que la lean y la aprueben. Esa acta específica no fue ni suscrita por la fiscal general ni suscrita por mi persona. No se trató de un error, fue un acto consciente de ambas como funcionarias del Estado que cuestionábamos un proceso realizado en forma ilícita. Pero se trata de un acta donde además hay una gran mentira: se habla de una reunión que jamás fue realizada.

Pero el defensor mostró otra acta que sí tiene las firmas de la fiscal general y suyas…

—El caso del libro de actas es otro. Y la verdad está siendo usado por el defensor para desviar la atención sobre el problema real: la ilegitimidad de la designación de los magistrados hecha por la AN el 23 de diciembre de 2015 y la cual fue avalada por él, cuando de manera unilateral remitió los 381 expedientes al entonces presidente de la AN, Diosdado Cabello (…) El señor Saab jamás se sentó a evaluar a nadie y menos escuchó cuando le advertí lo irregular del proceso (…) Lo que realmente busca ocultar el defensor fue su actuación mediocre en el manejo de ese proceso de preselección de los magistrados y esto es lo que realmente cuestiona la fiscal general.

¿Pero se firmó o no un acta el 21 de enero?

—El libro de actas que muestra el defensor es un acto administrativo realizado el 21 de enero de 2016, donde simplemente se leyeron las actas pendientes del año 2015. Es un acto de aprobación para la inclusión formal de las actas en el libro respectivo, es decir, es reconocer la existencia de dichas actas, lo que no conlleva la aceptación del contenido de las mismas. Y aunque esto fuera así, si con el acto del 21 de enero se estuviera aceptando el contenido de las actas, entonces estaríamos ante una acción extemporánea, pues ya la AN había realizado un mes antes la elección de los magistrados. El acta que da cuenta de la posición de la fiscal general respecto a la supuesta preselección es la del 16 de diciembre.

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