El Parlamento indicó que no acatará la sentencia que anula el juicio político contra Maduro y tampoco dejará de protestar contra el Gobierno en la calle.
Caracas. La hoja de ruta planteada en la mesa de diálogo del pasado sábado para “normalizar la relación constitucional entre los poderes del Estado” está sufriendo sus primeras fisuras. Este miércoles, el Parlamento aprobó un acuerdo en el que rechaza y anuncia que no cumplirá con la sentencia 948 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que el máximo juzgado anula el “juicio político” que la Asamblea inició contra el Jefe de Estado y le prohíbe a los diputados realizar acciones que puedan “alterar el orden público”.
“Esta sentencia es de ejecución imposible, porque esta Asamblea Nacional (AN) no va a acatarla”, indicó el Presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, durante el debate.
El presidente del Poder Legislativo reiteró las denuncias en contra del procurador general, Reinaldo Muñoz, —quien presentó la acusación que derivó en la sentencia del máximo juzgado— de no cumplir con los requisitos para ejercer el cargo y anunció que el Parlamento no va desistir en su intención de declarar la responsabilidad política del mandatario e incluso su supuesto abandono del cargo. “Si creen que porque nos sentamos a dialogar desistiremos están equivocados”, señaló.
El pasado martes, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cumplió con su parte del acuerdo del diálogo al desincorporar a sus tres diputados por el estado Amazonas. La alianza política sigue a la espera de que el Gobierno cumpla lo prometido: una sentencia del TSJ que ordene repetir las elecciones en el mencionado estado y la liberación de varios presos políticos. Diputados de la Unidad creen que el Ejecutivo está demorando el cumplimiento de estos compromisos con la intención de dividir a la alianza y provocar que los opositores se levanten de la instancia mediada por el Vaticano, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y tres expresidentes.
“El Gobierno no ha cumplido y tenemos razones para explicarle al Vaticano que estamos ante un Gobierno forajido”, expresó Ramos Allup.
El acuerdo en contra de la sentencia fue propuesto por la diputada Delsa Solórzano (MUD) quien además manifestó que en este se rechaza el “activismo político” de los magistrados del máximo juzgado. “El TSJ, que se encuentra en desacato, quiere limitar nuestro derecho a la protesta pacífica”, expresó la también presidenta de la comisión de Política Interior. La bancada del Gran Polo Patriótico (GPP) se retiró al inicio de la sesión alegando que no se había cumplido con el quórum requerido para iniciar la actividad legislativa.
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La AN también declaró la responsabilidad política del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, por el “desfalco” de más de 11 mil millones de dólares durante su gestión en la petrolera estatal (2004-2010). En el acuerdo también se exhorta al Jefe de Estado a destituir a Ramírez de su actual cargo como representante de Venezuela ante la ONU y se remite copia del informe de la investigación hecha por el Parlamento a los poderes nacionales y al organismo internacional.
“Esto es para que sepan al lado de quién se están sentando allá en la ONU”, apuntó Freddy Guevara, impulsor de la investigación y presidente de la Comisión de Contraloría.
Con 10 cajas de documentos a un lado de la tribuna de oradores, Guevara hizo una exposición detallada de la investigación señalando que “engavetados” en los archivos de la comisión encontró buena parte de los papeles que sustentan las pesquisas y el resto proviene de investigaciones propias, informantes, información de tribunales internacionales y periodistas que le han seguido la pista a los casos. “Es el desfalco mas grande en la historia de Venezuela”, acusó.
Entre las presuntas irregularidades, destacó la compra con sobreprecio de taladros chinos que nunca llegaron al país, el caso de sobornos a directivos de la petrolera por el cual están presos venezolanos en Estados Unidos, las cuentas millonarias en la banca de Andorra de personas relacionadas con funcionarios públicos, entre ellos Diego Salazar, primo de Ramírez; el caso de la gabarra Aban Peral y del Fondo Simón Bolívar.
“No solo se ponen la boina roja sino que usan el nombre del Libertador para robar y llenarse los bolsillos”, acotó.
También mencionó el caso “Pudreval”, en el que se denunció la adquisición de 130 toneladas de alimentos en estado descomposición por un monto de 1.900 millones de dólares. Indicó que con los 11 millardos de dólares perdidos se podrían haber hecho cosas como darle la canasta alimentaría durante seis meses a todos los venezolanos; realizar cinco millones de tratamientos oncológicos y hacer 15 millones de casas a través de la Misión Vivienda.
“Cuando vean a un venezolano comiendo de la basura es porque Rafael Ramírez no hizo nada para frenar la corrupción”, sostuvo el diputado y agregó que la investigación incluye otros 21 nombres entre los que destacó al expresidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa, a quien también le fue declarada responsabilidad política por parte del Parlamento.
Ramos Allup recomendó a Guevara que amplíen sus investigaciones a la colocación y recompra de deuda pública que se hizo “agresivamente para beneficiar a determinadas personas” y al caso de seguros y reaseguros de Pdvsa: “Ahí se va conseguir con las pólizas más altas del mundo y con los reaseguros más altos del mundo, pero manejados por una compañía que esta absolutamente prohibida en el área respectiva”.
Los parlamentarios también aprobaron, en primera discusión, la Ley de Puerto Libre del estado Nueva Esparta y fue diferida la segunda discusión de la Ley para la Producción Nacional para la sesión del próximo martes, en la que no se descarta retomar el juicio político contra Maduro. Esto depende de que el Gobierno cumpla con lo prometido en la mesa del diálogo.
Foto: Miguel González
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