El oficialismo consiguió en la Sala Electoral lo que las urnas al parecer no le dieron: la jefatura de la FCU de la máxima casa de estudios carabobeña. El contenido del fallo aún no está disponible, pero sí la decisión.
Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) volvió a inclinar la balanza a favor del chavismo y esta vez lo hizo al arrebatarle a la oposición la presidencia de la Federación de Centros Universitarios (FCU), de la Universidad de Carabobo (UC), obtenida en las polémicas elecciones celebradas el pasado 14 de noviembre.
La decisión la adoptó la Sala Electoral, la misma que, al filo de la Nochevieja del año 2015, suspendió la posesión de los diputados del estado Amazonas, dejando a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sin la mayoría calificada de dos terceras partes que consiguió en las parlamentarias celebradas apenas unos días antes.
El máximo juzgado, en su sentencia número 102, admitió la acción de amparo que la aspirante oficialista, Jessica Bello, interpuso contra los comicios estudiantiles y le ordenó a las autoridades de la casa de estudios que la reconozcan como la nueva presidenta de la asociación de centros de estudiantes en lugar de Marlon Díaz, quien ya fue proclamado y juramentado en el cargo.
El fallo fue redactado por la presidenta de la Sala Electoral, magistrada Indira Alfonzo, la misma que elaboró el dictamen que ha dejado al estado Amazonas sin representación en el Parlamento durante los últimos dos años largos.
A Alfonzo se la vincula con el exgobernador de Carabobo y actual constituyente, Francisco Ameliach, de quien fue asistente durante su tiempo como diputado de la Asamblea Nacional. Las decisiones que la magistrada redactó contra la Asamblea Nacional hicieron que fuera incorporada en la lista de funcionarios venezolanos sancionados por gobiernos como el de Canadá.
Aunque el contenido en extenso de la decisión no ha sido publicado por el TSJ, en la página web se califica de “inexistentes y sin efecto jurídico los actos arbitrarios e ilegítimos” realizados por el presidente de la Comisión Electoral de la Universidad de Carabobo, Luis Eduardo León; y lo acusa de haber incurrido en “usurpación de las atribuciones” de los demás miembros de la instancia encargada de organizar los comicios.
Asalto a la Universidad
El candidato afectado, Marlon Díaz, rechazó la decisión del TSJ y denunció que la misma forma parte de un plan del Gobierno para cooptar a la Universidad venezolana.
“Este es un plan piloto para tomar la Universidad venezolana”, dijo, al tiempo que denunció: “Están intentando imponer por la fuerza una candidatura que no obtuvo ni siquiera 25 % de los votos, simplemente intentando pasar por encima de lo que decidieron los estudiantes (…) no podemos permitir que siga ocurriendo lo que ha pasado a nivel nacional (…) el TSJ tiene más de dos años y 10 meses que no se pronuncia sobre los diputados de Amazonas y se pronuncia con celeridad y prontitud en este proceso estudiantil”.
Díaz afirmó que el máximo juzgado no tiene ninguna facultad para inmiscuirse en los comicios estudiantiles, por cuanto “es una elección de gremios que no está regulada en la ley de universidades y por eso el TSJ no tiene vinculación”.
Por último, aseguró tener en mano todas las actas de las votaciones y que las mismas revelan que ganó por “amplia ventaja”.
Contrario a derecho
Por su parte, el constitucionalista Alí Daniels calificó como una demostración de la “negación del derecho” el fallo, por cuanto el máximo juzgado tomó su decisión in limite Litis; es decir “sin audiencia, sin evacuación de pruebas y sin escuchar a la otra parte”.
Los amparos tienen un carácter restitutivo; es decir buscan restablecer una situación previa, pero aquí se anuló un acto y se declaró un ganador. Los amparos no son para esto”, dijo, al tiempo que agregó: “Las figuras jurídicas se están moldeando para favorecer al poder“.
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