Luisa Ortega Díaz, en una nueva conversación con Crónica.Uno, pidió al presidente Nicolás Maduro escuchar al pueblo, la mayoría del cual rechaza su propuesta de elegir una Asamblea Nacional Constituyente; y le dijo que “todavía está a tiempo de hacerlo”.
Caracas. A horas de que se celebre el polémico y cuestionado proceso de elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por el presidente Nicolás Maduro, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, lanzó un llamado a la Fuerza Armada Nacional (FANB) para que cumpla con su deber constitucional de garantizarle al pueblo venezolano su soberanía; y al Gobierno para que dé marcha atrás en su iniciativa y evite así una más que posible escalada de violencia.
Por su segunda vez en un mes, la jefa del Ministerio Público (MP) respondió las preguntas de Crónica.Uno y desde su despacho, al frente de la plaza Parque Carabobo, planteó lo que ocurrirá mañana como una encrucijada vital.
Este domingo se va a decidir si seguimos existiendo como República o si se instaura un sistema personalista y totalitario. Nos estamos jugando el futuro del país, la existencia del Estado de Derecho como la hemos conocido desde la segunda mitad del siglo XX, que con sus aciertos y errores, el sistema democrático es el que nos permite dirimir nuestras diferencias de forma civilizada. Cualquier otra propuesta no contribuirá a la construcción de la convivencia. Los actores políticos de Gobierno y de la oposición deben entender que no pueden pretender sustituir la política por la guerra, que debemos aceptar la existencia del otro”, dijo.
¿Si usted ha sido una de las críticas más acérrimas de la Constituyente por qué no participó en la consulta que la oposición convocó el pasado 16 de julio?
—Yo soy la Fiscal General de todos los venezolanos, no de la oposición ni del Gobierno y debo mantener una posición que permita que cualquier venezolano que tenga una situación vinculada con el sistema de justicia penal pueda acudir a esta institución con la seguridad de que no va a estar sesgada por una tendencia o por otra. Además, yo creo que he dicho a viva voz y claramente cuál es mi posición respecto a la Constituyente.
¿El Gobierno debería escuchar a esos 7,6 millones de venezolanos que en esa consulta pidieron que se retire esa propuesta?
—Claro, para eso es un Gobierno. Un Gobierno es para oír al pueblo, un Gobierno es para resolverle los problemas al pueblo. No importa qué piense el pueblo, si el pueblo es contrario políticamente a lo que impulsa el Gobierno [este] debe acatarlo, porque el Gobierno se debe a él. Debe oírse el sentir del pueblo, el malestar o la satisfacción que tenga el pueblo. No escucharlo es un gran error. El Gobierno debería considerar la opinión de la mayoría de los venezolanos, y todavía está a tiempo de hacerlo. Debería plantear un diálogo sincero, pero no sobre la base de la amenaza, de que si no hay diálogo ahora la Constituyente lo obligará. ¡No, tiene que ser un diálogo sincero! El diálogo sincero comienza cuando respetas al otro, retiras la convocatoria a la Constituyente, llamas a las elecciones regionales que debieron haberse celebrado antes de diciembre pasado, le restituyes los poderes plenos a la Asamblea Nacional. Pero yo creo que el Gobierno está como en un estado de la negación permanente, no quiere aceptar la realidad y eso es gravísimo porque las consecuencias repercuten en el pueblo.
La oposición ha dicho que si la Constituyente no se retira, insistirán en sus protestas. ¿Teme una escalada de la violencia aún mayor?
—Yo temo que la violencia se exacerbe, porque veo irracionalidad de parte y parte. Aquí lo fundamental es el diálogo y por eso el llamado no es solo al Gobierno sino también a la oposición. Aquí es necesario iniciar un diálogo en función de las necesidades del país, del pueblo, de la gente y no de los intereses de una cúpula. Ojalá esté equivocada, pero yo creo que estas amenazas y discursos beligerantes lo que pueden es traer una oleada mayor de violencia que lamentablemente impactará en la economía y en la fuga de talentos. Jóvenes profesionales, con carreras brillantes, se han tenido que ir del país por la situación que estamos viviendo.
En las últimas horas ha habido una serie de reuniones entre representantes del Gobierno y la oposición bajo el auspicio del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pero las mismas no han dado resultados. ¿Cree que hay que insistir o es pura pérdida de tiempo?
—Todo intento que se haga es bueno, no es tiempo perdido. Por el contrario ojalá insistan en las negociaciones, en el diálogo y en la necesidad de entenderse. Yo pido a la divina providencia que así sea.
Una de las preguntas de la consulta llamaba a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a no participar en la Constituyente. ¿Cree que los militares deberían pronunciarse de alguna manera sobre este asunto?
—Yo no participé en la consulta y respecto a las preguntas allí se hicieron pues no tengo opinión, pero estaba leyendo la Constitución antes de comenzar esta conversación y la Constitución en el artículo 328 se refiere a la FANB como una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación; es decir, que una de las atribuciones de la FANB es garantizar la soberanía y el artículo 5 establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.
Si la FANB, de acuerdo con la Constitución debe garantizar la soberanía popular, entonces ellos deberían garantizar que se cumpla este postulado. La FANB debe garantizar la soberanía popular.
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La excanciller Delcy Rodríguez y ahora candidata a la Constituyente ha anunciado que propondrá a esa instancia modificar las competencias del Ministerio Público, bajo la excusa de que usted ha contribuido con la impunidad y lo ha hecho diciendo que hay un 95 % de impunidad, el mismo argumento que antes usaba la oposición para cuestionarla. ¿La impunidad es de ese calado? ¿De quién es culpa?
—Hay un sistema de justicia penal y la Constitución lo trae en su artículo 257, donde señala quiénes integran el sistema de justicia. No pueden endilgarle a un solo órgano del sistema la impunidad, pero yo creo que con todos los problemas que hay se ha avanzado en materia de justicia penal. Se han hecho y se hacen importantes condenas e investigaciones que han permitido resolver casos sonados, pero lamentablemente ha habido un deterioro y una caída en todos los órganos que integran el sistema. Atribuirle a un solo organismo la impunidad es una irresponsabilidad y quienes afirman eso no son hombres ni mujeres de Estado. Esa amenaza de destruir a la institución nuevamente pone de evidencia que no estamos frente a personas de cultura política ni republicana, porque puedes tener una diferencia con la persona que está al frente de una institución, pero eso no debe llevarte a querer destruir una institución.
En mi caso, yo cuestiono a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero no descalifico a la institución. El TSJ debe existir (…) es conocido por todos los obstáculos que se le han colocado al Ministerio Público para adelantar las investigaciones. Para obtener evidencias en materia de corrupción, como quien controla la evidencia son a quienes investigamos, no nos permiten acceso y nos niegan las solicitudes. Aquí destituyeron al director de la Medicatura Forense porque le entregó unas evidencias al Ministerio Público, lo cual es su obligación.
¿Cómo se resuelve el problema entonces? ¿Hay que quitarle al Ministerio del Servicio Penitenciario la competencia de realizar los traslados o a los jueces penales la de juzgar, visto que ellos son los principales culpables del retardo procesal?
—Este es un problema de voluntad política de todos los actores del sistema. Si constantemente haces apología de quien dirige el Ministerio de Cárceles y dices que es una excelente gerente, pues no hay nada que corregir y lo mismo con los otros actores, pues no corriges nada. Tú tienes que comenzar por reconocer que hay errores y hay fallas para mejorar.
Foto: Archivo
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