2016 cerró con 240.631 afectados, un aumento nacional de 76 % en comparación con el año anterior. Actualmente, 16 entidades federales están en epidemia o alarma. El estado Bolívar, con 74 % de los casos, puntea los registros.
Caracas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en una Alerta Epidemiológica publicada el 15 de febrero de 2017, informó sobre la situación de aumento de casos de malaria en el Continente durante 2016, y aunque todavía no contabiliza la totalidad de casos, señaló que Venezuela encabeza la lista de 8 países que aumentaron la incidencia de reportes, seguida de lejos por Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú.
Al comparar las cifras con los registros de 2015, el informe indica que el total de casos autóctonos del Continente en ese momento fue de 451.242, lo que representa una reducción de 62 % respecto a las cifras observadas en el año 2000. Pero reflejó un incremento de 16 % si se le compara con las cifras de 2014.
De acuerdo con el análisis que hace la Red Defendamos la Epidemiología Nacional de dicha alerta, Venezuela contribuyó en 2015 con 136.402 casos, es decir, 30,22 % del total continental y en 2016 con 240.631 casos, un aumento nacional de 76 %, frente al año anterior.
Los investigadores estimaron que probablemente esta cifra récord ascendió a cerca de la mitad de los casos de la región en 2016.
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“Esta cifra no incluye las recaídas, recrudescencias y el subregistro de casos, lo que elevaría la cifra anual nacional de casos de malaria a 350.000”, dijeron los especialistas.
El porcentaje de casos que corresponden a Venezuela anualmente, del total ocurrido en el Continente, pasó de 2,53 % en el año 2000 a 48,12 % —cifra estimada por la Red— en 2016. Este aumento de incidencia fue de 19 veces en 17 años. Mientras que el incremento de la incidencia anual de casos autóctonos en el país fue de 8 veces entre el año 2000 y 2016. A su vez, la tasa de incidencia anual nacional pasó de 122,9 x 100.000 habitantes a 775,51 x 100.000 habitantes.
En cuanto al número de fallecidos por malaria en Venezuela, indicaron que ha ascendido progresivamente, desde 2012 en adelante.
Las cifras estimadas de muertes en 2016 son 15 veces mayores que las notificadas hace 5 años.
Por su parte, el Informe Mundial de Malaria 2016 estimó el número de muertes por malaria en Venezuela para 2015 en 220 muertes, lo que evidencia —según los doctores de la Red— un grueso subregistro y subnotificación.
También el año 2016 cerró con récord de casos importados de malaria —más de 1900— en orden decreciente, provenientes de Guyana, Colombia, Brasil, Guyana Francesa, Perú, Ghana, Trinidad y Tobago, Togo y Mozambique.
16 entidades federales están en epidemia o alarma. El estado Bolívar con 74 % de los casos encabeza la lista y el municipio Sifontes de este estado, por sí solo aporta 43 % de los casos del país. Lo que sitúa el epicentro de la epidemia en la zona de explotación de minería ilegal de oro más intensa de la región y que motiva un desplazamiento masivo de personas hacia y desde esta zona, provenientes de otros estados del país y de otros países, situación que favorece, amplifica y disemina la transmisión de la malaria. Al menos 28.000 casos de malaria adquirida en el estado Bolívar fueron identificados en el resto de Venezuela —16 % de los casos de los casos del estado— lo que indica la fuerza actual de la dispersión de la malaria proveniente del foco caliente más activo de la enfermedad.
Mucha tela qué cortar
En Venezuela en 2015, 16 % de la población del país —cerca de 5 millones de personas— habitaba en territorios de alto riesgo de transmisión de la enfermedad (1 caso por cada 1000 habitantes por año) y 4 % más (1 millón 220 mil personas) en territorios de bajo riesgo de transmisión. Estas cifras se incrementan de forma acelerada.
“Los datos nacionales fueron enviados a la OPS por el Punto Focal Nacional (PFN) del Sistema de Regulación de Salud Internacional (RSI) del Ministerio de la Salud, e inexcusablemente son negados por el ente rector hasta ahora, en forma directa, a todas las personas que vivimos en Venezuela, restricción que viola el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados y a participar en el control de este grave problema de salud; a la vez, la omisión de información oficial pone en riesgo el derecho a la salud y a la vida de las personas, porque contribuye a desestimar la epidemia de malaria”, señalaron.
La OPS y la OMS han recomendado a los Estados Miembros acerca del riesgo de nuevos brotes epidémicos de malaria, de incremento de casos y muertes en áreas endémicas y de la posible reintroducción de la enfermedad en áreas en donde la transmisión había sido interrumpida —esto ya ha ocurrido en Venezuela en 11 estados: Monagas, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Guárico, Miranda, Aragua, Barinas, Apure, Trujillo y Zulia— especialmente, en los últimos 5 años.
Asimismo, la OPS y la OMS urgen a reforzar acciones que permitan la identificación precoz y el tratamiento de los casos, basado en el diagnóstico parasitológico y recuerda que la intervención más efectiva para controlar la malaria consiste en acortar el tiempo entre el comienzo de los síntomas, el tratamiento de los casos y las acciones de respuesta e investigación.
Igual recomiendan intensificar las medidas de vigilancia y la detección de casos que consultan a las instalaciones de salud y la búsqueda activa en las poblaciones en riesgo que residen en áreas de transmisión.
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En las áreas de baja transmisión, la aparición de nuevos casos debe activar la investigación epidemiológica de cada uno de ellos, e identificar si se trata de casos autóctonos, introducidos o importados. El estudio debe hacerse con prontitud para guiar de manera oportuna las medidas de control e interrupción de la transmisión. Así como la búsqueda reactiva de casos relacionados con la investigación.
También, la OPS-OMS ha sugerido a los Estados Miembros mejorar la calidad de los diagnósticos parasitológicos y prevenir la escasez de medicamentos.
“Esto alude directamente a las críticas fallas de los inventarios de medicamentos, equipos y material para diagnóstico y mosquiteros impregnados con insecticidas residuales, así como de insecticidas y equipos para rociamiento, evidenciadas en Venezuela en septiembre de 2016 y advertidas públicamente por nosotros”, comentaron José Félix Oletta, Ángel Rafael Orihuela, Carlos Walter, Ana Carvajal, Oswaldo Godoy, Julio Castro, Saúl Peña y Andrés Barreto.
Recordaron que las medidas de control de vectores y el uso masivo de mosquiteros impregnados de insecticida son acciones clave para el control de los vectores de la malaria. Las medidas que afectan la sobrevida del mosquito —los rociamientos con insecticidas residuales, intradomiciliarios y los mosquiteros impregnados— resultan más efectivos que las medidas que reducen la densidad de vectores, como el control de larvas y los rociamientos espaciales de insecticidas.
Las políticas de control de larvas están justificadas en lugares donde los criaderos permanentes o semipermanentes de mosquitos son fácilmente identificados e intervenidos y en los que la densidad de población humana sea suficiente para justificar el empleo de tales medidas.
Por tanto, consideraron que el control de la malaria en espacios de transmisión activa y la prevención de la diseminación de la enfermedad, requieren soluciones proactivas de vigilancia epidemiológica —como los movimientos de población por razones económicas, actividades agrícolas o de minería.
Además, la OPS-OMS exhorta a los Programas Nacionales de Malaria a coordinar sus respuestas nacionales, para identificar y enfocar las barreras a nivel local, debidas al retraso de la detección, tratamiento y seguimiento de los casos y recuerda que la reducción de la carga de la enfermedad y los riesgos de transmisión a nivel nacional dependen del control de la malaria en las principales áreas de transmisión.
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De ahí que ambos organismos sean enfáticos en declarar que los Estados Miembros necesitan continuar los esfuerzos para alcanzar las metas del Plan de Acción para la Eliminación de la Malaria 2016-2020, en relación con la interrupción de la transmisión local, la reducción de la incidencia de casos y la mortalidad.
“Estas reflexiones deberían ser tomadas en cuenta y sus recomendaciones aplicadas inmediatamente por el Gobierno para comenzar a atacar eficientemente y con éxito la epidemia de malaria que nos afecta. Para eso será necesario que el Gobierno entienda la importancia del problema y la necesidad de asignar recursos financieros suficientes y en forma continua”, sostuvieron los expertos de la Red.
Y advirtieron: “De no aplicarse oportuna y eficientemente tales intervenciones, estimamos que el número de casos de malaria en Venezuela, en el año 2017, aumentará a una cifra entre 510.000 casos y 550.000 casos —entre casos nuevos autóctonos, recaídas, recrudescencias y no registrados— con grave impacto sobre la salud de la población, situación que se agravará luego de la activación del Arco Minero, aprobado en febrero de 2016 por el Gobierno y que afectará irreparablemente la ecología y el ambiente de 114.000 Km cuadrados de territorio en áreas protegidas del estado Bolívar donde se permitirán y estimularán las actividades mineras”.
Foto referencial: AVN
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