Estos decesos se conocen por la información divulgada por los gremios y, en el caso de Médicos Unidos, Jaime Lorenzo, médico y directivo de la ONG, destacó que todo ha sido debidamente verificado antes de publicarlo en las redes sociales. De los fallecimientos, el gobierno de Nicolás Maduro solo ha informado el del médico de Mérida y el enfermero de Caracas.

Caracas. La organización civil Médicos Unidos por Venezuela reportó 10 profesionales de la salud fallecidos por COVID-19. Siete son del estado Zulia, donde el Colegio de Médicos dijo que además hay 47 médicos contagiados. A la lista de los decesos se suman dos enfermeros y un ingeniero bioquímico fallecidos. 

Para nadie es un secreto que desde el comienzo de la pandemia los trabajadores de la salud han pedido protección para hacerle frente al virus. Han corrido 109 días y todavía demandan asistencia.

Hace una semana el Colegio de Médicos del Zulia, estado que ahora tiene uno de los focos más grandes de contagio, pidió que se decretara alerta roja en el estado; y en el comunicado que firmaron los médicos se destacó que había insuficiencia de camas operativas en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales centinelas y satélites, y aseguraron que el virus sigue permeando en la comunidad del Zulia como consecuencia del no cumplimiento de las medidas de prevención y protección declaradas por la OMS. 

A dos semanas de declarada la pandemia, el 26 de marzo, los gremios de la salud de esa región ya se habían pronunciado, cuando le enviaron una misiva al doctor Arístides Torrealba, de la Defensoría del Pueblo, precisamente para visibilizar esa situación. Y exigieron, en vista de la experiencia de otros países con personas del sector salud que han resultado contagiadas y otras que han muerto por esta causa, que se debían definir prioridades en el marco de las posibilidades de atención. 

Sus peticiones fueron palabras que se llevó el viento, pues, paradójicamente, ese es el estado con mayor afectación en el sector salud: seis médicos y una enfermera muertos, de los 10 casos que se registraron en el país entre mayo y junio.

  • Las otras muertes ocurrieron en Distrito Capital (un enfermero), en Falcón (un ingeniero biomédico) y un galeno en Mérida, el único que hasta el momento ha reportado el gobierno de Maduro, además del enfermero de Distrito Capital.

Estos decesos se conocen por la información divulgada por los gremios y, en el caso de Médicos Unidos, Jaime Lorenzo, médico y directivo de la organización, destacó que todo ha sido debidamente verificado antes de publicarlo en las redes sociales.

La aclaratoria a este respecto la hace Lorenzo porque  quien  maneja las estadísticas es el gobierno, decir lo que ocurre les ha costado que los criminalicen y, por eso, muchos temen hablar de la situación en sus hospitales, pero ahora que los profesionales de la salud fallecen se prenden muchas alarmas.

En la mira del gobierno

Fueron públicos los señalamientos del gobernador del Zulia, el oficialista Omar Prieto, quien ordenó, tres días antes de que se declararan los dos primeros casos de COVID-19 en el país, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) perseguir a un médico que informó de un caso sospechoso de coronavirus en el Hospital Universitario de Maracaibo.

En una rueda de prensa, Prieto ordenó que se  investigara al cirujano Freddy Pachano –director de posgrado de Medicina en la Universidad del Zulia–, y argumentó en ese momentos que los reportes de coronavirus “son temas de seguridad de Estado” en Venezuela. 

No muy lejos, en Trujillo, el pasado 6 de abril, la primera dama de la entidad, Jacqueline Peñaloza, pidió la detención de la bionalista Andrea Sayago, por publicar órdenes de exámenes de una paciente con COVID-19. 

Y el caso más reciente, el de la presidenta del Colegio de Enfermería del Zulia, Hannia Salazar, a la que el Cicpc le envió una citación para mañana 30 de junio. En ese oficio no aparece el motivo. Pero Salazar ha denunciado las condiciones asistenciales en la región.

Al respecto, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, señaló que si bien en estos momentos están obligados a estar en los hospitales, y más ahora que la curva crece exponencialmente,  también están llamados a no caer en heroísmos inútiles.

“La Lopcymat dice que los trabajadores podemos negarnos a laborar en condiciones que sean un peligro para nuestras vidas, y más si el patrono no da los equipos de protección. Hace dos o tres semanas hemos venido organizándonos en vista del escenario sanitario y empezamos a levantar nuestras voces de protesta. Pero en el Zulia, el secretario del gobierno dijo que iba a judicializar a Hannia por estar convocando a ‘guarimbas’, y ahora recibe esa citación”, indicó la enfermera y gremialista.

Agregó que estiman que “puede venir una ola (de judialización), porque son muchos los presidentes (de gremios de la salud) que se están pronunciando en vista del riesgo tangible, ya tenemos a varios enfermeros en aislamiento por sospechas”.

No son escuchados

¿Están los trabajadores de la salud abandonados a su suerte? El hecho de que en los reportes diarios del gobierno de Nicolás Maduro, relacionados con los casos de COVID-19, no se haga mención exacta del número de trabajadores de la salud enfermos y fallecidos por el virus, de que no se atiendan las exigencias en cuanto a la dotación de equipos de protección, e incluso las denuncias sobre la carencia de agua potable en los hospitales, responde en parte la interrogante.

Vale recordar las declaraciones que se hicieron virales de la directiva del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, cuando informaron que desde el pasado 16 de marzo y hasta el viernes 10 de abril, 427 personas habían sido atendidas en el área de triaje habilitada para pacientes con sintomatología respiratoria en dicho centro hospitalario (Iahula), principal hospital centinela de Mérida.

De ese total, 376 casos habían sido considerados sospechosos de COVID-19, según la doctora Indira Briceño, directora del Iahula. Pero los datos fueron obviados por la comisión presidencial que atiende la pandemia.

Para la cuarta semana de mayo, Nicolás Maduro hacía referencia en sus alocuciones a los trabajadores de salud enfermos de coronavirus y decía no entender por qué. Para entonces, 35 estaban enfermos, algunos de ellos integrantes de la Misión Médica Cubana.

El diputado y médico oncólogo José Manuel Olivares maneja una cifra de 44 profesionales de la salud contagiados. Y este 29 de junio, en una rueda de prensa a través de la plataforma Zoom, dijo que Venezuela va camino a tener la tasa más alta de mortalidad entre el personal de salud de la región, por no contar con tapabocas y reusar guantes.

Este escenario de falta de insumos para la protección de los médicos ha sido documentado por la organización Monitor de Salud durante estos 109 días de pandemia. De acuerdo con sus cifras, solo en Caracas, de nueve centros de salud públicos en ocho no tienen tapabocas, y en 16 de los 19 hospitales se reutilizan los guantes. 

Maduro en sus transmisiones diarias se refiere a uno que otro trabajador de la salud, sin detalle alguno, que se expusieron al virus en alguna jornada. Recientemente habló de siete médicos en una clínica en San Bernardino en Caracas, pero no hay una cifra más clara que explique la magnitud del contagio en el sector salud, menos ahora que los gremios y ONG han documentado las muertes de los profesionales de la salud por COVID-19.

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