Desde 2016, 25 familias viven en precarias condiciones en la llamada Aldea Bolivariana. No cuentan con baños, no reciben agua por tuberías, 30 niños pasan su infancia en medio de violencia familiar. Denuncian que el Órgano Superior de la Vivienda en Carabobo les asignó en 2017 apartamentos en el urbanismo Las Vegas, pero sus inmuebles están ocupados por otras familias.
Valencia. Una vaguada registrada en 2016 fue la responsable de que unas 120 familias del Asentamiento Campesino Los Samanes, al sur de Valencia, quedaran sin hogar. En ese entonces el gobierno regional de Francisco Ameliach resolvió llevar a los afectados a un refugio, se trata de la Aldea Bolivariana José Félix Ribas.
Han pasado cinco años de aquel evento, y aún quedan 25 familias en el lugar viviendo en precarias condiciones. Sin agua por tubería, sin gas doméstico desde octubre de 2020, tampoco hay baños y el único servicio que se mantiene es el eléctrico, y este es intermitente.
La bolsa Clap llega todos los meses para las familias que aún permanecen en el refugio ubicado al lado del Hipódromo de Valencia, porque no les han adjudicado viviendas, pese a que el órgano de vivienda de Carabobo conoce del caso.
La administración de Rafael Lacava se excusa para no resolver el problema, responsabilidad de la gestión anterior.
Francismar Aular es una joven de 24 años, parte de las 25 familias que habitan la Aldea Bolivariana José Félix Ribas, actualmente está desempleada y sobre sus hombros reposa la responsabilidad de criar cuatro hijos. Cada día piensa cómo va alimentar a sus niños. La mayoría de las veces hacen una sola comida.
A la joven le “parte el alma” solo servir arroz blanco o pasta sin salsa a sus hijos. Comer una arepa con queso es el mayor anhelo de los infantes.
Ellos me dicen ‘mami, una arepa con queso’, y yo hijo de dónde voy a sacar, si ni siquiera tengo para poder comprar un pedacito de queso”, comentó Aular.
A la buena de Dios
Francismar vive en la segunda planta de la Aldea Bolivariana José Félix Ribas, en el salón donde se acomodó, dividió el área de dormitorios y cocina con sábanas, como protector de ventanas para resguardarse del sol y de la lluvia usa un pendón con la cara de Nicolás Maduro.
Las necesidades fisiológicas las realiza en bolsas que bota en una zona enmontada, porque los baños están colapsados, no cuentan con pocetas ni lavamanos.
Su esposo emigró del país, él está en Colombia desde hace tres años, pero no ayuda con la manutención de sus hijos, por lo que ahora técnicamente es madre soltera.
Durante la entrevista Aular tenía una preocupación: su hijo menor de un año de edad tenía cinco días con fiebre y con malestar en la vista. Ante la falta de recursos económicos, la madre solo le estaba haciendo remedios caseros. “Le lavo los ojitos con agua de Tua Tua. ¿Cómo hago si no tengo dinero ni para el carrito?”.
Quiere salir del refugio porque la violencia doméstica está a la orden del día. “Aquí vivimos con mucha violencia, se forman problemas, no quiero que mis hijos vean eso”.
Falta de agua y gas
La Aldea Bolivariana José Félix Ribas, que se convirtió en un edificio habitacional improvisado, alberga 25 familias, que suman 60 adultos y 30 niños. La falta de agua potable los hace enfrentar constantes enfermedades de la piel, diarrea y vómitos.
En medio de la pandemia por COVID-19 temen que se genere un brote por no contar con agua para realizar el lavado constante de manos. Tienen como regla no permitir el acceso de visitantes, y si alguien ajeno al refugio accede, debe hacerlo con tapabocas.
Cada 15 días una cisterna de HidroDrácula los surte de agua. Llenan tanques, tobos y ollas para realizar el aseo doméstico y corporal.
La falta de gas doméstico los obliga a buscar leña, sin embargo, refieren que en la actualidad se les hace cuesta arriba, porque ya han arrasado con los árboles cercanos. Los que cuentan con cocina eléctrica pueden tardar hasta cuatro horas haciendo una comida.
Accidentes
La edificación de tres plantas no es la adecuada para albergar a niños. Uno de ellos, de tres años de edad, por jugar en el segundo nivel cayó al vacío por colarse entre las rejas de resguardo en los pasillos. Afortunadamente, no sufrió consecuencias.
También dos residentes sufrieron mordedura de serpientes. Lograron escapar de la muerte porque fueron atendidos con rapidez.
Exigen viviendas dignas
Las 25 familias tienen un clamor común: que se les adjudiquen viviendas donde puedan vivir a plenitud. Los afectados relataron que cuando ocurrió la vaguada en 2016, llegaron 120 familias al refugio, a los tres meses 95 de ellas recibieron casas.
Sin embargo, a los que no recibieron adjudicación, el Órgano Superior de Viviendas del estado Carabobo les prometió que serían ubicados en el urbanismo Las Vegas en el municipio Los Guayos.
Efectivamente, recibieron la adjudicación, pero al momento de ocuparlas se llevaron la sorpresa de que los apartamentos estaban habitados por otras familias. En el documento de adjudicación se lee la fecha de entrega 8 de noviembre de 2017. Pese a que interpusieron las denuncias correspondientes, hasta el momento no han recibido respuestas de la ocupación ilegal de otros adjudicados en las viviendas asignadas.
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