El diputado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, dijo que estas deportaciones han seguido el mismo patrón: “Se ha decidido la política del garrote, de la barbarie, de la criminalidad”.
Caracas. A los 16 niños, niñas y adolescentes deportados el 22 de noviembre por Trinidad y Tobago, suman otros 55. En total, en lo que va de año, el gobierno trinitario ha deportado a 71 niños, niñas y adolescentes venezolanos, aseguró el diputado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional.
Durante su intervención en el foro Emergencia Humanitaria de la Oficina para la Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional, Valero explicó que estas deportaciones han seguido el mismo patrón: “Se ha decidido la política del garrote, de la barbarie, de la criminalidad”. Según Valero, la diferencia con respecto a este caso más reciente fue que “se generó una presión de opinión publica grande”. No se ofrecieron mayores detalles.
El 22 de noviembre fueron deportados por las autoridades trinitarias 29 migrantes venezolanos, incluyendo 16 niños, niñas y adolescentes. Esta situación generó un pronunciamiento de la Corte Internacional de Derechos Humanos y exhortó al gobierno de Trinidad y Tobago a garantizar el ingreso al territorio de personas venezolanas que buscan protección internacional por razones humanitarias urgentes, así como a respetar el principio de no devolución.
Un juez de la Corte Suprema emitió una sentencia para que los niños venezolanos fueran devueltos a la isla donde se encontraban sus padres. El 24 de noviembre, después de 48 horas en altamar, estaban de regreso a Trinidad y Tobago. Según Valero, estas personas se encuentran detenidas, a salvo y en cuarentena por la COVID-19: “Esperamos que puedan reencontrarse con sus familiares”.
Valero informó que preparan un expediente que está en “fase de sustentación” para elevar una denuncia de lo ocurrido ante la Organización de los Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comunidad del Caribe.
Derechos vulnerados
En el proceso de deportación de los 16 niños, niñas y adolescentes, Karin Salanova, diputada a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de la Familia, reconoce que el gobierno de Trinidad omitió pasos que pusieron en peligro la vida de los migrantes venezolanos.
Salanova recuerda que se está violentando el derecho al refugio, el interés superior del niño y la protección: “El tribunal no se había pronunciado cuando ya los niños estaban metidos en una embarcación para ser deportados, uno de los motores del peñero estaba fallando. Cuando vas a deportar a alguien lo regresas en condiciones seguras”.
La emergencia humanitaria compleja en Venezuela ha derivado en una crisis de migrantes y refugiados. Desde 2018 más de 100 personas, a bordo de peñeros, desaparecieron en altamar tratando cruzar hacia Trinidad y Tobago. En esa isla viven 24.169 migrantes y refugiados venezolanos, y están pendientes por resolver 14.241 solicitudes de refugio.
“No hay certificación de defunción, aún no se determina qué ocurrió. No dan por cierta la hipótesis de que están ahogados, en la zona operan magias, puede ser que hayan caído presas de esas mafias”, dijo Valero. Según cifras extraoficiales de Salanova, se estima que más de 4000 venezolanos han sido víctimas de trata de personas.
Foto: Cortesía Guardian/RISHI RAGOONATH
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