Cuatro días después de la deportación de los 16 menores de edad y las ocho mujeres venezolanas desde Trinidad y Tobago, el gobierno de Nicolás Maduro se pronunció, aunque no específicamente de este caso. Según medios trinitarios, la defensa evitó que deportaran por segunda vez a los migrantes.
Caracas. Los abogados que representan al grupo de migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago lograron evitar que las autoridades los deportaran por segunda vez, según el medio local Guardian.
16 menores de edad y ocho adultos fueron deportados el domingo 22 de noviembre, horas antes de su audiencia de habeas corpus. Una jueza de la Corte Suprema de la isla emitió una sentencia para que devolvieran a los venezolanos, pero las embarcaciones ya habían zarpado.
Los migrantes fueron detenidos el martes 17 de noviembre tras su llegada a Trinidad de forma ilegal. Permanecieron en prisión hasta el domingo, cuando los medios reseñaron que las autoridades los montaron en dos embarcaciones y los enviaron de regreso a Venezuela.
Por casi 24 horas los familiares, que sí estaban legales en Trinidad y Tobago, no pudieron confirmar su estado de salud. Sin embargo, Radio Fe y Alegría confirmó que el grupo de venezolanos estuvo en la Barra Mariusa, en el estado Delta Amacuro, la noche del lunes 23 de noviembre. Posteriormente retornaron a Trinidad y fueron detenidos otra vez.
El miércoles 25 de noviembre los detenidos difundieron dos videos para denunciar las condiciones de reclusión en las que estaban. Aseguraron que había niños con fiebre, dolor de barriga y diarrea. Algunas mujeres también presentaban algunas dolencias.
Según Guardian, el grupo estará en cuarentena durante 14 días. Según Félix Marcano, sus dos hijos y su esposa fueron trasladados a un refugio en el helipuerto de Chaguaramas, mientras que se espera que el resto vaya a ese mismo sitio en las próximas horas. La noche de este jueves 26 de noviembre se espera otra audiencia.
Julio Henríquez, coordinador legal internacional del Foro Penal Venezolano, explicó en su cuenta de Twitter que en la audiencia se definirá el lapso que permanecerán en cuarentena.
#24N Julio Henríquez coordinador legal Internacional del Foro Penal precisa que el grupo de venezolanos en Trinidad, incluyendo a 16 niños y adolescentes, fueron devueltos y puestos en custodia nuevamente.
Foro Penal representará a familiares ante la CIDH.
Hay más de 300. pic.twitter.com/IjXboAiuQD
— Foro Penal (@ForoPenal) November 24, 2020
“La práctica de las autoridades trinitarias ha sido que las personas que desembarcan de manera ilegal en Trinidad, las ponen de regreso en la embarcación que llegaron. La guardia costera los acompaña hasta el final de las aguas internacionales que los obliga a seguir en dirección a Venezuela”, explicó.
El Foro Penal intenta una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) bajo el marco de los estándares interamericanos de cómo tratar a los migrantes.
A través de Twitter la CIDH expresó su preocupación por la deportación de los migrantes y exhortó al gobierno de Trinidad y Tobago garantizar el ingreso al territorio de venezolanos, que buscan protección internacional por razones humanitarias urgentes.
Instó a la isla a observar estrictamente el “deber de protección especiales de niños y adolescentes migrantes y considerar su interés en todas las decisiones que les afecten”.
Gobierno venezolano se pronuncia
Pasaron cuatro días desde la deportación de los menores de edad y las mujeres venezolanas para que el gobierno de Nicolás Maduro se pronunciara, aunque no se refirió específicamente a este caso.
El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, dijo a través de su Twitter que convocaban a una reunión al gobierno de Trinidad y Tobago “para revisar temas de seguridad, movilidad humana, lucha contra la delincuencia y narcotráfico. Será el segundo encuentro en los últimos cuatro meses”.
Ya el martes 24 de noviembre el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, afirmó que su gobierno tenía todo el derecho de proteger a los ciudadanos de personas que ingresaban ilegalmente.
También el primer ministro trinitario, Keith Rowley, expresó a través de su cuenta en Twitter que la llegada de migrantes venezolanos a su país era usada políticamente para “tratar de obligarnos a aceptar el estatuto del refugiado”.
Guardian reseñó que según el equipo legal de los migrantes, las acciones de los funcionarios del Estado violaron los derechos constitucionales a la libertad, la protección de la ley y la privacidad y la vida familiar que están garantizados a cualquier persona dentro de Trinidad y Tobago, incluidos los inmigrantes ilegales.
También alegaron que la acción violó varios tratados internacionales y la Política Nacional de Atención de Refugiados y Asilo, que fue creada en 2014.
Foto principal: Cortesía Guardian
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