El director de Foro Penal, Alfredo Romero, informó que desde diciembre de 2023 detuvieron a 15 personas por razones políticas y solo dos de ellas fueron excarceladas.
Caracas. Al menos 79 personas fueron criminalizadas a través de la Ley contra el odio desde 2018, indicó Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal Venezolano.
El abogado manifestó su preocupación por la aprobación, en primera discusión, del proyecto de Ley contra el fascismo por la Asamblea Nacional –de mayoría chavista– el martes, 2 de abril, pasado.
Desde el Foro Penal temen que si la aprueban, pueda tener los mismos efectos de criminalización de la Ley contra el odio.
“Si esto pasó con la Ley contra el odio, no hay garantía alguna que con la Ley contra el fascismo se sigan usando las mismas fórmulas, francamente desconocedoras del principio de la legalidad, y que esto conlleve a la criminalización arbitraria contraria a los principios penales fundamentales de personas por el simple hecho de pensar diferente”.
Himiob explicó que, en lo poco que se conoce de la propuesta de Ley contra el fascismo, se evidencia su absoluto carácter ideológico. Además, los tipos penales y las formulaciones sancionatorias no están apegadas a los principios de legalidad que se desprenden de la Constitución.
“Son tipos penales sumamente difusos, extremadamente amplios, y todos ellos sujetos a la más amplia interpretación y absoluta discrecionalidad del intérprete para su aplicación, lo que hace difusa la posibilidad de entender qué es lo que se prohíbe y qué es lo que no se prohíbe”, explicó.
Añadió que lo mismo ocurrió con la redacción de la Ley contra el odio, en la cual los tipos penales también son difusos y están abiertos a la interpretación de quien pretenda usarla. Esta falla técnica permite que se pueda incluir en la categoría de delito casi cualquier conducta que resulte incómoda “para tal o cual persona”.
La Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en 2017, de forma inconstitucional por la Asamblea Nacional Constituyente, ente que, según la constitución venezolana, no tiene la facultad para legislar. Esta se usa en repetidas ocasiones para perseguir a la disidencia y violentar la libertad de expresión, alertan expertos.
Presos políticos
Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, recordó que desde la excarcelación que se produjo en diciembre tras la negociación entre la oposición, el gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos, se produjeron 15 detenciones por motivos políticos. Solo excarcelaron a dos de los detenidos.
Si se añade a esta cifra a los seis miembros del partido Vente Venezuela que se encuentran resguardados en la Embajada de Argentina en Caracas, aumenta a 21.
“Vemos que se sigue produciendo el efecto de puerta giratoria, que definitivamente es una importante estrategia de intimidación de control a través de las detenciones con fines políticos”, dijo Romero.
En diciembre, excarcelaron 20 presos políticos y 10 ciudadanos norteamericanos a cambio de liberación de Alex Saab, empresario colombiano extraditado a Estados Unidos y acusado de supuesto lavado de dinero.
Según datos del Foro Penal, desde 2014 casi 16.000 personas pasaron por la detención de carácter político, y muchas de ellas aún tienen medidas restrictivas de libertad, sin medidas cautelares, con prohibición de salir del país, presentación periódica a los tribunales o con proceso judicial pendiente.
Rodeo I
Romero se refirió a la cárcel del Rodeo I, en el estado Miranda, como “una nueva cárcel” a la que trasladaron a la mayoría de los presos políticos que estaban en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Los familiares de los detenidos denunciaron la falta de acceso y restricciones para ver a los privados de libertad.
Entre los trasladados están el teniente Igbert Marín Chaparro y Alejandro González, exesposo de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel.
De acuerdo con el reporte de Foro Penal, en Venezuela hay 269 personas detenidas por razones políticas, la mayoría son militares y 20 mujeres.
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