A pesar de que el informe refleja avances importantes en ciertas áreas, cuestiona que problemas como la criminalización de voces críticas y ejecuciones en operativos de seguridad siguen estando presentes en el país. El período de Michelle Bachelet como Alta Comisionada de Derechos Humanos culmina en agosto, tras haber sido nombrada en el cargo en septiembre de 2018.
Caracas. Este jueves se hizo público el último reporte escrito de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos a cargo de la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
El documento recoge los hallazgos del seguimiento realizado entre el 1° de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022.
El informe será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo miércoles 29 de junio a las 9:00 de la mañana, hora de Venezuela. El mandato de Bachelet como Alta Comisionada culmina el 29 de agosto, por lo que este informe sería el último de su mandato en el Consejo sobre el caso venezolano.
El reporte, elaborado por el personal a cargo de Bachelet que hace seguimiento al caso de Venezuela, evaluó la evolución de las recomendaciones presentadas al Estado venezolano en su informe anterior en las áreas de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, el Estado de Derecho y el espacio cívico.
A continuación los principales puntos que destacan de este documento:
1. A pesar de que el informe refleja la continuación de la campaña de vacunación contra la COVID-19, se cuestiona la falta de transparencia y de cifras oficiales referente a la pandemia. Además acentúa que el impacto de esta afectó negativamente a “un sistema de salud ya frágil”.
2. La Oficina de Bachelet destaca la desaceleración del proceso inflacionario en Venezuela y recoge que para marzo del 2022 se registró la tasa de variación de precios más baja conocida en el país desde el año 2014. Adicionalmente, resalta que el último aumento de salario mínimo y pensiones anunciado por Nicolás Maduro, apenas cubre el 8 % del costo de la canasta básica.
3. En materia de Estado de Derecho, el informe señala que se han registrado algunos pasos para corregir las faltas denunciadas, especialmente en materia de órganos de seguridad del Estado. La Oficina de la Alta Comisionada reconoce acciones como la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), así como la designación de un nuevo TSJ. Sin embargo, sobre este último se destaca que “los vínculos abiertos de varios magistrados, incluidos los suplentes, con los partidos políticos plantean preocupaciones sobre la independencia del poder judicial y la separación de poderes”.
4. El documento afirma que se ha visto una reducción en la cantidad de muertes registradas en operativos de seguridad, pero que siguen ocurriendo. En total, durante el período de seguimiento se contabilizaron seis casos de personas asesinadas durante estos operativos. También se documentaron 13 casos de detenciones extrajudiciales.
5. En materia de la integridad física de personas detenidas, la Oficina de la Alta Comisionada para los DD. HH. de la ONU recibió al menos 235 denuncias sobre violación de derechos humanos en personas detenidas. Los investigadores pudieron acceder a 21 centros penitenciarios y lograron constatar el traslado de personas de los calabozos del Sebin y la Dgcim a otros centros penitenciarios. Pese a esto, recibieron 14 denuncias por supuestas torturas y malos tratos. Respecto a esta materia se señala: “La falta de investigaciones adecuadas sobre esas denuncias y de protección contra las represalias, según se reporta, ha desalentado a las víctimas a denunciar”.
6. En lo referente al espacio cívico, la Oficina de la Alta Comisionada notó la apertura de nuevos espacios de diálogo como los encuentros que se registraron entre el gobierno de Maduro y el Foro Cívico. No obstante, destacó que siguen ocurriendo restricciones indebidas contra voces disidentes como “la estigmatización, la criminalización y las amenazas”.
7. La oficina registró un total de 71 casos de criminalización de defensores de derechos humanos, periodistas y trabajadores de la prensa, lo cual representa un aumento con respecto a los 46 que se conocieron durante el período de evaluación anterior. El documento señala la preocupación de la Alta Comisionada por “el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada contra el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos y los trabajadores de los medios de comunicación”.
8. En lo relativo a la libertad de expresión, se registraron 34 casos de hostigamiento y censura contra trabajadores de medios de comunicación. El informe destaca la decisión del TSJ de confiscar la sede del diario El Nacional para pagar una indemnización de 13 millones de dólares a un alto funcionario del Estado (Diosdado Cabello). A esto se suma el bloqueo a 24 portales web de medios de comunicación y la suspensión de seis estaciones de radio por parte de Conatel.
Antes del informe escrito que Michelle Bachelet presentará la próxima semana ante el Consejo de Derechos Humanos sobre el caso venezolano, en marzo pasado había presentado un informe oral en el que advertía que, a pesar de algunos avances, aún “falta mucho por hacer”.
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