El Proyecto de Monitoreo de Libertad Académica de Scholars at Risk considera que Venezuela “puede ser el único país de la región cuyo sector de educación superior se ha enfrentado a tantas amenazas por el tiempo que lleva”. En el informe se lee que en 2019 “aproximadamente 50 % de los profesores de todas las universidades supuestamente abandonaron el país”.
Caracas. El declive de la universidad venezolana es un capítulo dentro del informe anual Free to Think sobre el Proyecto de Monitoreo de Libertad Académica de Scholars at Risk, que identifica tendencias relacionadas con ataques a comunidades de educación superior, encarcelamientos injustos y enjuiciamientos, restricciones a viajes académicos, presiones sobre la expresión de los estudiantes, amenazas legislativas y administrativas a la autonomía universitaria.
En el informe documentan las universidades que están bajo ataque como en Yemen, la represión de la disidencia en India, la universidad sitiada en Turquía, la represión de la libertad académica bajo el gobierno central de China y el impacto de la crisis económica y la decadencia que vive la universidad venezolana.
Según el Índice de Libertad Académica, un análisis global de los niveles nacionales de respeto por libertad académica, Venezuela obtuvo una puntuación de 0,28 de 1,00 (una clasificación “D”), ubicándola casi de última en la lista de los 140 países evaluados y muy por debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe (0,77).
“Venezuela puede ser el único país de la región cuyo sector de educación superior se ha enfrentado a tantas amenazas –incluidas las políticas legales y gubernamentales, persecución de profesores y estudiantes universitarios, y restricciones presupuestarias– por el tiempo que lleva”, se lee. La crisis universitaria se ha extendido durante más de una década.
El informe advierte que las presiones generales sobre las universidades venezolanas tienen un enorme costo que, si no se remedian, “podrían tener un impacto terrible no solo en la universidad en sí, sino en la capacidad general del país para recuperarse de la crisis actual”.
La organización cree necesario que Naciones Unidas y la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, universidades de todo el mundo, e instituciones políticas internacionales monitorean la crisis en Venezuela, exijan “a las autoridades venezolanas proteger la libertad académica, la autonomía universitaria y el derecho a la educación”.
Scholars at Risk es una red que se inició en 1999 en la Universidad de Chicago y en junio del año 2000 se lanzó una importante conferencia internacional. Desde 2001 se unió a otras organizaciones internacionales de educación y derechos humanos para crear la Red para la Educación y los Derechos Académicos.
Asfixia presupuestaria
El informe de Scholars at Risk documenta que en la actualidad los presupuestos asignados a las universidades oscilan entre el 1 % y el 30 % de lo solicitado. El 90 % de ese presupuesto generalmente se asigna únicamente para el pago de salarios.
La organización registró el caso de la Universidad del Zulia: en 2019 operó con un déficit del 99,86 %, con operaciones que requerían aproximadamente 101 millones de dólares, sin embargo, solo contó con 142.156 dólares, es decir, 0,14 % de lo necesario.
Investigación y personal calificado en descenso
“Para 2019, aproximadamente el 50 % de profesores de todas las universidades venezolanas supuestamente abandonaron el país. Asimismo, el 30 % de los los investigadores del país habían emigrado en abril de 2019”, estos son datos que recoge el informe anual de Scholars at Risk.
En el documento también se lee que para 2018, las restricciones presupuestarias y la migración de investigadores, habían dejado al 77 % de los laboratorios en Venezuela, incluidos los laboratorios importantes para el sistema de salud pública del país, paralizados o abandonados.
Otros datos, como los que registra SCImago Journal & Country Rank, un portal en línea que clasifica los países por revista de investigación, en 1998, las universidades venezolanas proporcionaron 4,8 % de los artículos de revistas de América Latina. Para 2019, ese número se redujo a 0,8 %.
Ataques violentos y coercitivos
Entre 2017 y 2019, Aula Abierta, una ONG dedicada a la libertad académica en Venezuela, documentó 450 detenciones arbitrarias a estudiantes universitarios y 19 profesores universitarios durante las manifestaciones. Muchas de las víctimas fueron heridas. Algunos fueron sometidos a torturas o trato de otro modo cruel, inhumano y degradante.
“Si bien el objetivo directo y violento de miembros de la comunidad de educación superior ha disminuido en el el año pasado, algunos ataques a grupos de estudiantes y los profesores han continuado”, advierte la organización en su informe.
Scholars at Risk también reseñó el caso del doctor Freddy Pachano, director de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, quien en marzo de 2020 expresó públicamente su preocupación por la falta de equipos de protección para personal médico ante el COVID-19. En respuesta, Omar Prieto, gobernador de Zulia, afirmó que “esto es una cuestión de seguridad nacional y este hombre tiene que ser investigado”, y ordenó una investigación criminal contra el médico y docente universitario. Para evitar el arresto, Pachano huyó del país.
El 14 de mayo, Diosdado Cabello, vicepresidente del gobernante partido socialista, sugirió públicamente que hicieran operación “tun-tun”, contra miembros de la Academia de Física, Matemáticas, y Ciencias Naturales, autores de un informe que indica que el número de casos de COVID-19 podría ser mucho más alto de lo informado.
Foto referencial: Gleybert Asencio
