Los manifestantes son reprimidos letalmente y criminalizados cuando reclaman la restitución de los derechos básicos. Son doblemente asediados tanto por los cuerpos de seguridad del Estado como por los cuerpos parapoliciales, los llamados colectivos armados.

Caracas. Vecinos de la parroquia El Valle, municipio Libertador, denuncian que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) llegan preguntando por el nombre y por el apellido de las personas que participaron en las protestas sociales del 31 de marzo.

En El Valle, de nuevo, hubo alboroto en las calles. Las protestas se vienen dando en el marco de los apagones. La del domingo 31 de marzo fue la más fuerte. Se extendió hasta la madrugada.

Todavía en la memoria de los habitantes está fresca la represión ocurrida a finales de enero y principios de febrero de este año. Los vecinos de las calles 8 y 9 contaron que por esos días estaban aterrados. Los funcionarios de las FAES llegaron a la zona, tocaron puertas, apuntaban a los que se asomaban a las ventanas, revisaban los teléfonos de los que estaban en las calles. Se llevaron a varios muchachos y lo que se denunció que es que iban directo por ellos.

Desde el 1° de abril esa escena se revivió en Los Jardines de El Valle. El Sebin, las FAES y la PNB tomaron varias calles y todavía este miércoles 3 estaba haciendo rondas en el sitio.

Provea en su artículo de esta semana sobre Derechos Humanos, lo dice: “La respuesta del gobierno de facto ha sido la misma que registramos desde el comienzo del año, el empleo de agrupaciones paramilitares y cuerpos élite de las fuerzas públicas para repeler las manifestaciones y castigar a quienes expresan su legítimo derecho. Con represión y abusos pretenden silenciar los reclamos ante la prolongada interrupción del servicio de agua potable”.

Este miércoles 3 en la mañana las FAES se exhibían con sus camionetas y llevaban personas detenidas con las caras tapadas.

Testimonios que Crónica.Uno maneja de forma anónima en esta nota, refirieron que llegaron a varios sectores y preguntaban por nombres específicos. “Es una forma de amedrentar, de persecución, es para que la gente no proteste, pero aquí estamos cansados. Cuando tomamos una foto, o hacemos un video lo pasamos y borramos. Si nos paran y revisan los teléfonos la policía o los colectivos, no tenemos evidencias que nos relacionen con cualquier tipo de protesta. Tenemos ese temor”, dijo uno de los líderes vecinales.

Oficialmente, no hay información sobre los operativos y el número de detenidos.

Protesta social criminalizada

La crisis actual generada por el colapso de los servicios público, no solo el agua y la luz, sino también por la falta en el suministro de gas doméstico, de la telefonía, internet y del transporte público, desencadenó en varias parroquias capitalinas protestas simultáneas.

No fueron movidas por un elemento político. La necesidad de abastecimiento de la población motivó el descontento y la toma de las calles como medida de presión.

La protesta pacífica está respaldada en la Constitución Nacional. El artículo 68 reza:

“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público“.

No obstante, la práctica en Venezuela refleja otra cosa. Los manifestantes son reprimidos de manera letal, aun cuando reclaman la restitución de los derechos básicos. Y son doblemente asediados tanto por los cuerpos de seguridad del Estado como por los cuerpos parapoliciales, los llamados colectivos armados o grupos de choque.

Ya en septiembre de 2018, Amnistía, en un informe presentado sobre Derechos Humanos, advirtió que el Estado venezolano usa la fuerza intencionalmente contra la población más vulnerable y excluida socialmente.

Para el 2 de abril la organización Foro Penal tenía un registro de 47 arrestos en el contexto de las manifestaciones, 19 de ellas en el estado Carabobo. Las detenciones ocurrieron entre el 29 de marzo y el 1° de abril, cuando la gente salió a las calles a manifestar por el empobrecimiento generalizado.

La misma práctica en el oeste

Esta práctica se repitió en Catia, otra de las zonas populares en donde se han registrado protestas por el colapso de los servicios públicos.

“A mi casa llegaron y tocaron la puerta. Le preguntaron a mi mamá si había muchachos dentro y ella respondió que éramos tres mujeres, mi abuela de 84 años, ella y yo. Les dijo que si querían que pasaran a revisar. Era la gente de las FAES. Luego le preguntaron si era la letra D. Ni siquiera sabían la dirección que buscaban”, contó Zaida Ramos.

A Wilmer Toro, líder comunitario en La Pastora, se lo llevaron funcionarios que se identificaron como de las FAES. Él estaba apoyando a los vecinos que protestaban por la falta de agua. El martes en la noche fue imputado. Sus amigos contaron que le sembraron una bomba lacrimógena y le imputaron obstaculización de vías, posesión artefactos explosivos e instigación pública.

De data vieja

El 17 de mayo de 2017, Diosdado Cabello aseguró durante su programa de televisión Con el mazo dando que activaría una operación denominada “Tun Tun” esa noche para las personas que importaran implementos para “terroristas”, señalando que la oposición “va a llevar más palo que un gato ladrón”.

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