Los seis médicos detenidos en Apure mantienen a la opinión pública dividida. El pueblo pide castigo para los verdaderos culpables y que “no paguen justos por pecadores”. El gobernador del estado Apure, Eduardo Piñate, aseguró que no hay “cacería de brujas”.
San Fernando. El desmantelamiento de las “mafias de las batas blancas”, anunciado por el presidente Nicolás Maduro, en abril, comenzó por el estado Apure.
El viernes 3 de junio, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Cicpc, detuvo a seis médicos del hospital José Antonio Páez, de Guasdualito, capital del municipio Páez, en la frontera del estado llanero.
Los médicos fueron señalados de cobrar importantes sumas de dinero en pesos colombianos y dólares, por prestar servicios de salud pública que deben ser gratuitos y, además, dentro de las instalaciones hospitalarias y con recursos del hospital.
De acuerdo con el gobernador del estado Apure, Eduardo Piñate, estas detenciones, no se hicieron por razones “caricaturescas” como pedir medicamentos a los pacientes, sino que son el resultado de una investigación.
No hay ninguna cacería ni estamos persiguiendo a los médicos porque den récipes o manden a comprar medicamentos, esta es una descalificación, una caricaturización de la realidad”, aseguró Piñate.
El mandatario afirmó que se están castigando las mafias hospitalarias, las que negocian los medicamentos, los recursos, los equipos y que, además, cobran por hacer operaciones.
A pesar de lo expresado por Piñate, el gremio médico y parte de la población de Guasdualito, manifestó el pasado 4 de junio frente a la sede del Cicpc, en la que están detenidos los médicos, para exigir su liberación.
El 7 de junio, la protesta se repitió frente a la sede tribunalicia de esa localidad, a donde fueron llevados los detenidos para su presentación e imputación.
“Ellos prestan un servicio y el pueblo, en este caso, es el que lleva las de perder porque nos vamos a quedar sin los especialistas. Mi llamado es al pueblo para que exijamos la liberación de estos médicos que se lo merecen”, dijo Elí Suárez, uno de los manifestantes, a la emisora local Fe y Alegría.
¿Quiénes son los médicos detenidos?
De acuerdo con el parte policial, fueron detenidos tres obstetras, dos cirujanos generales y un anestesiólogo, por los delitos contra el Estado Venezolano: peculado doloso propio contra la fe pública y asociación para delinquir.
La aprehensión por orden de la juez Karina Teresa Duque, titular del Tribunal de Primera Instancia Penal en función de Control extensión Guasdualito, se realizó el 3 de junio, a las 4:30 de la tarde, en el hospital general José Antonio Páez.
Los obstetras detenidos fueron: Ivis Dubarly Páez, de 37 años de edad; Ana Yumar Rodríguez Hernández, de 35 años de edad y Cándido Alfredo Martínez Rodríguez, de 68 años de edad, jubilado.
Los cirujanos: María Yaritza Véquiz Rumbos, de 35 años de edad y Francisco Javier Bejas Aguilar, de 35 años de edad, así como el único anestesiólogo: Jonathan Manuel Bitriago Labrador, de 31 años de edad.
Noticia criminis
El 24 de febrero de 2022, el ginecobstetra Alexis Adrián Galindo, extrabajador del hospital de Guasdualito, envió una carta al director de ese centro de salud, José Quenza, para pedir que se investigara el “cobro indebido, injustificado y delincuencial, que realizan un grupo de mercaderes de la salud”.
La misiva difundida por medios de comunicación local y redes sociales, también fue enviada a la presidenta de Insalud Apure, Darling Marín, y al alcalde del municipio Páez, José María Romero.
Galindo, entrevistado por Crónica.Uno, aseguró entonces que, según 1400 testimonios, recogidos en su consulta privada, en el hospital José Antonio Páez, se cobraban entre 1.000.000 y 5.000.000 de pesos colombianos por diferentes servicios.
“Por un apéndice cobran entre un 1.000.000 y 1.200.000 peso, por extirpar una vesícula cobran 1.400.000. Hay intervenciones en Traumatología que ameritan material de osteosíntesis y cobran 4.000.000, 5.000.000 de pesos colombianos. Las cesáreas oscilan entre 600.000 y 900.000 pesos. Muchas pacientes me escriben o me llaman para decirme que las ayude porque no tienen los 600.000, 900.000 mil pesos para una cesárea”, especificó.
El ginecobstetra también aseguró que “hay un anestesiólogo en particular que tiene eso como una tienda y oferta una fulana bomba del dolor por la cual le cobra a los pacientes 300.000 pesos”.
Tras la denuncia de Galindo, se conocieron otros casos, muchos de los cuales se difundieron, reiteradamente, por redes sociales.
No hubo flagrancia ni denuncias
El presidente del Colegio Médico del estado Apure, Nelson Magallanes, rechazó las detenciones y cuestionó que “se está violando el Estado de Derecho de estos médicos” al no haber apertura de procedimientos administrativos contra ellos, ni hechos infraganti o denuncias en su contra.
Magallanes recalcó que: “Legalmente, a quien le corresponde hacer la primera averiguación es a la dirección del hospital siempre con una denuncia de los afectados, que puede ser, un familiar o el paciente, pero eso no se cumplió”.
Aseguró que tampoco hubo flagrancia. “Y si fue que alguien colocó una denuncia ante el Ministerio Público o el Cicpc, pues para abrir la averiguación, tampoco se cumplió con llamar a declarar a los denunciantes y a los denunciados”, dijo Magallanes.
Justos por pecadores
El concejal opositor y presidente de la Comisión de Salud del Concejo Municipal de Páez, Nicolás Rincón, dijo que: “Hay unos médicos que ciertamente están implicados y le toca al gobierno investigar quiénes están metidos en esta situación”.
Añadió: “Como concejal hice las averiguaciones y me entrevisté con muchas personas que les cobraron un dineral y no les hicieron la operación y la gente perdía su dinero y empezó a denunciar”.
Sin embargo, recalcó que a algunos de los especialistas detenidos gozan de buena reputación y se presume su inocencia.
Hay médicos que son honorables y se ha hecho una cacería de brujas con quienes no deben hacerlo, pero pagan justos por pecadores”, aseveró.
Pidió a las autoridades que, por causa de algunos, no generalicen las detenciones, ni dejen al hospital solo. En las manifestaciones también hubo peticiones en favor de algunos de los detenidos.
“María trabaja en clínicas privadas y tiene su propio consultorio y es la única cirujana experta que tenemos o al menos que yo conozca. Y Cándido, había manifestado su rechazo a los cobros en el hospital”, expresó un habitante de Guasdualito que rechazó las detenciones de dos de los médicos.
Sintrasalud esperará
El Sindicato de Trabajadores de la Salud del estado Apure, Sintrasalud, que mantiene una protesta desde el 1 de junio, entre otros motivos de lucha la dotación de los hospitales y el rechazo a las detenciones de los médicos por pedir insumos a sus pacientes.
Pero, con respecto a las detenciones de los especialistas en Guasdualito, esperará que la investigación evolucione para asumir posición, informó su presidente Miguel Barrios.
Barrios explicó que, por ahora, Sintrasalud no intervendrá porque las detenciones son consecuencia de una investigación ordenada por el gobernador, sobre presuntos cobros de operaciones de ligaduras, cesáreas y exámenes médicos, que habían sido denunciados por la población.
“Nosotros nos vamos a apegar al debido proceso, es decir, que sean los tribunales, que sea la Fiscalía, la que investigue los casos. Si esos médicos son inocentes, nosotros estaremos reaccionando después de la decisión, pero en este momento no podemos ser obstáculos de la justicia”, enfatizó Barrios.
Juzgados en prisión
Transcurridas cuatro horas de audiencia de presentación e imputación de cargos, el tribunal dictaminó que los médicos sean juzgados en prisión.
Los detenidos fueron devueltos al calabozo del Cicpc de Guasdualito, mientras que sus compañeros de trabajo acordaron continuar con las manifestaciones por su liberación.
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