De acuerdo a denuncias de pacientes recabadas por parte del médico Alexis Galindo, especialistas del hospital José Antonio Páez de Guasdualito, estarían presuntamente cobrando entre 600.000 y 5.000.000 de pesos colombianos por los servicios prestados dentro del centro de salud. Galindo, quien trabajó en dicho hospital entre 2012 y 2018, sostiene que envió una carta al director del hospital, al alcalde y a la presidenta del instituto de salud del estado para notificarlos de la situación y pedir correctivos.
San Fernando. Al esposo de una parturienta, ingresada en el hospital José Antonio Páez de Guasdualito, le fue devuelto el kit de insumos médicos que compró para la cesárea de su esposa.
El médico tratante le dio el nombre y la dirección de un proveedor particular de esos insumos, que ni siquiera era una casa comercial y, le advirtió, que si no provenían de esa persona, no operaría a la parturienta.
La noticia se hizo viral la semana pasada en redes sociales de Guasdualito y San Fernando de Apure, tras la queja del esposo por la irregularidad y el doble gasto que debió realizar como consecuencia de ésta. Esta no es la única denuncia sobre cobros indebidos en el centro de salud pública de la capital del municipio Páez de Apure.
Alexis Galindo, médico especialista en Ginecología y Obstetricia, envió una carta al director del hospital José Antonio Páez de Guasdualito, José Quenza, el pasado 24 de febrero, en la que informa sobre el “cobro indebido, injustificado y delincuencial, que realizan un grupo de mercaderes de la salud a los que nuestra población ha llamado la ‘mafia de las batas blancas'”.
El ginecobstetra también envió copia de la misiva a José María Romero, alcalde de ese municipio y a Darling Marín, presidenta del Instituto de Salud de Apure, Insalud.
Abundancia de casos irregulares
En conversación con Crónica.Uno, Galindo explicó que es un especialista apureño que trabajó en el hospital de Guasdualito entre los años 2012 y 2018. Por la crisis migró a Colombia, donde labora actualmente.
No obstante, tiene un consultorio en Guasdualito donde realiza, lo que él llama Jornadas Solidarias Ecográficas “Un Día por Mi Pueblo”, en las que ofrece atención gratuita y exámenes en su especialidad a costos populares.
De estas jornadas, afirma, es donde obtiene la información que sustenta sus denuncias. Recalca que se animó a notificar e instar a las autoridades para que investiguen debido al número y recurrencia de las irregularidades con las cuales la población económicamente más vulnerable, asegura, es la más perjudicada.
En el desarrollo de las jornadas, las pacientes comentan, hablan con el médico. Hemos atendido 1400 pacientes, son 1400 voces, 1400 testimonios que de forma reiterativa coinciden en que les están realizando un cobro en el hospital José Antonio Páez, para recibir atención médica”, narra el galeno.
El hospital es una tienda
Debido a la crisis hospitalaria los pacientes deben comprar los materiales e insumos médicos para poder ser operados, situación que es aprovechada por algunos médicos del hospital José Antonio Páez, para justificar sus cobros indebidos. “El hospital es una tienda”, asevera el ginecobstetra.
Los sobrecobros por estos servicios médicos son en moneda colombiana. En Guasdualito, la capital, así como en todas las poblaciones del fronterizo municipio Páez, se usa el peso colombiano como moneda corriente para las operaciones de compra y venta de productos y servicios. Un peso es equivalente a 0,77 bolívares.
Los cobros, en diversas especialidades, oscilan entre 1.000.000 y 5.000.000 de pesos colombianos, equivalentes en moneda nacional a 1.298,87 y 6.493,50 bolívares, respectivamente.
Por una apéndice cobran entre un 1.000.000 y 1.200.000 pesos, por extirpar una vesícula cobran 1.400.000. Hay intervenciones en Traumatología que ameritan material de osteosíntesis y cobran 4.000.000, 5.000.000 de pesos colombianos. Las cesáreas oscilan entre 600.000 y 900.000 pesos. Muchas pacientes me escriben o me llaman para decirme que las ayude porque no tienen los 600.000, 900.000 mil pesos para una cesárea”, asevera Galindo.
De cobro indebido a estafa
Galindo narra, además, que “hay un anestesiólogo en particular que tiene eso como una tienda y oferta una fulana bomba del dolor por la cual le cobra a los pacientes 300.000 pesos. Él la pinta como una panacea, como si fuera una pócima mágica en el tratamiento del dolor postoperatorio”.
Según el especialista médico no se trata de ningún dispositivo mecánico sino del cóctel de medicamentos tradicionalmente usado por los cirujanos en su rutina del manejo del dolor postoperatorio, lo cual es vendido por el anestesiólogo como una novedad y con sobreprecio.
“Yo estoy creyendo que era una bomba analgésica, anestésica, que se usa en aquellos pacientes que reciben anestesia peridural a los cuales les dejan un catéter en el espacio peridural como si fuera una sonda, que queda externo al que le aplican una bombita y cuando el paciente tiene dolor, la aprieta y va pasando anestésico en todo su postoperatorio”, dice.
“La realidad es que él no utiliza esa bomba sino un cóctel de medicamentos que utilizamos todos los cirujanos en el manejo del dolor postoperatorio. El anestesiólogo lo que aplica son 2 ampollas de dipirona, una ampolla de diclofenac sódico y una ampolla de tramadol. Todo eso lo mezcla en una solución salina. Cobra 300.000 pesos, cuando la inversión, si él compra las ampollas, no debe llegar ni a 40.000 pesos, es una estafa lo que está haciendo”, continuó.
Fiscalías atentas a las mafias de la salud
Las denuncias sobre las presuntas mafias del hospital General José Antonio Páez, de Guasdualito, no son nuevas. El pasado jueves 07 de abril, Nicolás Maduro, se refirió a las “mafias de los hospitales” y prometió que recuperará estos centros de salud del país.
Antes, el pasado 13 de marzo, el fiscal general de la república, Tarek William Saab, emitió una orden a las fiscalías regionales del país sobre el tema.
“La instrucción es a todos los fiscales superiores de todo el país a que estén muy atentos de las denuncias de nuestros pueblos, porque eso atenta contra el pueblo más vulnerable sobre estos cobros irregulares e ilegales para una operación, una consulta, etcétera, en hospitales que son públicos, óigase bien, hospitales públicos”, instruyó Saab.
Entre instrucción e instrucción, la carta de Galindo, enviada a las autoridades regionales, el 24 de febrero de 2022, no ha tenido respuesta. Tampoco se ha conocido de investigaciones, que por noticia criminis haya instruido la Fiscalía Superior del estado Apure, basada en el vox pópuli sobre estos cobros indebidos.
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