Programa impulsado por el Ministerio de Educación busca “sustituir” al Ipasme

Ipasme - Ministerio de Educación

Gremios docentes consultados por Crónica.Uno enfatizaron en que el programa impulsado por el ministro de Educación no es algo nuevo. Alegaron que los beneficios que ofrece le competen al Ipasme, por cuyos servicios les descuentan un porcentaje mensual.

Caracas. ¿Por qué no se invierte para que el Ipasme (Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación), se le devuelva al magisterio?, se pregunta Raquel Figueroa, dirigente sindical del sector educativo.

A su juicio, el plan de atención anunciado por el ministro de Educación Héctor Rodríguez, el lunes, 23 de septiembre y cuyo  propósito es brindar atención para los docentes en áreas como salud, dotación de uniformes, vivienda, alimentación, becas para formación y créditos, pretende sustituir a la institución pública que ya se encargaba de otorgar esos beneficios.

La aplicación de este programa puede conllevarnos a una aplicación de privatización. Serán empresas privadas que pretenderán vender servicios de previsión social que ofrecía el Ipasme, critica Figueroa.

La institución pública, que cuenta con 68 unidades médicas distribuidas en distintos estados del país, tiene más quejas por su falta de funcionamiento, que servicios activos, de acuerdo con sus mismos empleados, quienes lamentan la debacle y evidente abandono en que se encuentran el Ipasme y sus empleados.

A pesar de que en 2021 Oswaldo Tona, quien ocupaba el cargo de presidente del organismo que presta servicio a los docentes adscritos al Ministerio de Educación, afirmó que todas las unidades estarían activas en un periodo máximo de seis meses, con el pasar de los años, la atención y los servicios activos han decaído. Los trabajadores califican este servicio como un “adorno”.

¿Algo nuevo?

Raquel Figueroa, quien también forma parte de la Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE), recuerda que el Ipasme se creó con un propósito similar al recién anunciado plan gubernamental. En ese entonces, también otorgaba financiamiento para la adquisición de línea blanca y vehículos.

Gracias a este beneficio muchos educadores y trabajadores públicos pertenecientes a otros entes ministeriales lograron equipar y tener su vivienda.

Aunque todavía existe, se perdió porque en la actualidad está funcionando casi a cuarta máquina por lo que fue creado. Han acabado con el Ipasme, recuerda la profesora.

En esa misma línea, señala que por las convenciones colectivas el magisterio gozaba de un seguro médico. El beneficio abarcaba desde hospitalización y cirugía hasta maternidad. Sin embargo, los educadores ya no cuentan con estos servicios, lo que ha significado una involución de sus derechos contractuales.

Foto referencial: Lucía Fernanda Ramírez
Beneficios perdidos

Cuando el propio Estado y el propio gobierno quieren impulsar una política privatizadora de los servicios sociales del trabajador, indudablemente el beneficio no va para el educador, afirma Raquel Figueroa.

Resalta que este programa no beneficiará a los educadores, sino a la banca y las empresas privadas que contrate la cartera ministerial.

Figueroa insiste en que serán los propios educadores que desde su “destruido salario” pagarán por estos servicios.

Tendrán un descuento doble porque se le descuenta por el Ipasme, a pesar que esta institución no está cumpliendo con lo que se creó. Es decir, para servir al magisterio, expone.

Lo que se espera

Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital (Sinvema DC), indica que los docentes solo quieren es un salario digno. Para esto lo devengan debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias de quienes se dedican a educar a las futuras profesiones del país.

De igual forma, insiste en que los docentes no quieren operativos médicos, sino un Ipasme que funcione y por el que les descuentan 6 % de su salario integral por mes.

Ahorita tenemos 923 días sin aumento salarial. La exigencia para (Héctor) Rodríguez  es que se siente nuevamente con las organizaciones nacionales para firmar un contrato colectivo que nos alcance para cubrir las necesidades básicas de nuestro núcleo familiar, ratifica.

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