El sociólogo e investigador, Blas Regnault, advierte que la nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada en marzo de 2026, altera el equilibrio fiscal y podría reducir la captación de ingresos del Estado de 61,5 % a apenas 17,5 % en escenarios extremos.
Caracas. Venezuela atraviesa una crisis institucional sin precedentes. Para que el petróleo funcione nuevamente como un motor de riqueza y bienestar es urgente recuperar la gobernabilidad y fijar reglas claras en el sector más importante de la economía nacional.
Así explicó el sociólogo e investigador del mercado petrolero, Blas Regnault, tras analizar el impacto de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, aprobada por la Asamblea Nacional en tiempo récord durante marzo de 2026.
“Venezuela no tiene el control pleno de la actividad petrolera debido al tutelaje implementado por Estados Unidos (EE. UU.) desde el 3 de enero. Mientras persista esta situación, el impacto real del crudo en la economía nacional dependerá, en gran medida, de las decisiones del gobierno de Donald Trump”.
Pérdida de control soberano
En un foro organizado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el especialista detalló que la crisis de gobernabilidad petrolera local se divide en dos fases: el período 2014-2019, marcado por un acelerado deterioro institucional y la imposición de sanciones; y de 2020 a la fecha, definido por la excepcionalidad, el otorgamiento de licencias y una nueva arquitectura en el sector.
“El resultado es la pérdida de control soberano sobre la propiedad de los yacimientos y la actividad productiva. A la histórica opacidad observada en el sector desde hace una década, se suma ahora un esquema donde la soberanía es negociable y ajustable de manera discrecional”.
Regnault aseguró que este escenario se sustenta en la vigente Ley de Hidrocarburos, cuya operatividad real es incierta, pues coexiste o es desplazada de forma selectiva por el mecanismo de control de ingresos ejecutado desde EE. UU.
Canales de participación nacional
Para comprender el impacto económico y social de la reforma, el investigador examinó cómo se modificaron las vías mediante las cuales la nación ha participado históricamente en el negocio energético.
El primer canal es el asociado a la titularidad de la nación sobre los yacimientos y se expresa principalmente en la regalía como forma de remuneración.
El segundo canal es el de la participación fiscal. Deriva de la potestad del Estado para gravar la actividad petrolera mediante impuestos, contribuciones y otras cargas públicas sobre ganancias, costos, deducciones y reglas contables.
El tercer canal es el de la participación accionaria o empresarial. En este caso, la remuneración se obtiene como inversionista o socio en la actividad productiva. Su expresión más clara son los dividendos o la participación neta que corresponde a Pdvsa o a la entidad estatal que intervenga en el negocio.
“La nueva ley altera el equilibrio entre estos tres canales, diluyéndolos a favor de los operadores privados y con efectos desfavorables sobre la porción del ingreso que queda en manos del Estado y la empresa pública”.
Caída del 61,5% al 17,5% de ingresos
El investigador reveló proyecciones que demuestran la magnitud de la reforma legal.
“Si tomamos como referencia una comercialización de 150 millones de barriles a un precio promedio de $60, el valor total facturado ascendería a $9000 millones. Bajo el esquema previo a la reforma, la captación pública total (regalías, impuestos y participación de Pdvsa) alcanzaría 5.535 millones de dólares; es decir, 61,5% del valor bruto. Bajo el escenario extremo que permite la nueva ley, esa captación caería a 1.576 millones de dólares, apenas el 17,5% del total”.
Esta severa contracción presupuestaria equivale, de forma ilustrativa, a perder los recursos necesarios para financiar entre 60 y 70 hospitales medianos, o cerca de 500.000 aulas de educación básica, bajo estándares internacionales de costo.
Tres condiciones para la recuperación
Regnault asegura que la vulnerabilidad actual de Venezuela frente a los intereses energéticos globales es el resultado de la ineficiencia gerencial interna, las sanciones unilaterales y la pérdida de mercados.
Aclaró que recuperar el sector no implica aislamiento ni volver ciegamente al modelo del pasado, sino restituir el vínculo entre la propiedad del recurso, la regla pública y la captación responsable de la renta.
“Para resolver la crisis de debe exigir transparencia absoluta. Es imperativo auditar precios netos, descuentos, regalías, proyectos de inversión y el destino de los fondos. Sin esto, solo se reanudará la extracción sin contraloría social”, precisó.
Añadió que se debe retornar a reglas generales inteligibles.
“El diseño de la política petrolera debe ser público y debatido formalmente en la Asamblea Nacional, evitando la discrecionalidad actual. También se debe conectar el ingreso con la legitimidad social. Los dividendos de la actividad petrolera deben traducirse directamente en salarios dignos, servicios públicos eficientes, estabilidad monetaria y bienestar colectivo”, expresó.
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