Un operativo a las 2:00 a. m., un calabozo oscuro y una carta de su madre marcaron el encierro de Fernando Serrano, detenido en el estado Bolívar en un contexto de represión política tras las elecciones presidenciales de 2024. Su testimonio expone opacidad judicial y el impacto del miedo en su familia.
Puerto Ordaz. Fue a las 2:00 a. m. del 18 de julio de 2025 cuando funcionarios del Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET ) del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana llegaron a su residencia en Puerto Ordaz, estado Bolívar, al sur del país. Fernando Serrano recuerda que eran entre 40 y 50 policías encapuchados, con excepción de uno.
Abogado y dirigente sindical de Venalum, empresa estatal productora de aluminio, su nombre ya circulaba entre trabajadores y espacios de organización laboral, lo que lo había convertido en una figura reconocible dentro de su entorno.
Serrano es conocido precisamente por su lucha sindical como dirigente de Venalum, así como por su activismo político en exigencia de mejoras salariales para los trabajadores. Ese perfil lo llevó a sumarse a la lista de presos políticos en Venezuela en el contexto postelectoral.
En ese contexto, marcado por denuncias de persecución contra activistas, su caso se insertó en una dinámica más amplia de detenciones vinculadas a la disidencia.
Esa noche, su familia atravesaba otro momento difícil. A su cuñada le habían diagnosticado cáncer. Cuando llegaron a detenerlo, ya estaba dormido.
Su esposa lo despertó para advertirle que la casa estaba rodeada de policías que preguntaban por él. La escena, que comenzó como una irrupción policial, se superponía así a una situación familiar ya atravesada por la angustia.
Una larga noche
Los uniformados aseguraron tener una orden de captura que, aunque mostraron en papel, no le permitieron leer para verificar su veracidad, una práctica que limita el derecho a la defensa y a conocer las razones de la detención.
Solo insistieron en que debía acompañarlos. Sin margen para cuestionar el procedimiento, la detención se ejecutó de inmediato, lo que marcó el inicio de un proceso que, desde ese momento, quedaría signado por la opacidad.
Lo trasladaron a la sede de la División de Investigación Penal (DIP), donde lo sometieron a horas de interrogatorio en las que le insistían en que “confesara”. El paso de la detención al interrogatorio ocurrió sin explicaciones claras sobre los cargos, en una transición abrupta que reforzaba la incertidumbre sobre su situación.
“Me decían que hablara claro, que confesara. Yo respondía: ‘soy abogado, todo lo que hago es legal, no tengo nada que confesar’. No fue sino hasta la mañana cuando un funcionario me dijo: ‘estás aquí por político’”,
relató Serrano.
Durante los interrogatorios le mostraron fotografías de conocidos, entre ellos dirigentes sindicales, miembros de la Comisión de Primarias en Bolívar, organismo ciudadano que participó en la organización de elecciones internas de la oposición, y una periodista, para intentar vincularlo con supuestas acciones delictivas.
El patrón, según su testimonio, apuntaba a construir asociaciones a partir de vínculos personales más que de hechos concretos. “Decían que eso era asociación para delinquir, que nos reuníamos. Solo por conocer personas”, agregó.
La realidad del encierro
La noche siguiente fue trasladado a un calabozo de aproximadamente 1,20 metros de ancho por 2,5 de largo. Al ingresar, tomó conciencia de su nueva realidad. El cambio de un espacio de interrogatorio a uno de reclusión, un área de detención preventiva de condiciones generalmente precarias, marcó un quiebre en su percepción del proceso: ya no se trataba solo de responder preguntas, sino de asumir el encierro.
“Era totalmente oscuro, lleno de plagas. Cuando escuché los candados cerrarse, me derrumbé”, recordó Serrano como uno de los momentos más duros de su vida en el que, agrega, lo único que hizo fue orar.
En la pared del calabozo encontró una frase que decía: “Dios es bueno”, y a esas palabras se aferró emocionalmente. Ese hallazgo, en medio de condiciones adversas, funcionó como un anclaje simbólico durante los primeros momentos de reclusión.
Su caso no fue distinto al del resto en cuanto a las irregularidades de su detención y la de sus otros dos compañeros, Ángel Rivas y Fidel Brito. El primero, esposo de la presidenta del Colegio de Enfermeras en Bolívar, gremio que agrupa a profesionales de la salud en la región, fue detenido al día siguiente.
El segundo es presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar, organización sindical que reúne a distintos sectores laborales, a quien apresaron días antes de las elecciones municipales de 2025. Los tres casos, aunque con particularidades, comparten un mismo contexto de detenciones vinculadas a liderazgos sociales y sindicales en la región.
Proceso irregular
Pasaron 23 días antes de ser presentado en una audiencia telemática, es decir, realizada de forma remota mediante conexión digital, a las 11:00 p. m. Lo acusaron de los delitos de asociación para delinquir, conspiración, incitación al odio, traición a la patria y complicidad con gobiernos extranjeros, figuras penales que suelen implicar penas severas dentro del sistema judicial venezolano.
La acumulación de cargos graves contrastaba, según su defensa, con la ausencia de elementos que los sustentaran.
“El defensor pidió libertad plena porque no había argumentos. El juez dijo que se apegaba a lo que decía el fiscal y ordenó que permaneciéramos detenidos 45 días más”,
explicó.
Después de esa audiencia no hubo más información. “Nunca más supimos del tribunal. Luego nos enteramos de que el fiscal y el juez habían sido detenidos por corrupción. Quedamos en el aire total”.
La falta de continuidad procesal, entendida como la ausencia de avances o comunicaciones formales del caso, profundizó la incertidumbre, dejando el expediente en una especie de limbo judicial.
El peso sobre la familia
Para Serrano, el mayor daño es el psicológico, no solo para quien está detenido, sino también para la familia. En su relato, el impacto del encierro trasciende lo individual y se extiende al entorno más cercano, configurando una experiencia compartida de angustia.
La comunicación con sus familiares era a través de papelitos que dejaban en la comida, un mecanismo informal usado en centros de detención para evadir restricciones de comunicación, con mensajes breves: “tu familia está bien”, “te amo”. Eso era lo que lo sostenía. Esos intercambios mínimos se convirtieron en un mecanismo de resistencia emocional frente al aislamiento.
Entre lágrimas, reveló uno de los momentos más duros que enfrentó durante su reclusión: “Mi mamá escribió que estaba hablándole a Dios… y que le ofrecía su vida a cambio de mi libertad. Eso te destruye y te levanta al mismo tiempo. Ahí entiendes que no eres solo tú el que está preso. Tu familia también lo está, desde afuera”.
El apoyo de su familia fue vital para resistir los casi ocho meses que estuvo detenido de forma arbitraria. Ese sostén afectivo aparece como uno de los pocos elementos de estabilidad dentro de una experiencia marcada por la incertidumbre.
La esperada libertad
La tarde del 2 de marzo de 2026 terminó ese sufrimiento. Primero llegó la boleta de excarcelación de Fidel Brito, documento judicial que ordena la liberación de una persona detenida.
Media hora después llegó la suya, con la noticia de libertad plena, lo que implica el cese de las medidas restrictivas sin condiciones adicionales. El desenlace, aunque esperado, se produjo sin explicaciones públicas sobre el proceso que lo mantuvo detenido.
Cuando lo llamaron, pensó que se trataba de otro interrogatorio. “Cuando me dijeron que me iba, no lo creía. Era demasiado después de todo lo que vivimos”.
Tras su liberación, Serrano confesó que el temor sigue presente, pero insiste en la necesidad de enfrentarlo. “El miedo está todos los días, pero hay que romperlo. Cuando lo superas, te llenas de esperanza”.
Esa tensión entre miedo y determinación atraviesa su testimonio incluso fuera del encierro. En su reflexión menciona que en Venezuela “no solo hay presos políticos. Hay presos por los salarios, por la salud, por no poder acceder a derechos básicos”, una forma de describir situaciones en las que las condiciones sociales y económicas limitan el ejercicio de derechos fundamentales.
Con esa afirmación, amplía el alcance de su experiencia individual hacia una lectura más estructural del país. Y sostiene que la solución pasa por el restablecimiento de la institucionalidad. “Hasta que no haya legalidad y respeto a los derechos, nadie va a invertir ni el país va a avanzar”.
Su historia forma parte de centenares de relatos distintos, pero con un mismo fondo. “Uno sale… pero una parte se queda allá adentro. Por eso hay que contarlo”.
El testimonio, en ese sentido, no solo reconstruye una vivencia personal, sino que busca inscribirse en una memoria colectiva sobre la detención y sus consecuencias, conectando el inicio, la irrupción en su vivienda, con una secuela que persiste incluso en libertad.
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