Autoridades confirmaron la muerte de cinco reclusos tras un motín en Yare III, en medio de versiones no aclaradas sobre lo ocurrido. El Ministerio de Servicio Penitenciario informó el deceso tras presión de familiares que exigieron fe de vida.
Caracas. Cinco reclusos fallecidos dejó como saldo el motín ocurrido el 20 de abril pasado en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III, ubicado en el estado Miranda, en un hecho de violencia interna, cuyas circunstancias no han sido detalladas oficialmente.
El Ministerio de Servicio Penitenciario confirmó la información este martes, 21 de abril, a través de un comunicado, tras horas de hermetismo institucional sobre lo ocurrido dentro del recinto, sin precisar cómo se produjo el motín, término que alude a un levantamiento o alteración del orden por parte de los internos, ni las condiciones en las que se desarrollaron los hechos.
Las autoridades identificaron a las víctimas como:
- Matamoros, Matamoros Keivin Eduardo
- Córdoba García Eliecer José
- Ramos Flores Erkin Josué
- Andrade Aguilar, José Pascual
- Jiménez Barrios, Jean Carlos
La publicación del reporte oficial se produjo este martes, luego de que decenas de familiares se concentraran a las afueras del penal para exigir información sobre la integridad física de los privados de libertad, personas detenidas bajo custodia del Estado, en medio de la falta de datos oficiales sobre posibles heridos o el estado general de la población reclusa, el conjunto de internos que permanece en el recinto.
El Centro Penitenciario Región Capital Yare III forma parte del complejo penitenciario de Yare, un conjunto de cárceles ubicado en el estado Miranda, cercano a Caracas, donde se concentran distintos centros de reclusión bajo administración estatal, aunque en esta nota no se incluyen antecedentes específicos recientes por falta de datos confirmados en la información disponible.
Protesta y silencio oficial
Con pancartas y consignas, los manifestantes golpearon los portones de hierro, las estructuras metálicas que delimitan el acceso principal al penal, para exigir a la administración penitenciaria una “fe de vida”, expresión utilizada por familiares para solicitar confirmación de que una persona detenida se encuentra con vida.
La protesta se inició ante las versiones extraoficiales que circularon desde el fin de semana sobre una presunta reyerta, con múltiples heridos y muertos, aunque las autoridades no han aclarado si estas versiones coinciden con el hecho confirmado oficialmente.
La suspensión de las visitas, medida que implica la interrupción del ingreso de familiares al recinto, y el despliegue de un cerco de seguridad alertaron a los allegados sobre un posible enfrentamiento entre presos comunes el 19 de abril pasado.
Para los familiares, esto último sugiere que los hechos pudieron iniciarse un día antes de la fecha confirmado oficialmente, sin que exista hasta esta publicación una reconstrucción detallada de la secuencia de eventos.
Pese a la movilización policial en el recinto, la directiva del penal mantuvo silencio frente a las solicitudes de información de las familias, sin ofrecer reportes oficiales oportunos sobre la situación interna.
No fue sino hasta la noche del 20 de abril cuando el Ministerio Público, institución encargada de la acción penal y la investigación de delitos en el país, anunció, a través de sus redes sociales, el inicio de una investigación para esclarecer los hechos.
En el comunicado no ofrecieron detalles sobre responsables, número de heridos ni control actual del penal tras el incidente, lo que deja abiertas interrogantes sobre las condiciones de seguridad dentro del recinto y las posibles consecuencias del caso.
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