Henry Salazar, Roberto Campero y Yarely Reina se mantienen en actividad política para lograr una transición en Venezuela. Los expresos políticos no olvidan a su compañero Carlos Tovar, quien sigue detenido desde el 2024.
Maracay. Ni los muros ni los meses de encierro doblegaron la postura de Henry Salazar, Yarely Reina y Roberto Campero. Los dirigentes de Vente Venezuela, en el estado Aragua, fueron víctimas de persecución política entre 2024 y 2026, y ahora retoman su labor pública con la mirada puesta en un solo objetivo: la transición democrática.
A pesar de que sufrieron el rigor del encierro por sus ideales, los expresos políticos coinciden en que la reconstrucción del país pasa por devolverle la dignidad al ciudadano, para garantizar un entorno donde los derechos fundamentales se respeten sin distinción
Yarely es la coordinadora estatal de activismo de la tolda política. Sostiene que no sufrió una detención sino un secuestro el 9 de enero de 2025. Tras participar en una concentración, un grupo de civiles armados la interceptó mientras se dirigía al Mercado Libre de Maracay. Bajo amenaza directa la obligaron a subir a un vehículo para trasladarla a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), al norte de la ciudad.
“Ahí no tuve derecho a llamar a nadie, por eso digo que fui secuestrada. En la noche me metieron en un cuarto 1×1. Cuatro meses estuve en el Sebin sin ver la luz solar”.
Yarely, de 55 años de edad, es hipertensa severa, por lo que debía tomar medicamentos. Sin embargo, no siempre fue así, ya que los funcionarios dificultaban la entrega de los medicamentos.
Tras ser trasladada el 13 de mayo a la cárcel de La Crisálida, en Los Teques, Yarely fue sometida a una revisión corporal que incluyó el desnudo forzado ante la mirada de terceros. Para evitar la inspección intrusiva por parte de las custodias se vio obligada a pujar, un acto que califica como una profunda humillación.
Su madre, de 72 años de edad, también vivió humillaciones de este tipo. En más de una oportunidad vio a su familiar desnudarse en los días de visita.
“Muchas veces me tocó recibir a mi madre bajo un palo de agua. Le decía que cuando fuese así no se quedara, que me dejara las cosas y se fuera, pero ella me decía que no, que era el único momento que podía saber si yo estaba bien”.
Dentro del penal, las autoridades carcelarias obligaron a la dirigente de Vente en Aragua a escuchar canciones del oficialismo, retratar la imagen de Hugo Chávez y repetir sus lemas y consignas gubernamentales. Los custodios imponen esta rutina como parte del castigo por su activismo opositor.
“Es una incertidumbre estar adentro y más cuando se violentan todos los derechos. El cerebro maquinó tantas cosas que hubo un momento que decidimos ayudar a todas las internas. Allí se dieron cuenta que no éramos malas personas, sino dirigentes que siempre estábamos aportando al bien común”, comenta Yarely.
A la dirigente, quien enfrentaba cargos por terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad, la excarcelaron el 25 de diciembre de 2025. Su proceso judicial concluyó definitivamente tras decretarse el sobreseimiento de la causa bajo el amparo de la Ley de Amnistía.
Perdió más de 20 kilos en Tocorón
Henry Salazar, secretario ejecutivo de la dirección estatal de Vente, cumplió una detención entre el 9 de agosto de 2024 y el 8 de febrero de 2026. El dirigente denunció que vivió semanas “deplorables” en la cárcel de Tocorón, en Aragua, donde la preparación de los alimentos carecía de toda salubridad.
“Hubo momentos en el que tuvimos que comer carne molida con olores extraños y con residuos de los roedores. Bajé aproximadamente 20 kilos. Cuando me secuestraron pesaba 76 Kg. y llegué a pesar 59 Kg. en diciembre de 2024”, recalca.
Mientras que las autoridades de Tocorón califican el acceso a la comida como un beneficio, Henry sostiene que se trata de un derecho. A partir de enero de 2025, se permitió que su familia le suministrara insumos básicos como pan, aunque sin relleno. No fue sino hasta marzo cuando comenzó a recibir alimentos preparados directamente en su celda.
Aunque Henry descarta sufrir violencia física directa, relata cómo presenció los momentos en que los custodios golpeaban con bastones de madera y aplicaban descargas eléctricas a otros privados de libertad.
El 26 de noviembre lo trasladaron a la cárcel de Yare III, en Miranda, donde lo encerraron por 10 días en una celda de aislamiento sin ningún tipo de iluminación. La comida se la daban a través de una pequeña ventana.
El dirigente recuperó su libertad, junto con Roberto Campero, el 8 de febrero de 2026. Pese a recibir el beneficio de la amnistía, sostiene que el sistema vulnera sus derechos y que la ley ofrece un perdón limitado mientras aún se criminalice el pensar diferente.
“No debe redactarse una ley por adversar a un régimen. Hay ciudadanos y militares dignos que están privados de libertad solo por murmurar y no tienen un debido proceso”.
Extorsión
Entre siete y nueve funcionarios del Sebin marcaron con violencia la detención de Roberto Campero, coordinador de Asociaciones Ciudadanas, al golpearlo en su residencia aquel 14 de agosto de 2025. El dirigente sospecha que pasó sus primeras horas de cautiverio en la sede del organismo, aunque los funcionarios le impidieron confirmarlo visualmente porque estaba encapuchado.
Al día siguiente los funcionarios lo trasladaron a Caracas, donde pasó varios días en una “casa de resguardo”. Allí le exigieron dinero para retirarle los cargos que le imputaban.
“Me pedían 20.000 dólares para cumplir una condena de dos o tres años. Me negué porque no cometía ningún delito, solo por pensar distinto. Pasé seis días encapuchado en esa casa de resguardo”, dice Roberto.
Tras mantenerlo dos meses sin comunicación en El Helicoide, las autoridades lo recluyeron en Yare II, donde el dirigente convivió con una población penal de civiles, militares y personal de Pdvsa. El Ministerio Público lo acusó por los presuntos delitos de terrorismo, traición a la patria, legitimación de capitales y conspiración con países extranjeros.
“Me dieron una libertad condicionada. Tenía que presentarme cada 15 días en el tribunal. Se interpuso un recurso y fui beneficiado por la Ley de Amnistía”.
El exconcejal de Maracay relata que los presos políticos fueron obligados a entonar consignas oficialistas dos veces al día, a las 4:00 a. m. y a las 5:00 p. m. Quienes se negaban a repetir los lemas recibían, como castigo, un golpe con una tabla.
Valorar la libertad
Actualmente Yarely, Henry y Roberto valoran de forma distinta la fe, la libertad y la alimentación. Pese a las cicatrices emocionales, sostienen la convicción de que la lucha por un país libre debe continuar.
En la región, Vente Venezuela realiza un despliegue en los 18 municipios para consolidar sus estructuras y exigir elecciones. Los expresos políticos encabezan estas actividades como símbolos de resistencia y resiliencia.
Los dirigentes recuerdan que Carlos Tovar, coordinador de los motorizados de la tolda, permanece tras las rejas desde el 27 de junio de 2024. Los familiares del hombre, de 32 años de edad, exigen su liberación, pero el Estado aún no le otorga los beneficios de la Ley de Amnistía.
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