La ONG Provea aseguró que en la Fiscalía tienen la identificación de los funcionarios que participaron en el operativo policial, en el que fueron asesinadas al menos 23 personas. Familiares de las víctimas esperan que llamen a declarar a testigos en el Ministerio Público.
Caracas. Este 9 de junio se cumplen cinco meses de la masacre de La Vega, un operativo policial ejecutado en la parroquia del municipio Libertador, en el cual asesinaron a 23 personas, de acuerdo con datos de la organización no gubernamental Provea.
Entre el 8 y 9 de enero comisiones mixtas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se desplegaron en La Vega, presuntamente por la presencia de miembros de la megabanda de la Cota 905 que pretendían ganar terreno en esta comunidad.
Crónica.Uno conoció que desde finales de diciembre de 2020 presuntos aliados de Carlos Luis Revete, apodado el Coqui, tomaron sectores de La Vega como la calle Zulia, el sector El Carmen y Valle Alegre. Actualmente, los vecinos han observado cómo construyeron trincheras y garitas con tablas de madera en la montaña de estas zonas.
Desde lo alto de la comunidad se han enfrentado con los funcionarios y desde finales de marzo las balaceras han sido cada vez más frecuentes. Los vecinos aseguran que viven en zozobra, ya que temen ser heridos por una bala perdida o que haya un tiroteo y ellos estén en la calle.
Balas perdidas han entrado a casas en La Vega y zonas cercanas como La India, Montalbán y El Paraíso. Carros y vehículos también han resultado afectados por los proyectiles. Blanca Orellano, de 64 años, y Diego Alejandro Rivas, de 16 años, fueron asesinados por balas perdidas que recibieron en una balacera registrada el 24 de mayo.
Según cifras de Provea, al menos 23 personas fueron asesinadas y aseguran que es el operativo de seguridad ciudadana “con más víctimas en la historia de Venezuela”. Sin embargo, el Monitor de Víctimas identificó a 14 personas, a través del testimonio de familiares en la morgue de Bello Monte.
Se cumplen cinco meses de la Masacre de La Vega, donde 23 personas fueron asesinadas a manos de presuntos funcionarios de la PNB y FAES.
El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz @aruizddp, sigue guardado silencio cómplice junto a Tarek William Saab @MinpublicoVE
¿Qué pasó? Hilo ? pic.twitter.com/FQ6He45xzG
— PROVEA (@_Provea) June 9, 2021
Provea denunció que tras cinco meses de ese operativo el defensor del pueblo, Alfredo Ruíz, y Tarek William Saab, fiscal general de la República designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, guardan silencio.
A pesar de que los familiares de los fallecidos declararon en el Ministerio Público y solicitaron que citen a los testigos para que ofrezcan su testimonio, todavía esperan que los llamen. La organización asegura que ha podido identificar a los funcionarios que participaron en el operativo y la fiscalía tiene la identificación de los efectivos que actuaron.
La Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció que la masacre de La Vega es una de las operaciones policiales “más letales” y, de acuerdo con sus investigaciones, algunas personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
“Hemos recibido informes de que funcionarios públicos siguen incurriendo en prácticas que obstaculizan la rendición de cuenta por ejecuciones ilegales y que pueden revictimizar a los familiares que buscan justicia para sus seres queridos; esto incluye no entregar los certificados de defunción, cobrar por las autopsias, entregar los cuerpos en ataúdes cerrados, con la instrucción de que no se abran”, cita Provea a la ONU.
Irregularidades del operativo que tampoco se investigan
Provea denunció que en el despliegue policial los funcionarios asesinaron a algunas personas dentro de sus casas y en presencia de sus familiares. Algunas víctimas sufrieron por más de tres horas sin que les prestaran atención médica o les permitieran a sus parientes ayudarlos.
También aseguraron que algunos de los jóvenes asesinados fueron fotografiados antes de su muerte. “En al menos un caso los funcionarios enviaron a las familias fotos de las personas asesinadas a modo de burla”, dice la organización.
Las víctimas denunciaron que los policías robaron teléfonos, computadores y ropa de las viviendas. Asimismo, alteraron las escena del crimen, limpiaron huellas y lavaron las viviendas para evitar rastros de sangre.
Estas irregularidades tampoco han sido investigadas o mencionadas oficialmente.
Maduro culpa a la oposición de situación en La Vega
El martes 8 de junio el mandatario Nicolás Maduro replicó la denuncia hecha por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, de que el partido político Voluntad Popular está implicado en las balaceras de La Vega.
Maduro dijo que hay una investigación en proceso y que en las próximas horas se tomarán acciones concretas para detener el supuesto plan de violencia en Caracas.
El pasado 26 de abril el comisario Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se refirió a la actuación de la megabanda de la Cota 905. Contó que estaban en conversaciones con miembros de estos grupos delictivos para que entregaran sus armas y depusieran su actitud hostil.
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