El estudio hecho por Cecodap entre el 17 y 21 de agosto en 13 oficinas del registro civil demostró que no se está garantizando el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes durante la cuarentena por COVID-19 en el país, y si no se adoptan medidas urgentes se podría incrementar la cantidad de menores de edad no identificados.
Caracas. El registro civil no constituye una prioridad para el Estado en el contexto de la pandemia. Bajo esa afirmación Cecodap reveló en su último informe sobre el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes que 62 % de las oficinas consultadas del registro civil en Caracas y Miranda estaban cerradas una vez que se incorporaron en el plan de flexibilización y el 100 % no tiene material informativo dirigido especialmente a padres.
La Ley Orgánica del Registro Civil establece que deben inscribirse en estas oficinas actos y hechos jurídicos que inciden en la identificación de las personas, su estado civil o sus relaciones familiares. Sin embargo, el estudio hecho por Cecodap entre el 17 y 21 de agosto en 13 oficinas del registro civil demostró que no se está garantizando esa afirmación para los ciudadanos, y especialmente para los niños, niñas y adolescentes durante la pandemia.
Las oficinas consultadas fueron: El Cafetal, Chacao, La Candelaria, Catedral, El Valle, Coche, San Juan, San Bernardino, El Paraíso, San Pedro, Santa Rosalía, Santa Teresa y el registro civil del municipio Sucre.
Carlos Trapani, coordinador de Cecodap, comentó este jueves 24 de septiembre durante la presentación del informe que 38 % de las oficinas estaban abiertas mientras que 62 % estaban cerradas y no obtuvieron información sobre cuáles eran los criterios para que unas estuvieran prestando servicio y otras no. Incluso, el Consejo Nacional Electoral (CNE), como ente rector de los registros civiles, se mantuvo en silencio, lo que creó mayor desinformación.
Es lamentable que a tantos meses de cuarentena no existan lineamientos que deban llevar de manera homogénea todos los registros civiles”, agregó Trapani.
Desde el viernes 13 de marzo, fecha en la que se anunció el estado de alarma en todo el territorio nacional por la confirmación de los primeros dos casos de COVID-19 en el país, varios organismos del Estado encargados de agilizar y legalizar documentos suspendieron la atención al público.
No fue hasta el sábado 13 de junio cuando la administración de Nicolás Maduro anunció 14 sectores que se sumarían al plan de flexibilización 7×7. Dentro de la lista están los registros y notarías en el horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, los días martes, miércoles y jueves.
Ese primer martes transcurrió con mucha confusión entre los usuarios e incluso salió una información falsa en las redes sociales sobre requisitos para los trámites que presuntamente había eliminado el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).
En la investigación de Cecodap pudieron evidenciar que en 10 oficinas (76,92 %) no tenían horarios especiales para la atención de trámites relacionados con niños, niñas y adolescentes. Solo en la oficina de San Juan dispusieron de lunes a miércoles para presentaciones de nacimiento desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 del mediodía, pero estaba estrictamente limitado a cinco personas por día, por orden de llegada.
La información plasmada en carteles en las puertas de las oficinas de registro civil en Caracas y Miranda no desarrolla diferencias en la atención de usuarios. El 100 % no tiene material con datos dirigidos especialmente a los padres. “Si estamos en cuarentena y restricción de movilidad, a los fines de garantizar prioridad, debe haber información para que los papás sepan todo sobre los trámites”, explicó Trapani.
En otros países del mundo se han adoptado medidas como oficinas móviles, correos electrónicos, números telefónicos y solicitudes online para garantizar el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes y así poder cumplir de manera efectiva con el distanciamiento social. En contraste, de las oficinas encuestadas por Cecodap, solo El Cafetal y Sucre tienen número telefónico. De resto, las oficinas que están ubicadas en Libertador y Chacao hacen referencia a las páginas web de cada municipio.
A la casi inexistente atención por canales digitales se le suma que el 100 % de las oficinas no dispone de todo el personal. Están trabajando entre dos y 10 personas en cada sede. El 100 % de las oficinas tampoco tiene plataformas en internet para registros de nacimiento, solo disponen de una red interna que suministra el CNE. Esto quiere decir que desde el año 2009 no se ha podido establecer adecuaciones tecnológicas del sistema, según explicó Trapani.
Aunque son menos los trabajadores que están asistiendo a las oficinas, las medidas de bioseguridad son insuficientes. En ocho oficinas el único protocolo que siguen es pedirles a los usuarios que entren con tapaboca y guantes. En cuatro oficinas, como es en el caso de Santa Rosalía, usan atomizador para rociar alcohol en las manos antes de entrar y limpian diariamente las instalaciones.
Mientras los usuarios pueden ingresar a las oficinas deben esperar en la calle haciendo colas sin tomar medidas de distanciamiento, esto ocurrió incluso en semanas de cuarentena radical. Además, no se tomó ninguna medida de protección para los niños, porque simplemente no se les deja entrar en las oficinas. Algunos padres, por desinformación o porque no tienen con quién dejar a sus hijos, han tenido que entrar solos a la oficina y los menores no tienen una sala donde puedan esperar. Se tienen que quedar en la calle.
Trapani subrayó que esta situación genera mayor vulnerabilidad y aumenta los riesgos de los niños, niñas y adolescentes, porque el derecho a la identificación es trascendente para garantizar más adelante el derecho al nombre, a la identidad, a crecer y permanecer en el seno de una familia.
“Si no se adoptan medidas urgentes vamos a incrementar la brecha de niños no identificados”, sostuvo Trapani y también exhortó a que se tomen en cuenta los procesos de cedulación y pasaporte para niños, que son responsabilidad del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
Otras conclusiones de Cecodap
-La pandemia de COVID-19 representa un desafío no solo desde el punto de vista de la salud, sino también para la garantía y el ejercicio pleno de los derechos humanos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes.
-Las medidas sanitarias no pueden ni deben representar un obstáculo para que cada ciudadano pueda ejercer y exigir sus derechos.
-Los Estados, con mayor énfasis en contexto de emergencia, deben incrementar los esfuerzos para garantizar instituciones, mecanismos y recursos suficientes para la protección, más aún aquellos que involucran niños, niñas y adolescentes.
-En el contexto de la pandemia el registro civil no constituye una prioridad para el Estado.
-Resulta preocupante el silencio del CNE, como ente rector del Sistema Nacional de Registro Civil, sobre las pautas a seguir para garantizar la continuidad de los servicios de registro incluso en condiciones de cuarentena.
-A partir del monitoreo realizado no existen mecanismos efectivos que garanticen el registro civil como un servicio público esencial.
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