Venezuela es uno de los 33 países que necesitan asistencia exterior para garantizar acceso a alimentos, según la FAO y el PMA, porque la mayoría de la población no puede obtenerlos debido a los bajos ingresos en los hogares. En bodegas y abastos el gasto en alimentos aún suele ser mínimo entre quienes menos ganan, que además ven mermado lo que perciben.
Caracas. Diariamente, los pensamientos de Miria Santos, esté en casa o en el trabajo, se enfocan en dos cosas: si el dinero le alcanzará para comprar lo que necesita en su hogar y cuánto alimento podrá comprar en la semana con lo que le pagan por su trabajo.
Miria es empleada de limpieza en un centro comercial de Caracas. “Siempre me he dedicado a esto”, dice, y recuerda que hasta hace al menos una década podía permitirse llevar el plato resuelto de comida a su casa en Antímano, donde vive con su madre pensionada, su hermana y dos sobrinos.
Con ingresos de tan solo 60 dólares mensuales, condicionados a llegar a tiempo a su lugar de trabajo y no ausentarse para que no le descuenten el día, Miria debe rendir su dinero lo más que puede entre transporte, productos de higiene personal (cuando puede) y lo más importante y a donde va el grueso de lo que gana: la comida.
En su más reciente informe conjunto sobre alertas de inseguridad alimentaria, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) volvieron a calificar a Venezuela como “país con falta de acceso generalizada” porque la mayoría de la población no puede obtener alimentos debido a tener ingresos muy bajos con precios de mercado excepcionalmente altos.
Miria, por ejemplo, cuenta que en su hogar solo trabajan ella y su hermana, quien labora en el sector público y apenas logra llegar a $20 al mes juntando los bonos que otorga el Gobierno, por lo que en el mes su hogar de cinco personas solo cuenta con $80 “y eso se va en un momentico”, según cuenta.
Ya eso de comprar mucha comida quedó atrás. Hasta hace unos años no podíamos comer porque no había nada en los supermercados, ahora no podemos comer porque todo está muy caro y no alcanza la plata. Compramos puro de ‘a poquito’”, cuenta Miria.
El Banco Central de Venezuela (BCV) calcula que en 2021 los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 557,2 % (la tasa anual desde 2016) en un contexto en el que, si bien se espera que culmine la hiperinflación, la economía y los ingresos del Estado se redujeron más de 70 %, aumentando la precariedad laboral y la pobreza de ingreso y consumo en los hogares.
“El problema alimentario es muy complejo y el principal punto para mejorar la alimentación es el trabajo, se necesita poder generar fuentes de trabajo para que las personas puedan acceder a los alimentos”, dice a Crónica.Uno la coordinadora de investigación y docencia de la Fundación Bengoa, Maritza Landaeta.
La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), proyecta que 50 % de la población venezolana es económicamente activa, es decir, tiene más de 15 años y capacidad de trabajar, sin embargo, solo la mitad de esa cantidad está ocupada laboralmente.
Poquito para que alcance
En pequeños negocios de zonas de Caracas, principalmente populares, también se siente el efecto de la falta de dinero en los hogares. En el sector Las Casitas de La Vega, por ejemplo, las compras en bodegas y abastos suelen hacerse “graneaditas”, en pocas cantidades y principalmente de productos de bajo costo que rindan más.
Maikol, encargado de una bodega que empezó a funcionar durante la pandemia, cuenta que la gente mayormente va allí a comprar “solo lo necesario” para subsistir y que el bolsillo le pueda permitir. El gasto en alimentos es mínimo.
Las compras suelen ser pequeñas y productos específicos. Una o dos harinas, ‘un dólar’ de queso, cinco o siete bolívares de salchichas, ‘tetas’ de aceite. Muy pocas veces las compras son de más de tres o cuatro productos”, cuenta el encargado.
La falta de ingresos es tal que comerciantes de la zona coinciden en que el gasto en alimentos incrementa un poco cuando el Gobierno otorga bonos a través del sistema Patria, principalmente en aquellos negocios que cuentan con dispositivos Biopago, pues debitan automáticamente el monto de la billetera gubernamental.
Aún así, el consumo es ínfimo. José Rondón, dueño de un negocio de venta de frutas, verduras y hortalizas en Las Casitas, cuenta que allí llega gente que solo puede comprar un tomate, una cebolla o un “compuesto” de cilantro que cuesta Bs. 1.
Sale principalmente lo más barato, y aun así a veces les llego a fiar porque uno entiende la situación y son personas que uno conoce desde hace mucho tiempo”, dice.
A mayor proporción de gasto, mayor inseguridad alimentaria
Maritza Landaeta, de la Fundación Bengoa, señala que para medir o estimar el grado de inseguridad alimentaria en una población existen varias métricas, como el nivel de ingresos, el tipo de alimentos que consumen en los hogares, el acceso a los alimentos e incluso cuánto tiempo pasan las familias sin comer. “Cuando una familia tiene dos días sin comer, califica como inseguridad alimentaria grave”, ejemplifica.
Otra forma de medir la inseguridad alimentaria es a través del gasto en alimentos en función del ingreso. Landaeta señala que hogares que destinan entre 35 % y 40 % de sus ingresos a la compra de comida ya se encuentran en un grado leve de inseguridad alimentaria y la situación se agrava conforme aumenta esa proporción “porque invierten casi todo lo que producen en alimentos”.
Elba Quiñónes, por ejemplo, es madre soltera de dos y su gasto en alimentos no supera los $120 mensuales en comida, 60 % de lo que percibe como secretaria en un consultorio médico. “Compro lo justo, lo que sé que puede rendir una o dos semanas, pero apenas me pagan el salario tengo que dejarlo casi todo en el abasto que queda cerca de la casa, donde además es más caro”, cuenta.
La Encovi proyecta que 92,7 % de los hogares venezolanos padecen de inseguridad alimentaria, es decir, tienen algún grado de dificultad para acceder a los alimentos, mientras que 57,9 % se encuentra en inseguridad alimentaria moderada o severa. En Distrito Capital y Miranda, en al menos 4 de cada 10 hogares, hay inseguridad moderada o severa.
- Inseguridad alimentaria moderada: cuando sus miembros se ven obligados a modificar la cantidad o calidad de los alimentos.
- Inseguridad alimentaria severa: cuando sus miembros probablemente se han quedado sin alimentos, han experimentado hambre y, en las situaciones más extremas, han pasado varios días sin comer.
“En la medida en que te alejas de las capitales, se agrava la inseguridad”, resalta la investigadora de la Fundación Bengoa, quien concluye afirmando que un eventual crecimiento económico no tendrá impacto en la población más vulnerable si no va acompañado de reformas como la promoción de empleos y salarios de calidad o disminución de costos de producción y transporte de alimentos para reducir los precios al consumidor.
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