Al desconocer medidas cautelares para 14 servicios del J. M. de Los Ríos el Estado suma más muertes a su expediente

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En menos de una semana fallecieron cuatro pacientes. Tres niñas del servicio de Hematología y un niño de Oncología. Este hospital lleva cuatro días sin agua y son constantes las fallas de medicamentos.

Caracas. El pasado 20 de noviembre en las puertas del J. M. de Los Ríos, hospital sobre el cual pesan medidas cautelares, se escenificaba una protesta más debido a las fallas en los servicios. Los pacientes de Hematología llevaban la batuta.

Dos semanas antes también se había pronunciado un grupo. Pero ese 20 de noviembre, con sus gritos ahogados, el lamento que incluso compartían los médicos era que “los niños seguirán muriendo”. Un diagnóstico certero en vista de las precariedades del hospital.

En el servicio de Hematología son más las veces que no hay quimioterapias. En el laboratorio no tienen reactivos para los exámenes y ya cuentan cuatro días sin agua en la planta.

En menos de una semana tres pacientes murieron en Hematología sin la debida atención. Los médicos y las enfermeras hacen lo humanamente posible para darles calidad de vida. Sin embargo, no es suficiente. Dependen de los insumos y medicamentos. Por ejemplo, el quelante no se les suministran desde hace un año y así no pueden bajar la cantidad de hierro producto de las continuas transfusiones de sangre.

En Oncología también falleció un pequeño está semana.

Sobre el hospital J. M. de Los Ríos pesan medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las primeras en febrero de 2018 para el servicio de Nefrología, donde murieron 12 niños. Y desde el 21 de agosto de este año, esas recomendaciones de la CIDH se extendieron a 13 servicios más, entre ellos Hematología. Pero a la fecha, las autoridades han hecho caso omiso a las exigencias de la comisión.

Katherine Martínez, presidenta de la organización Prepara Familia —la cual junto con Cecodap, internacionalizó el caso del hospital pediátrico más importante del país—, dijo que es lamentable y dolorosa la inobservancia de las medidas por parte del Gobierno.

Ahora, el camino como defensores se le ha puesto más cuesta arriba, pues siguen murieron los niños. “Pero seguiremos en la lucha, ellos y sus familias no están solos”.

Lo que hace Prepara Familia en estos momentos es levantar los expedientes con los informes médicos y forenses de los casos, pues en los próximos días enviará un alerta a la CIDH y al Alto Comisionado de la ONU. Ya han tenido conversaciones con oficiales de esas instancias. No obstante, la rigurosidad de los casos amerita constancias certeras y certificadas.

Las madres y los médicos del servicio están consternados. Entre ellos la pregunta es quién será el próximo.

Martínez aseguró que no bajarán la presión y que seguirán mostrando las historias, que incluso bordan en una tela. Esos son los testimonios que mantienen vivas las voces que se dejaron de escuchar.

La abogada, al final, piensa que llegará la justicia y con ella la indemnización a las víctimas.

Ana Victoria, la niña que falleció este miércoles, estaba en la lista de los más de 40 casos que esperan por un trasplante de médula ósea.

Desde hace dos años esas intervenciones están suspendidas, y desde enero de este año el convenio que tenía el país con hospitales en Italia y España, en el marco del convenio de la Fundación Simón Bolívar de Pdvsa, también quedó en el aire.

Ana, al igual que muchos otros niños, tuvo una recaída que no resistió.

Las pequeñas que fallecieron el fin de semana pasado se contaminaron con bacterias. La más pequeña tenía un año y acababa de terminar un ciclo de quimioterapia.

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