La población de Los Pijiguaos, en el municipio Cedeño del estado Bolívar, se mantiene en zozobra por la disputa que mantienen miembros del ELN y disidentes de las Farc en la zona.
Ciudad Bolívar. En menos de 48 horas se ha denunciado la muerte de dos indígenas piaroas en el contexto del conflicto armado que mantienen, desde hace una semana, miembros del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La ONG Fundaredes confirmó el homicidio de Alberto González, perteneciente al pueblo indígena Hottuja (Piaroa) en el Alto Suapure, a quien hallaron enterrado cerca de su comunidad, Rimu Aje.
“La violencia y las incursiones de grupos armados estarían cobrando vidas inocentes, amenazas a la integridad y desplazamiento forzado de familias indígenas, obligadas a abandonar sus territorios ancestrales”, señaló Fundaredes.
Esta organización recordó que ha documentado y denunciado constantemente la expansión de estos grupos irregulares en Venezuela. Por ello, exigió al Estado proteger a las comunidades, investigar los crímenes y garantizar sus derechos humanos.
El asesinato de González se confirmó el martes, 10 de noviembre. Un día después, el periodista Fritz Sánchez se refirió a una segunda víctima: Alberto Tovar. Su muerte también se le atribuye al ELN.
Sánchez advirtió que la situación se ha agravado durante los últimos meses y que podrían existir otras víctimas cuyos asesinatos permanecen sin denunciar, debido al temor que sienten los habitantes frente a los grupos armados.
“Nadie en el pueblo habla. A las 6:00 p. m. todo el mundo está en sus casas. Más de una vez no hemos podido salir de planta o no bajamos al turno de la noche. Se mantiene una tensión porque hay casos de hijos de trabajadores secuestrados”,
comentó un habitante de la zona, trabajador de Bauxilum.
Con el término secuestro, el habitante alude a la captación de jóvenes que realizan estos grupos guerrilleros para incorporarlos a sus filas.
Para las comunidades indígenas, esto también ha significado restricciones de movilidad. Incluso hay desplazamientos forzados de familias piaroas que abandonan sus comunidades y territorios ancestrales para resguardar sus vidas.
Infancia vulnerada
La situación de violencia en Los Pijiguaos, asentamiento minero e industrial al oeste del estado Bolívar, también ha afectado a la población escolar. El 4 de noviembre se registró un tiroteo en las adyacencias de la Unidad Educativa Los Pijiguaos, ubicada en el sector Casco Histórico.
Fe y Alegría, una red educativa y de promoción social de la Iglesia católica, también alertó sobre la situación de la comunidad indígena eñe’pa de Las Bateas, una etnia autóctona de la región. Los habitantes reportaron la presencia de hombres armados que habrían tomado el territorio.
En un comunicado, la institución aclaró que su escuela en la zona no fue tomada por estos grupos. Sin embargo, precisó que las actividades educativas se suspendieron por razones de seguridad.
Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, organización no gubernamental centrada en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, advirtió que cuando una escuela deja de ser un espacio seguro, no solo se interrumpe el proceso educativo, sino que se altera una parte fundamental del desarrollo infantil.
“La escuela representa un entorno de aprendizaje, convivencia, socialización y protección. Es uno de los lugares donde los niños construyen relaciones de confianza, desarrollan su autonomía, aprenden a resolver conflictos y encuentran adultos de referencia fuera de su núcleo familiar”, explicó.
Trapani señaló que el derecho a la educación puede verse vulnerado incluso cuando las instalaciones escolares no las ocupan grupos armados. Indicó que las amenazas, las restricciones de movilidad y la paralización de actividades educativas también impiden garantizar el acceso y la continuidad escolar.
Advirtió que la exposición prolongada a situaciones de inseguridad puede generar miedo, alteraciones del sueño, dificultades de concentración e irritabilidad, además de retrasos en el aprendizaje por la interrupción de las clases.
Captación de adolescentes
El representante de Cecodap alertó, además, sobre los riesgos de captación y utilización de adolescentes por parte de grupos armados.
Explicó que estas prácticas no necesariamente comienzan con la entrega de armas, sino que pueden desarrollarse progresivamente mediante ofrecimientos económicos, amenazas o la asignación de tareas como vigilar caminos, transmitir mensajes y transportar materiales.
También señaló que el desplazamiento de las familias indígenas puede provocar la pérdida de vínculos afectivos, referentes de protección y condiciones de estabilidad.
Trapani sostuvo que el Estado debe actuar de manera preventiva y no esperar a que un niño sea reclutado, agredido o desplazado para activar los mecanismos de protección.
