Según cifras gubernamentales al menos 1000 personas detenidas, entre el 29 y el 30 de julio, y las primeras semanas de agosto, tras las protestas en rechazo a los resultados de las elecciones del 28 de julio, siguen a la espera de ser excarcelados.
Caracas. Desde hace seis meses, Karyn, a quien le imputaron los delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria, debe amamantar a su hija en la celda de un comando del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), donde comparte con presas comunes.
“Hay quienes se meten con ella. Le dicen que sus hijas la van a olvidar, que se va a quedar 30 años allí, y otras cosas, para hacer que ella se moleste”, cuenta José Gregorio Bastidas, padre de Karyn, detenida en el contexto de manifestaciones poselectorales.
Karyn Greimar Bastidas fue detenida el 2 de agosto de 2024 por funcionarios del Conas, mientras se dirigía a un abasto cerca de su casa, en Barquisimeto, a comprar refrescos para la celebración del primer cumpleaños de su hija.
Los funcionarios subieron a Karyn a la patrulla, aunque la madre tenía sujetada de las manos a sus dos hijas. Las niñas, de siete u un año, quedaron solas en una bodega que estaba en la misma calle.
“A mí me avisaron que estaban allí y fui lo más rápido que pude”, recuerda José Gregorio Bastidas, padre de Karyn, de 31 años de edad.
Cuando llegó, casi 20 minutos después, sus dos nietas lloraban sin entender lo que sucedía.
Karyn está presa por publicar mensajes en contra del Gobierno, en los estados del servicio de mensajería WhatsApp.
Hace seis meses, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, se generaron protestas en rechazo a los resultados que emitió el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron como ganador a Nicolás Maduro.
De acuerdo con el mandatario se registraron más de 2000 detenidos tras las manifestaciones en todo el país.
Anhelo urgente
El padre de 60 años, junto con su esposa, a quien recientemente la operaron de cáncer de mama, quedó a cargo de sus nietas, así como de otros gastos personales con los que Karyn los ayudaba.
Por eso se ha visto obligado a vender varias cosas de su hogar y su vehículo.
“Yo solo cuento como mi jubilación. Lo que gano no es mucho y el gasto para venir a Caracas a entregar papeles al ministerio, así como el resto de cosas de la casa, es muy grande”, manifiesta sobre el pasaje a la capital, en los que gasta 30 dólares, adicional a las copias que le piden en la fiscalía.
Por su hija y su esposa, José Gregorio intenta ser lo más fuerte posible y hacer caso omiso a los dolores que le causa su osteoporosis crónica. Sin embargo, cuando ya no puede más, las lágrimas toman el control, acompañadas del anhelo de ver a su única hija en libertad.
Después de la visita reglamentaria de los domingos espera con ansias que esa sea la última. Añora que la próxima noticia es que su hija forme parte de las cifras de excarcelados publicadas por el fiscal, designado por la extinta ANC, Tarek William Saab.
1896 personas fueron excarceladas, bajo medidas cautelares, hasta el 24 de enero de 2025, según un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del Ministerio Público.
Un retroceso
“Yo lo que hago es que la engaño. Le doy una franela usada de su mamá ese día y se queda tranquila”, dice José Gregorio sobre su nieta de un año. Cuando la estrategia no funciona, la niña llora durante horas mientras llama a su mamá.
Una de sus preocupaciones más grandes es su nieta de siete años, porque en estos seis meses mostró cambios de actitud.
“Nosotros hemos tenido que llevarla al psicólogo porque el retroceso ha sido demasiado grande. La niña inclusive empezó a tartamudear”.
La salud de Karyn también empeoró porque sufre de la columna, presenta hinchazón en las piernas y un brazo con limitaciones en su movilidad. Además tuvo un descontrol en su ciclo menstrual, diarrea y escaras por dormir en una colchoneta en el piso.
“Cuando les he pedido pasar otra colchoneta, me dicen que no porque eso no es un resort”, lamenta su padre.
Seis meses
“Móntate que eso es solo un momentico”, le dijeron funcionarios de la Guardia Nacional (GNB) a Daniel Jesús Acacio Coello, quienes el 29 de julio le pidieron sus documentos como parte de “un proceso de rutina”.
El joven, de 26 años, caminaba junto con sus amigos después de comer perros calientes en un puesto de comida, en el municipio Juan José Mora, del estado Carabobo.
Cuando su madre, Luz Coello, llegó al centro de detención, le dijeron que al día siguiente Daniel estaría en libertad.
“Ese día se convirtió en seis largos meses en los que mi hijo ha perdido parte de su vida”,
expresa.
Desde entonces, Daniel está recluido en el Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón, en donde cada 15 días le pregunta si hay algún avance o buena noticia.
Cada vez que Daniel ve salir a alguno de sus compañeros se alegra, pero también siente desespero porque quedan menos los detenidos y que él sigue ahí.
“Él ya no es el mismo. Mi hijo está demasiado delgadito y da miedo que una fiebre o una diarrea se pueda convertir en algo grave. Su condición física no lo va a hacer soportar”, dice Luz.
Una de las mayores quejas de la mujer, de 64 años, es que a su hijo lo acusan de participar en actos relacionados a las protestas poselectorales y en el municipio donde ambos residen, no hubo disturbios políticos, ni fallecidos por ello.
Protestas poselectorales
Desde el 29 de julio, un día después de las elecciones presidenciales, personas en distintos estados del país salieron a las calles para protestar en contra de los resultados de los comicios electorales.
Ese mismo día iniciaron las detenciones por parte de distintos cuerpos de seguridad del Estado a quienes manifestaron su oposición al gobierno de Nicolás Maduro.
Y, aunque la protesta pacífica forma parte de los derechos constitucionales, las autoridades apresaron a muchas personas que no participaron en estos actos. Les imputaron por cargos como terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.
También fueron inclulpados por este tipo de delitos personas a las que se les encontró contenido en contra del Gobierno en sus teléfonos celulares.
Sus familias, desde hace seis meses llevan pruebas, como fotos, videos y todo lo posible para demostrar la inocencia de sus detenidos. Pero no tienen respuesta. Tampoco obtiene información de las denuncias sobre torturas y violaciones de distintos derechos humanos de los privados de libertad.
Las excarcelaciones
Desde el 16 de noviembre, día en el que el Ministerio Público dio a conocer que por sugerencia del gobernante Nicolás Maduro iniciaron un proceso de revisión de casos, empezaron las primeras excarcelaciones. Estas se vieron paralizadas durante las últimas semanas del mes de diciembre y se retomaron en las primeras semanas de 2025.
Las cifras gubernamentales, cuyo primer reporte arrojó que unas 2400 personas habían sido detenidas por participar en las manifestaciones, demuestran que al menos 1000 personas continúan detenidas por razones políticas asociadas a las protestas llevadas a cabo entre el 29 y 30 de julio.
La cifra incluyó el encarcelamiento de adolescentes del sexo masculino, femenino, adultos mayores, mujeres y hombres de distintas edades.
A otras fueron las buscaron hasta sus casas durante operativos de la denominada operación “tuntun”, bajo la que se ejecutaron cabo detenciones entre agosto y septiembre.
Durante este lapso de tiempo también se han visto afectados políticos que militan con partidos opositores, líderes de ONG, así como periodistas que cubrieron temas poselectorales.
Lea también:
Abusos policiales a la orden del día en alcabalas y puntos de control policial