Venezuela dejó de pagar a los bonistas en 2017 y en octubre vence el plazo de prescripción. El proyecto de acuerdo del Parlamento opositor busca evitar que los acreedores demanden a Venezuela por impagos de más de $60.000 millones y se asimila a la extensión propuesta por el Gobierno en marzo pasado.
Caracas. La Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, de mayoría opositora, aprobó este martes, 8 de agosto, extender hasta 2028 el plazo de prescripción de los bonos emitidos por Venezuela y la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), a pocos meses de que perdieran vigencia.
El monto de las obligaciones de Pdvsa y la República con los bonistas supera los 60.000 millones de dólares y el gobierno de Nicolás Maduro dejó de pagarlos a finales de 2017, por lo que el período de prescripción de seis años estaba por expirar.
Al retrasar el plazo de prescripción, el Parlamento –único poder reconocido por el gobierno de Estados Unidos– busca evitar que los acreedores demanden al país por impagos, ganar más tiempo para una posible reestructuración de la deuda venezolana y no sumar un escollo más a la protección de activos en el exterior.
El proyecto de acuerdo aprobado por la AN-2015 suspende y difiere hasta el 31 de diciembre de 2028 “todo lapso de prescripción y/o caducidad que de conformidad con las leyes de Nueva York de los Estados Unidos de América sean aplicables a los bonos emitidos legalmente por la República Bolivariana de Venezuela”.
Asimismo, insta a los tenedores de bonos venezolanos a no ejercer acciones judiciales para así contribuir con un “proceso ordenado y equitativo” de reestructuración y pago de la deuda. El acuerdo, sin embargo, aún debe ser respaldado por el gobierno de EE. UU. para que surta efecto, según las leyes de ese país.
La AN opositora es el único órgano con autorización de EE. UU. para negociar cualquier pago de la deuda externa venezolana con los acreedores. Según información reportada por la agencia Reuters, el Parlamento planea proponer un plan de negociación a los bonistas similar al presentado este año por el Gobierno.
Similar a la propuesta del Gobierno
En marzo pasado, Pdvsa anunció la suspensión unilateral del período límite de prescripción de varios bonos por cinco años o hasta 90 días después de que EE. UU. levante todas las sanciones contra la compañía y las acciones que impiden reestructurar la deuda.
A mediados de mayo, un grupo de acreedores –con posesión de más de $10.000 millones en bonos venezolanos impagos– instó a la AN-2015 a respaldar la propuesta de Pdvsa y el gobierno de Maduro, con el fin de “prevenir complicaciones legales y perturbaciones económicas” al evitar más litigios en contra de la República.
Ese mes, el Parlamento opositor recibió una licencia del Departamento del Tesoro estadounidense que le permite llevar a cabo acuerdos de conciliación de deuda del gobierno o Pdvsa y designar a personas o entidades para liderar esas negociaciones. La licencia era necesaria dado el vacío de poder provocado por la disolución del gobierno interino de Juan Guaidó, único reconocido como representante legal de Venezuela ante EE. UU.
La ausencia de un Gobierno reconocido creó un impedimento legal para diferir la prescripción de la deuda de bonos de casi 60 mil millones de dólares, que comenzará en octubre”, dijo recientemente el abogado administrativo, José Ignacio Hernández, en su blog personal.
La medida de la AN-2015 “se anticipa a los riesgos sobre la prescripción de la caducidad de los bonos” en un momento en el que la República ya enfrenta varios litigios que tienen en riesgo las acciones de Citgo, filial de Pdvsa en EE. UU.
En 2016, el gobierno de Maduro emitió más de 1000 millones de dólares en deuda a través de bonos de Pdvsa con vencimiento en 2020 y puso como garantía el 50,1 % de las acciones de Citgo, por lo que el impago de la deuda haría que los tenedores se queden con el control mayoritario de la compañía.
Desde marzo de 2019, el Tesoro estadounidense ha emitido licencias que impiden que los tenedores de bonos Pdvsa 2020 actúen en contra de Citgo, se embarguen o vendan sus acciones. La última, emitida en julio, está vigente hasta el 20 de octubre de este año.
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