AN declara nula a la “ley antibloqueo” y advierte que su aplicación es ineficaz

La AN desconoció la “ley antibloqueo” excepto la parte que abre una pequeña rendija para la devolución de bienes expropiados de forma inconstitucional. Se abrirá una investigación para determinar responsabilidades penales por la promulgación y aplicación del instrumento. Alertan que todo el que realice acuerdos amparado en dicha normativa podría estar incurso en hasta cinco delitos.

Caracas. La Asamblea Nacional (AN) declaró nula la “ley antibloqueo” que la Constituyente ilegítima —así calificada por la Unión Europea— validó la semana pasada. El instrumento, cuestionado en primer lugar por chavistas descontentos con la gestión del PSUV, amplía aún más los poderes que el decreto de estado de emergencia y las sentencias de la Sala Constitucional del TSJ le han venido concediendo a Nicolás Maduro durante los últimos cuatro años y medio.

Mediante un acuerdo aprobado en la sesión ordinaria semipresencial de este martes, la mayoría opositora denunció que el instrumento permite al Ejecutivo “celebrar actos y negocios jurídicos para los cuales no es competente”; “ejercer mecanismos de financiamiento al margen de los principios de control fiscal”; “evadir la normativa presupuestaria aplicable al ejercicio del poder público” y “reorganizar inconstitucionalmente y de facto” la administración pública en todos sus niveles.

Asimismo, advierten que la norma promovida por Maduro “crea un marco normativo autocrático” que permite la continuidad de la violación de los derechos humanos económicos, otorga poderes excepcionales que exceden los previstos en caso de estados de excepción y le otorga al Ejecutivo el poder de desaplicar normas de rango legal y sublegal.

El acuerdo

Los diputados reiteraron que la ANC es “fraudulenta e inexistente” y sus “actos son ineficaces” y en tal sentido procedieron a desconocer en todas sus partes la denominada “ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos”.

Igualmente, aprobaron iniciar una investigación para determinar a los responsables civiles, administrativos y penales por la promulgación y aplicación de la normativa, así como “advertir que toda persona, natural o jurídica, que realice acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento paralegal”, podría estar incurso en al menos cinco delitos:

  • Lesa patria.
  • Asociación para delinquir.
  • Aprovechamiento de bienes provenientes del delito.
  • Peculado de uso y doloso.
  • Aprovechamiento indebido de bienes públicos.
  • Otros delitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente.
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Un adefesio
iniciar una investigación
Diputado Alfonso Marquina (PJ) presentó el acuerdo en rechazo a la «ley» antibloqueo. Foto cortesía Prensa AN

Previo a la aprobación del acuerdo, los diputados de todas las fracciones opositoras expresaron su desacuerdo con el instrumento y coincidieron en calificarla de “adefesio”. El presidente de la comisión de Finanzas, Alfonso Marquina (PJ) aseguró que la pretendida ley “lo único que dice es que usted (Maduro) puede seguir saqueando a Venezuela sin rendir cuentas”.

Luis Stefanelli (VP) advirtió que la “ley antibloqueo” lo que hace en realidad es aumentar la vulneración del estado de derecho y la indefensión de ciudadanos e instituciones. “El régimen pretende ejecutar actos jurídicos a espaldas de la ley y en las sombras al declarar como secreto de Estado los actos que se ejecuten con motivo de la ley”, indicó. Alertó que se da carta blanca a la liquidación “mediante negocios turbios” de empresas quebradas por la mala gestión de Maduro.

Simón Calzadilla (Encuentro por Venezuela) resaltó que el texto no contiene las palabras “bloqueo” ni “antibloqueo” más allá del título porque (en el PSUV) “saben que el régimen de Nicolás Maduro está sancionado, mas Venezuela no está bloqueada” pues, a su juicio, si lo estuviera no podrían salir “tanqueros hacia Cuba ni avionetas llenas de oro”.

Omar Barboza (UNT) denunció que la “ley antibloqueo” pretende “dar apariencia legal a la disposición de los bienes de los venezolanos por parte de la cúpula del régimen” y hacerlo en secreto. Barboza desglosó algunos artículos (19, 22, 23, 25, 26, 27 y 31) y al contrastarlos con la Constitución dejó en evidencia la violación flagrante de principios como la independencia de poderes, la integridad de la Constitución, la unidad del Tesoro Nacional, el control parlamentario sobre los actos del Ejecutivo, los límites al endeudamiento y el principio de publicidad y transparencia de la función pública. “Esta ‘ley’ tiene el mérito de haber unificado a quienes queremos un cambio para rechazarla”, dijo Barboza.

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También intervinieron Williams Dávila (AD) y Carlos Bastardo (16-J). En líneas generales la transmisión de la sesión fue de muy mala calidad, lo que dificultó la cobertura remota de la prensa. A la plenaria fueron invitados de manera presencial representantes de distintos sectores que apoyan la convocatoria a la consulta popular, pero no fue invitada la prensa para dar cobertura al acto in situ.

Una excepción en el aire

Llama la atención que en el acuerdo aprobado este martes se incluye una excepción al desconocimiento de la «ley», que al parecer se refiere a un artículo que estaba contenido en el proyecto antibloqueo que circuló las semanas previas (artículo 27), según el cual el Estado podría devolver a sus propietarios originales bienes expropiados si demostraban dicha propiedad.

Al respecto el acuerdo dice: “Quedan a salvo de lo señalado anteriormente aquellos bienes producto de expropiaciones inconstitucionales que puedan ser objeto de devolución a sus propietarios originales, con consentimiento de estos”.

No obstante, el artículo señalado fue modificado en la versión final de la «ley» que aprobó la ANC y el mismo quedó redactado de forma tal que no se prevé la devolución plena de bienes sino que se establece la posibilidad de alianzas comerciales del Estado con otros actores respecto a dicha propiedad.

Dice el artículo 30 de la «ley antibloqueo» aprobada por la ANC: «Los activos que se encuentren bajo administración o gestión del Estado venezolano como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial restrictiva de alguno de los elementos de la propiedad, que sean requeridos para su incorporación urgente en un proceso productivo, podrán ser objeto de alianzas con entidades del sector privado, incluida la pequeña y mediana empresa, o con el Poder Popular organizado, a los fines de maximizar su aprovechamiento en la producción de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades fundamentales del pueblo venezolano o para mejorar la eficiencia de las empresas del sector público.

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comité organizador
De izquierda a derecha: Estefania Cervó, Enrique Colmenares, Carolina Jaimes, Blanca Mármol y Rafael Punceles; los otros dos integrantes del comité organizador se juramentaron virtualmente. Foto cortesía Prensa AN

Precisamente sobre la consulta popular, la plenaria autorizó a Guaidó para designar a los siete integrantes del comité organizador, quienes fueron juramentados en la misma sesión. Ellos son: Blanca Rosa Mármol, Enrique Colmenares, Estefanía Cervó, Rafael Punceles, Horacio Medina, Carolina Jaimes Branger e Isabel Pereira.

Los diputados también aprobaron un acuerdo “para la protección de los pueblos indígenas” con motivo de haberse celebrado el pasado lunes el 12 de octubre. Asimismo, dieron un debate sobre los reiterados ataques a los medios de comunicación, en referencia particular a la nueva arremetida contra el diario Correo del Caroní y la detención de su director David Natera por agentes del Sebin.

Por otro lado, la AN autorizó a Juan Guaidó para designar a Humberto Cuffaro Mejía como miembro y presidente de junta ad hoc del Bandes en sustitución de María Carolina González Hernández y a ampliar el mandato Alejandro Dávila Válery, representante diplomático del gobierno interino en Austria, para que sea concurrente también en Croacia, Eslovenia y Eslovaquia.

El diputado Julio Montoya (PJ) solicitó a la AN iniciar una investigación sobre los nuevos casos de corrupción de funcionarios y particulares venezolanos, que salieron a relucir en la nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas denominada Fincen Files, sobre movimientos financieros irregulares alrededor del mundo.

Foto principal cortesía Prensa AN


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