Empresarios y parlamentarios coincidieron en algunas propuestas. Por ejemplo, el diputado José Vielma Mora está de acuerdo con los empresarios en que la vigencia de las licencias sean otorgadas hasta por cinco años. El proyecto de ley la extendió de un año a dos. El diputado también apuntó que de 335 municipios serían al menos 100 los que cobran actualmente impuestos exagerados.
Caracas. A diferencia de las discusiones que se dieron en la Asamblea Nacional (AN) para reformar la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que no involucraron al sector privado, la consulta pública del proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios (Locat) sí los incluyó.
El IGTF aún resuena entre los empresarios del sector privado, tanto así, que este miércoles 7 de septiembre durante un encuentro con la Comisión de Economía y Finanzas fue uno de los temas que más llevaron a la mesa. Pero a pesar de este episodio, las cámaras y los diputados celebraron el diálogo, que pretende mejorar aspectos del proyecto de ley y frenar “los exabruptos” que se denuncian de ambas partes en materia tributaria.
Atrás quedó el discurso de confrontación que se manejó desde los gobiernos del expresidente Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro hacia el sector privado.
La aspereza viene tras el intento de sacar del poder a Chávez en abril de 2002, por lo que el gobierno abiertamente ha señalado a Fedecámaras de tener participación en la intentona, pues Pedro Carmona Estanga, para entonces presidente de esa instancia, se autojuramentó como mandatario de la República. Sin embargo, en momentos en que la economía se recupera el gobierno nacional ha dado un viraje no solo a sus políticas, sino también a su discurso.
Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario nacional, fue uno de los diputados que durante el encuentro en el salón protocolar del Palacio Federal Legislativo mostró un trato conciliador y hasta elogió a los representantes de las cámaras empresariales, al decir que luego de lo escuchado había aprendido más de economía que durante la carrera universitaria (es egresado de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada en Economía Social).
“Estoy muy contento de esta reunión porque Venezuela cambió y está cambiando para bien. Es un paso extraordinario que estas mesas incorporen las diversas visiones del sector empresarial, ahora entiendo un poco más la necesidad de esta ley para armonizar las regiones y municipios”, expresó Maduro Guerra.
A juicio del diputado por el PSUV, esta ley traerá “orden” y apuntó que la mesa de trabajo era “un gran mensaje” al país de “entendimiento” para avanzar en la recuperación económica, que distintas firmas estiman en un 10 % al cierre de año. “Diferencias siempre va a haber, pero lo importante es que esto nos permita establecer un orden, un mecanismo y un método”, dijo.
A pesar de que el gobierno Chávez-Maduro se ha definido desde siempre como un modelo socialista, incluso Hugo Chávez le puso la etiqueta de “socialismo del siglo XXI”. Este 7 de septiembre varios diputados se refirieron a la construcción de un modelo económico “mixto y plural”. Y celebraron la presencia de representantes empresariales de más de veinte cámaras regionales y nacionales.
Entre las figuras del sector privado estuvieron la abogada Eloína Pérez, en representación Fedecámaras; el presidente de Conindustria, Luigi Pisella; el abogado tributarista Leonardo Palacios en representación de Consecomercio, y gremios como Asoquim, Favenpa, Fedeindustria, Casetel, Nestlé, así como cámaras regionales.
Los representantes empresariales llevaron sus observaciones y sugerencias sobre el proyecto de ley. Conindustria, por ejemplo, propone que en el artículo 30 que establece una alícuota del impuesto municipal de 3 % de los ingresos brutos obtenidos por la actividad económica de industria, comercio, servicios o de índole similar, sea rebajado a 2 %.
El abogado tributarista y presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Leonardo Palacios, explicó que mientras las alícuotas que se fijen vayan de un mínimo a un máximo, como por ejemplo, del 1 % al 3 %, las entidades van a decantarse por la más alta. “Eso es así”, lapidó. No obstante, el especialista dijo que el proyecto de ley es “bueno”, pero también perfectible.
Una de las propuestas que hace Conindustria, según un documento al que tuvo acceso Crónica.Uno, es que para la creación del Consejo Superior de Armonización Tributaria se incluyan tres representantes del sector privado. Hasta ahora en el texto propuesto por la AN el Consejo Superior estaba conformado por: el ministro de Economía y Finanzas, la máxima autoridad del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), tres gobernadores y tres alcaldes.
Por su parte, la representante de Fedecámaras, Eloína Pérez, dijo que esta ley ha sido un clamor del sector empresarial por mucho tiempo, pues el tema se les volvió “prácticamente inmanejable” por la gran diversidad de criterios que hay en alcaldías y gobernaciones para establecer los tributos.
Luigi Pisella, presidente de Conindustria, celebró la invitación y recordó que en febrero no tuvieron la misma oportunidad con el IGTF, el cual indicó que se convirtió en un tributo progresivo y para las empresas no es precisamente del 3 %, sino que se va acumulando hasta llegar a 15 %-18 %.
“Tenemos unas observaciones que entregaremos para que las sometan a consideración. Creemos que esta ley va a contribuir con la situación, pero no es solo una cuestión de impuestos estadales o municipales, sino también del resto de impuestos que son sumamente altos”, manifestó el máximo representante del sector industrial.
El presidente de la comisión de Economía y Finanzas de la AN, Jesús Faría y también economista, reconoció que algunas alcaldías y gobernaciones “se han extralimitado con la aplicación de tasas”, que aseguró no se corresponden con el espíritu de este proyecto de ley.
“Tenemos la necesidad de crear un sistema fiscal que tenga lógica, pertinencia, racionalidad y que sea viable. Todavía no lo tenemos y por eso la necesidad de esta ley”, dijo Faría. La semana pasada el órgano también tuvo una reunión en la que participaron alcaldes y en la que el diputado hizo mención a que veían casos “inaceptables” en algunas partes.
Empresarios y parlamentarios coincidieron incluso en algunas propuestas. Por ejemplo, el diputado José Vielma Mora está de acuerdo con los empresarios en que la vigencia de las licencias sean otorgadas hasta por cinco años. El proyecto de ley la extendió de un año a dos.
Vielma Mora dijo que está la disposición de “crear un sistema tributario lógico en función del crecimiento económico y buscando la conciliación de todas las partes”. Además, indicó que este caos tributario lo ocasionó varios factores: “la caída en los precios del crudo, sanciones extranjeras, guerra económica y la contracción del PIB”.
El exsuperintendente del Seniat señaló que al sector privado no le conviene la informalidad, que le interesa la formalidad porque son ellos quienes luchan contra la “informalidad, la piratería y la entrada de productos de forma ilegal”.
El diputado también apuntó que de 335 municipios serían al menos 100 los que cobran actualmente impuestos exagerados.
Tanto empresarios como diputados están de acuerdo en darle celeridad a la aprobación de la ley para corregir las distorsiones que se han producido. En Aragua, por ejemplo, el cobro de timbres fiscales es denunciado por las cámaras al punto de indicar que son cifras exorbitantes que las empresas no pueden manejar. El diputado Vielma Mora fue uno de los que enfatizó en agilizar la consulta: “tenemos que aprobarla lo más rápido posible”.
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