La constituyente presidencial aprobó un acto normativo que fija el régimen tributario para el Arco Minero del Orinoco. El instrumento da a Nicolás Maduro la potestad de fijar las tarifas gravables de forma unilateral y sin requerir autorización del Parlamento.
Caracas. La constituyente presidencial aprobó este miércoles el cuarto de los 8 proyectos normativos que Nicolás Maduro le entregó el pasado mes de septiembre.
Aunque no tiene competencias para ello, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) presidida en esta oportunidad por el primer vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, aprobó un instrumento que establece “el régimen tributario para el desarrollo del Arco Minero del Orinoco”.
La norma establece un mecanismo a través del cual el Gobierno —sobre quien pesan bloqueos internacionales para determinadas transacciones financieras y está padeciendo una fuerte caída en sus ingresos por venta de petróleo— podría obtener divisas sin necesidad de requerir la autorización de la Asamblea Nacional, fomentando la participación de empresas mineras extranjeras o mixtas.
En su artículo 4, referido a la exportación del oro, el documento aprobado este miércoles señala: “El pago del impuesto sobre la renta que se genere por la venta de oro en el exterior, autorizado por el BCV, se realizará en moneda extranjera o su equivalente en oro”.
Además, la norma establece un pago anticipado de impuestos.
Mientras que en su artículo 2 el acto normativo reserva al presidente de la República, en este caso Nicolás Maduro, la potestad de fijar las tarifas gravables para las empresas mineras explotadoras de oro y otros minerales. Según el texto, el presidente ejercería dicha potestad sin consultar a ningún otro ente del Estado.
Por otra parte, se establece que el régimen especial tributario estará dirigido a tres sujetos: las empresas y corporaciones propiedad de la República, donde el 100 % de las acciones son del Estado; las empresas mixtas que existen en la zona del Arco Minero, donde el Estado tiene 55 % de acciones; las alianzas estratégicas del Estado con la pequeña minería de la zona.
El artículo 6 señala que “el Ejecutivo podrá exonerar total o parcialmente los enriquecimientos anuales por venta de oro al BCV a los sujetos que este autorice”.
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La norma no fue presentada por el presidente de la comisión respectiva, sino por el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, esto en consonancia con el hecho de que la misma no fue una iniciativa de los más de 500 constituyentes, sino un mandato del Ejecutivo.
El documento consta de 8 artículos los cuales fueron leídos y aprobados por los constituyentes sin debate ni objeción alguna.
En efecto, el presidente de la comisión de Economía de la ANC, Eduardo Piñate, admitió que luego de haber sido recibida en septiembre pasado de manos de Maduro, el instrumento solo fue discutido por la comisión en 2 ocasiones: “Hace dos meses y la semana pasada, cuando se dio la discusión final en la comisión de Economía. Allí establecimos que fuera el presidente quien estableciera la tarifa gravable”.
También reconoció que la creación de un ISRL pagable en moneda extranjera tiene como finalidad “atender las necesidades de divisas que tiene el Estado en este momento”.
Ambiente en segundo plano
La comisión especial de la Asamblea Nacional para estudiar el impacto del Arco Minero, junto con expertos en materia ambiental tanto del gobierno de Hugo Chávez como del período democrático, han alertado sobre la devastación ambiental y el grave daño causado a los delicados ecosistemas de la zona, producto de la explotación minera indiscriminada.
En su intervención, el ministro Cano aseguró: “Contrario a lo que quieren hacer ver, nosotros no vamos a destruir 111.000 kilómetros cuadrados del territorio, estamos reordenando el territorio. Solo vamos a entregar en concesiones y derechos mineros 5 % de ese territorio”.
Cano dijo que en la zona del Arco Minero hay 8900 toneladas de oro, “lo que nos convertiría en el segundo país con la mayor reserva de oro del mundo, el primero es Australia”. Además sostuvo que hay 1000 millones de kilates de diamantes y 14.606 millones de toneladas de hierro: “El potencial del Arco Minero es de 1.6 billones de dólares”.
Piñate, por su parte, enfatizó que el instrumento tiene como objetivo “establecer la hegemonía del Estado en el control de la actividad minera, preservar la soberanía y desarrollar la actividad minera con un esfuerzo de preservación del ambiente”.
El constituyente Ángel Marcano, representante del sector de los trabajadores de las empresas básicas, pidió al ministro trabajar en la industrialización del oro con miras a refinar el metal noble dentro de Venezuela y lograr que obtenga el grado de moneda: “Los trabajadores de Guayana y los mineros solicitamos que se tome en cuenta eso, además de lo del ambiente”.
No es una ley
Aunque la ANC creó un recurso inexistente en la Constitución denominado “ley constitucional” para definir los instrumentos normativos que de ella emanan, la Carta Magna es clara.
En su artículo 187 numeral 1 dice expresamente: “Corresponde a la Asamblea Nacional legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional”. Y el 202 no deja lugar a dudas sobre qué es una ley: “La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador”.
Foto: Cortesía @ANC_ve
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