Una encuesta de Acnur reveló que 50,4 % de los venezolanos entrevistados fueron desalojados de su alojamiento y 49,6% estaban en riesgo. Para la mayoría de los refugiados venezolanos (73 %) retornar no es una opción: “Sienten que regresar a Venezuela pone en riesgo la integridad personal de sus familias e imposibilita tener medios adecuados de vida”.

Caracas. Hay miedo de volver a Venezuela. Los refugiados y migrantes venezolanos entrevistados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) dijeron que ante los desalojos de sus viviendas, “desean quedarse en el país de acogida, pese a todas las problemáticas y situaciones que vulneran sus derechos”.

Esta es la Encuesta regional de desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela: Análisis de los principales impactos y necesidades que hizo la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela de Acnur.

Se hicieron 1810 entrevistas entre el 8 de octubre y el 11 de noviembre de 2020. Para la muestra final se tomaron en cuenta las 1021 entrevistas que fueron completadas, de esas personas, el 50,4% fueron desalojados y el 49,6% estaban en riesgo. De los desalojados, el 38,4% se encontraban de nuevo en riesgo de desalojo en su situación actual.

La percepción de riesgo en caso de regresar al país de origen alcanza al 73 % de los consultados, piensan que el retorno a Venezuela representa un riesgo para sus hogares. “En términos generales sienten que regresar a Venezuela pone en riesgo la integridad personal de sus familias e imposibilita tener medios adecuados de vida. Mayoritariamente, aunque estén en condiciones precarias, prefieren permanecer en la localidad, antes que regresar a su país”, se lee en informe de Acnur.

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En cuanto a las condiciones, predomina el contrato verbal (73,7 %). Por países, Perú es el que más contratos escritos tiene con 17,8 %; Colombia y Brasil con el 12,7%; y Colombia con menos 11,2 %. Por su parte, Brasil tiene más de 34,9 % de la tenencia de viviendas de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, sin contratos o autorizaciones.

“Los contratos verbales en la región se asocian con una menor seguridad de la tenencia de las viviendas y pueden producir, más fácilmente, interpretaciones diferentes del alcance de lo acordado y producir conflictos entre las partes”, explica Acnur en el documento. Por lo general, la situación de desalojo no llega a resolverse por las entidades encargadas de impartir justicia o encontrar alternativas de mediación.

Las personas refugiadas y migrantes venezolanos que no tenían contratos o autorizaciones sobre sus alojamientos o viviendas (12 %), fueron desalojados en más de un 60%, mientras quienes tenían contrato escrito, lo fueron en cerca de un 30%.

Se identifican tres principales motivos por los que los refugiados consideran que se encuentran en riesgo de desalojo: el 87% manifestó que por la incapacidad de pago de los arriendos de sus viviendas; un 36 % señala que están en riesgo por incapacidad de pago de los servicios básicos de sus viviendas; y como tercer motivo, señalaron que es la discriminación que viven por ser venezolanos, con más del 17 % de los encuestados.

Los tres principales impactos que identificó Acnur ante los desalojos son: que el hogar quede en situación de calle con 74,7%; el riesgo al contagio en medio de la pandemia de la Covid-19 con 60,5%; y la falta de acceso a los servicios públicos con 45,7%. Esta percepción de impactos se mantiene independiente de si se trata de un contrato oral, verbal, si se tiene otro tipo de contratos o si no se tiene ninguno.

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Foto referencial: Luis Morillo.


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