Los efectos del confinamiento por la COVID-19 han dejado a muchos migrantes venezolanos sin alimentos ni hogar. Organizaciones han intensificado su respuesta para atender las necesidades de esta población. En Bogotá, el Servicio Jesuita a Refugiados está ayudando a 41 familias con el pago del alquiler; en Quito y Guayaquil, 97 grupos familiares han sido desalojados, mientras que en Perú otras 120.000 personas requieren ayuda.

Caracas. Ya no cuentan con los pesos para la comida del día ni mucho menos para honrar el pago del arrendamiento. El confinamiento por el COVID-19 ha aumentado la situación de vulnerabilidad de miles de migrantes venezolanos.

Comienzan los desalojos. Las peticiones de ayuda por grupos de WhatsApp y en redes sociales cada vez son más recurrentes.Dónde están dando estas donaciones, por favor, ayúdenme. No tengo nada que darles a mis hijas, escribió por Twitter Mary León en respuesta a mensaje de la Embajada de Juan Guaidó en Perú.

Somos 4 familias con menores de edad sin poder trabajar, sin dinero ni alimentos con deudas de alquiler, manifestó en Twitter Romero Bladimir y mencionó a la Embajada de Guaidó en Colombia.

Los retornos a Venezuela y la petición de corredores humanitarios también son un clamor de los migrantes. El fin de semana aproximadamente 600 personas cruzaron el puente Internacional Simón Bolívar. Llegaron a Táchira donde fueron recibidos por el Saime. Migración Colombia informó que venían de Soacha y Bucaramanga en 20 autobuses.

Jorge Arreaza, canciller del gobierno de Nicolás Maduro, dijo que todos fueron evaluados clínicamente y se les realizaron pruebas de despitaje de COVID-19. “Muchos están en tránsito, rumbo a los puestos fronterizos”, escribió en Twitter. Según Maduro, han llegado 15.000 personas provenientes de Ecuador, Colombia y Perú.

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De acuerdo con el informe de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas publicado el 2 de abril, en Zulia autoridades militares informaron que entre el 15 y el 23 de marzo 2500 venezolanos regresaron a Venezuela desde Colombia por pasos fronterizos informales. Reportan ingresos diarios entre 40 y 60 personas. Desde el 17 de marzo, la cifra de ingresos diarios a Apure oscila entre 50 a 100. Son personas que vienen de Colombia, Ecuador y Perú y cruzan el río Arauca en canoas. 

En peligro de desalojo

Las ONG y organizaciones internacionales ofrecen ayudas, pero a medida que las restricciones de movilidad y confinamiento se recrudecen, aumenta la población en riesgo. Desde 2015 ya son 4,9 millones las personas que han salido de Venezuela en búsqueda de protección internacional. De esos, la mitad no tiene permisos de residencia y de estancia regular.  La mayoría vive de la remuneración diaria.

En Colombia, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) no ha detenido su repuesta humanitaria. Oscar Calderón, director regional de la oficina para América Latina y el Caribe, señaló que están entregando alimentos y apoyos para cubrir el pago del arrendamiento a los migrantes venezolanos. También algunos insumos como medicamentos y material de protección personal.

“Hemos apoyado un total de 43 familias en Bogotá hasta inicios de la semana pasada para cubrir el arrendamiento”, dijo Calderón.

En un comunicado, el JRS denunció la situación de familias refugiadas que viven en casas residencias que son de pago diario: Actualmente, se encuentran en alto riesgo de ser desalojadas por falta de pago y tampoco cuentan con los recursos necesarios para abastecerse de alimentos y productos de aseo para pasar los días de confinamiento.

En Colombia el 31 de marzo se suspendió la penalidad por incumplimiento de los contratos de arriendo de vivienda. El presidente de ese país, Iván Duque, señaló que buscará con los mandatarios departamentales y locales implementar un mecanismo de atención que permita ayudar a la población venezolana.

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Informó que se mantienen los programas de la Cancillería, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, además del trabajo con alcaldes y gobernadores, para llevar alimentos y dar protección a los migrantes más vulnerables.

97 familias venezolanas en Ecuador están en la calle

Desde hace 10 días comenzaron los desalojos a familias venezolanas que no cumplieron con el pago del alquiler en Ecuador. La Asociación Civil Venezuela en Ecuador contabilizó 60 grupos familiares en Pichincha y aproximadamente 27 en Guayaquil.

Daniel Regalado, presidente de la organización y representante de los venezolanos ante la Defensoría del Pueblo del Distrito Metropolitano de Quito, refirió estos casos a esa institución. Permanecen en la calle. Algunos se fueron a Venezuela. Pero no todos tienen la posibilidad de retornar, expresó. También notificó la situación de vulnerabilidad de otras 6000 familias.

A través de un censo pudieron conocer las necesidades de estas familias en cuanto a alimentación, medicamentos, alojamiento o atención médica urgente.

Los mensajes por WhatsApp, correo, redes sociales, se están desbordando porque la gente está pasando hambre, la gente está siendo desalojada de sus casas, maltratadas por sus arrendatarios, dijo Regalado.

En Guayaquil, la provincia con más casos confirmados de COVID-19, lograron entregar a 80 familias venezolanas tarjetas de alimentación con montos entre 20 dólares y 40 dólares. Esto, tras recibir un donativo de un ecuatoriano. La asociación también hace entrega de alimentos con los aportes que realizan empresas privadas, ONG y particulares.

De acuerdo con boletín N,° 034 del Ministerio de Salud Pública, hay nueve venezolanos contagiados por el COVID-19.

120.000 familias venezolanas afectadas en Perú

La Embajada de Juan Guiadó en Perú levantó un censo de vulnerabilidad que arrojó que 120.000 familias venezolanas se encuentran afectadas tras la crisis generada por el COVID-19.

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Este censo también indicó que “95 % de los migrantes venezolanos trabajaban en el sector informal y no tienen forma de obtener el sustento de su familia” en medio de la emergencia sanitaria.

De acuerdo con una publicación en Twitter de la embajada, hasta el 1° de abril había logrado atender a 1073 familias con el apoyo de otras organizaciones. Activaron un plan de alimentación para repartir bolsas de comida. En Lima disponen de 47 centros de acopio en coordinación con el Consejo de Residentes Venezolanos.

La Embajada de Venezuela en Perú ya contabiliza 707 que han requerido orientación jurídica para mediar con arrendadores el pago del alquiler o apoyo para realizar denuncias.

El Centro para el Desarrollo Económico —Equilibrium CenDE—— realizó el 25 de marzo una encuesta a 363 venezolanos en Perú: 33 % se han quedado sin trabajo, 40 % están abastecidos parcialmente y no tienen dinero para comprar productos, 37 % no tienen suficientes alimentos ni recursos para comprar.

El 31 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Gustavo Meza-Cuadra, informó que están gestionando con Acnur y la Unión Europea un bono para familias venezolanas vulnerables e independientes.


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