La mayoría de los migrantes venezolanos trabajan sin un contrato formal: son vendedores ambulantes o están en la economía informal. Viven del día a día. El confinamiento total pone en riesgo el sustento económico de muchos. Unos comienzan a trabajar a escondidas, algunos esperan la compasión de sus arrendadores de domicilio y otros ya fueron despedidos.

Caracas. Daniel García encendió su moto y la puso a andar durante dos horas. Después de cuatro días sin trabajar por el estado de excepción decretado en Ecuador por el COVID-19, necesitaba hacer algo de dinero. Consiguió limpiar, durante un día, una piscina de pescados por 15 dólares.

Su trabajo es cultivar malanga, conocido en Venezuela como ocumo, en la provincia de Orellana. Con las medidas tomadas por Lenín Moreno, presidente de Ecuador, el 16 de marzo, su jefe le dijo que no se expondrá a ser arrestado por movilizar a los trabajadores hacia el campo.

La policía permite a bordo del vehículo a una persona, tampoco hay transporte urbano. Son al menos cinco los puntos de control médico-policial a cruzar en la vía, donde les toman la temperatura y revisan la documentación.

Daniel no puede esperar a que levanten la cuarentena, no puede quedarse sin el pago semanal que acostumbra a recibir: una parte para sus gastos y la otra para enviar a Venezuela. Así lo hace desde 2014 cuando salió de su país, donde estudió Ingeniería de Sistemas.

Tengo que arreglármelas. Serán más de 15 días sin trabajar y es difícil porque si no trabajo, no podré sustentarme ni enviar dinero a mi gente, dice.

Para ganarse esos 15 dólares, se fue en su moto por los caminos verdes, evadiendo los puntos de control policial para no ser detenido, cuenta.

Con ese dinero compró algunos alimentos, echó gasolina y cree que pueda estar tranquilo durante tres días: “Y volveré al principio, sin trabajo. Aquí si no trabajas no cobras”.

En estos días también consiguió un contrato para fumigar seis hectáreas. Él calcula que le tomará siete días: Toca trabajar bajo cuerdas para comprar algo de comida. Aunque no paga alquiler, sí tiene que dar la cuota de los servicios básicos, abonar el pago de la moto y, a fin de mes, completar el dinero que envía a su familia.

La Organización Internacional del Trabajo (OIM) cree que el COVID-19 podría cobrarse casi 25 millones de empleos en el mundo. Entre esos millones, muchos podrían ser de migrantes venezolanos.

Son una población que vive de la remuneración diaria, de la entrega de comida, de la venta de helados y dulces. En su mayoría, con contratos de trabajo que solo quedan en palabras: 66 % está desempleado o en la economía informal, 20 % son vendedores ambulantes, señala una encuesta de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en el primer semestre de 2019.

Por ejemplo, en Ecuador 89 % de los migrantes venezolanos no cuenta con un contrato formal, lo que dificulta aún más la situación de Daniel, al no estar regularizada su condición laboral. Estas cifras del Ministerio de Gobierno indican que solo 11 % tiene un contrato formal.

Si ya esta población trabaja a la sombra de la ley, en cuarentena el desafío laboral aumenta. Para Claudia Vargas, especialista en migración y profesora universitaria, esta situación deja al desnudo que la región no está preparada para una crisis de esta magnitud y mucho menos cuenta con acciones articuladas para la población desplazada.

Vargas recuerda que en medio de la pandemia hay 2,4 millones de migrantes venezolanos que no tienen permisos de residencia y estancia regular: No son libres de acceder al sistema de salud porque tienen miedo de que los vayan a deportar, a detener o a no ser atendidos por falta de documentación.

El pasado 12 de marzo, Filippo Grandi, alto comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, dijo: Las personas migrantes y refugiadas, independientemente de su estatus formal, deben ser una parte integral de los sistemas y planes nacionales para combatir el virus.

La Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela ya trabaja en un Plan de Repuesta al COVID-19 para los migrantes y refugiados venezolanos. Desde 2015 han huido 4,9  millones de venezolanos de la crisis humanitaria.

“Apelar a la compasión”

La propagación del COVID-19 llegó a América Latina. Casi en efecto dominó los jefes de Estados comenzaron a tomar medidas: suspensión de vuelos y actividades escolares, cierre de fronteras, restricciones del libre tránsito. A Yrvin Soto el decreto de cuarentena peruano, el 15 de marzo, lo agarró en una entrevista de trabajo.

En la Región de las Américas, la Organización Panamericana de Salud, hasta el 22 de marzo contabiliza 20.667 personas contagiadas por el COVID-19, de esas, 265 han fallecido.

Ya estaba cerrando las negociaciones, iba a empezar a trabajar inmediatamente al día siguiente en el envío de comida, pero el dueño del restaurante decidió cerrar el local –cuenta–. Yo me decía que tenía 15 días para laborar y eso me iba a facilitar poder reunir el dinero para pagar el alquiler. Aunque no tendría prestaciones sociales ni seguro médico, sí contaría con un salario fijo.

Entre muchos de los trabajos que Yrvin ha hecho desde que llegó a Lima en 2018 está el de repartidor de comida o delivery, aunque él es técnico superior en Administración, Organización y Sistemas.

Estos servicios de entrega de comida a domicilio fueron suspendidos. Tampoco puede vender sus helados en la calle, quería aprovechar el verano. La preocupación es latente, dice: No nos queda más que negociar con los dueños donde estamos hospedados y pedir una prórroga para el pago del alquiler.

En ese edificio, la mayoría de los inquilinos son venezolanos. El 18 de marzo hicieron una reunión con los dueños que les dieron un plazo de 15 días para pagar. Hay restricción del derecho al libre tránsito. Es un reto para Yrvin quedarse en casa cuando depende del dinero que diariamente hace. La dificultad radica en los pagos obligatorios que tienen fecha de caducidad, como los servicios públicos y el arriendo. Solo queda apelar a la compasión de los propietarios, añade.

Una encuesta sobre el impacto laboral de la inmigración venezolana en el Perú realizada por José Koechlin, de la Universidad Antonio Ruiz de ese país, reveló que 92 % de los venezolanos está empleado, casi todos en la economía informal. Apenas están registrados en el Ministerio de Trabajo 40.000 venezolanos con contratos formales. Estas son las personas que cuentan con derechos laborales y seguro médico.

Carlos Scull, embajador de Venezuela en Perú designado por Juan Guaidó, solicitó apoyo a Acnur y a la Organización Internacional para las Migraciones. A los migrantes venezolanos en Perú se les hace difícil adquirir alimentos y pagar la renta en este periodo de emergencia ya que la mayoría son trabajadores independientes y viven del día a día, escribió en su cuenta de Twitter.

La Embajada anunció un censo para conocer cada caso y así buscar soluciones frente a esta emergencia sanitaria. También habilitó varios canales para atender los problemas en pacientes sospechosos y la presunta violación de derechos laborales.

“Acaban de despedirme”

Ya lo sospechaba. “Acaban de despedirme”, escribió Mariángel Leó, de 30 años de edad, desde Chile a su familia en Venezuela. “Estaba clara que si no era hoy, capaz sería pospandemia, cuando se vieran los efectos  económicos”, relata.

Mariángel es periodista y trabajaba en un medio digital desde finales de enero. Antes prestó servicio en una empresa de aseo. A Tamuco, una ciudad en el sur de Chile, llegó en septiembre de  2019.

Antes del despido, a Mariangel le hablaron de incertidumbre, de servicios adquiridos que tuvieron que ser cancelados: Más allá de todo, a los extranjeros no preocupa que tenemos que pagar igual servicios, agua, luz, gas, arriendo. El momento más difícil se me va a presentar al final de mes.

Mariángel no deja de pensar en el cambio económico, en las pocas oportunidades de puestos trabajos luego del COVID-19. No le echa la culpa a los empleadores, ella se fue del medio digital con la posibilidad de que cuando todo pase quizá la reconsideren: Yo no puedo esperar a que eso pase, ya tengo que empezar a moverme a buscar otro empleo. Solo tiene ahorro para dos meses.

El día en que Mariángel se quedó sin trabajo, el 18 de marzo, supo a través del grupo de WhatsApp de Venezolanos en Chile que no había sido la única: Ese día el clamor fueron los despedidos. Incluso muchos empleadores pasaron por encima de lo que dicta la ley, obligando a renunciar.

De acuerdo con una encuesta de Acnur realizada en diciembre de 2019 en Chile; 31 % de los entrevistados reportó encontrarse en una situación de precariedad laboral por no contar con un contrato de trabajo. 36 % de los entrevistados reportó estar trabajando en Chile de manera formal, 12 % de manera informal y solo 9 % estaba desempleado.

Ese mismo día, Sebastián Piñera, mandatario chileno, decretó estado excepcional de catástrofe. Luego, el 22 de marzo, como no se estaba cumpliendo la cuarentena domiciliaria, anunció toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó que “las personas que de por sí sobreviven apenas económicamente pueden ser fácilmente llevadas al límite por las medidas adoptadas para contener el virus. Por lo que llamó a los gobiernos a emprender acciones para mitigar el impacto en los derechos económicos y sociales de las personas. A las empresas pidió flexibilización.

Con información de Pierina Sora desde Perú.


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