En Perú, de los 700.000 venezolanos que presionan para insertarse en el mercado laboral, apenas 40.000 tienen contratos de trabajos formales. La mayoría, aunque están empleados (92 %) en la economía informal. Especialistas destacan la necesidad de que los países receptores establezcan políticas y marcos jurídicos en los que no solo prevalezca la seguridad nacional, sino también el enfoque de derechos humanos.

Caracas. Los países receptores de la migración venezolana enfrentan grandes retos para la integración. Solo a Perú han llegado más de 860.000 venezolanos, según estimaciones de la Acnur. Una encuesta sobre el impacto laboral de la inmigración venezolana en el Perú realizada por José Koechlin, de la Universidad Antonio Ruiz del Perú, reveló que 92 % de los venezolanos está empleado. Casi todos en la economía informal.

Sin embargo, las condiciones no son favorables. En el seminario internacional “Horizontes de la migración venezolana: retos para su inserción en América Latina” realizado en la UCAB, Koechlin indicó que apenas están registrados 40.000 venezolanos con contratos formales en el Ministerio de Trabajo. Estas son personas que cuentan con derechos laborales y seguros médicos.

Son aproximadamente 700.000 venezolanos quienes están presionando para entrar en el mercado laboral en Perú, según Koechlin. Y aunque la mayoría están empleados, los contratos son verbales o no existen. Trabajan en la informalidad y la actividad laboral que realizan en 94,8 % de los casos, no está relacionada con su profesión.

En 2017 la migración que recibió Perú desde Venezuela, 70 % era calificada y tenía estudios superiores. En 2018 bajó a 40 %. Este año, como indica Koechlin, 33 % de los migrantes tienen educación superior profesional o técnica. De acuerdo con el Banco Mundial es una población que no está siendo aprovechada.

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Seguridad nacional desplaza el enfoque de derecho

Fernando Lozano, director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, piensa que es necesario que los países receptores de la migración venezolana establezcan un balance en sus marcos jurídicos entre la seguridad nacional y el enfoque de derechos.

Explica que entre el periodo 2016-2018 hubo situación favorable en los marcos jurídicos en cuanto vías excepcionales para recibir a la migración venezolana. Sin embargo, considera que en 2019 la balanza está inclinada hacia la seguridad nacional. En junio Ecuador, Perú y Chile establecieron una política más restrictiva al solicitar visas y pasaportes a los venezolanos.

Esto no es generalizado, no es un patrón, dado que hay procesos específicos. La consideración que estamos viendo es en Perú, Ecuador y Chile al solicitar visa, lo que hace más difícil la entrada de los venezolanos y que haya más incertidumbre en cuanto a regularización de quienes ya están en los países, dijo.

Lozano reconoce el beneficio de los permisos de permanencia para regularizar a los venezolanos en países como Colombia o Perú. El gobierno colombiano en 2017 anunció el Permiso Especial de Permanencia, desde entonces, se han dado cinco jornadas para el registro y renovación. Así como otros mecanismos para movilidad en frontera y el tránsito temporal. Ese mismo año se creó el Permiso Temporal de Permanencia en Perú.

Estos documentos tienen temporalidad y caducan. Por lo tanto, es importante considerar que ya en 2019 están venciendo y caducando muchos programas. La situación es difícil y genera procesos de incertidumbre y vulnerabilidad, consideró Lozano.

Según la Acnur, de los 4,6 millones de venezolanos desplazados por la emergencia humanitaria compleja, solo 2,1 millones cuentan con permisos de permanencia y estancia regular.

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Los venezolanos apuestan por los refugios. Casi 700.000 personas han solicitado condición de refugiado, de acuerdo con Acnur. “Esto refleja cómo de alguna manera se han ido agotando ciertos procesos, medidas excepcionales y permisos temporales”, expresó Lozano. 

Agregó: Empiezan a incrementarse las restricciones. En ese sentido el escenario no es alentador. Porque la integración de nuevos contingentes de migrantes está siendo cada vez más restringida. Entrar en irregularidad por la caducidad de los permisos, trae deportación, criminalización y xenofobia.


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