Patricia Tappatá, integrante de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, dijo a Crónica.Uno que por razones de confidencialidad no revelan información sobre amenazas a su equipo de investigadores. Consideró que el monitoreo internacional sobre el país sigue siendo necesario porque los organismos estatales “no garantizan la vida ni la integridad de quienes expresan públicamente sus críticas”.
Caracas. El tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, centrado en las violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Sebin y la Dgcim, reveló los nombres de siete funcionarios de alto y medio rango de ambos cuerpos de inteligencia, presuntamente involucrados en torturas y otros tratos crueles.
Las víctimas principales de estas actuaciones contra los derechos humanos son civiles y militares, detenidos por razones políticas desde 2014 al presente.
El informe señaló taxativamente que la cadena de mando de tales prácticas está encabezada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su calidad de comandante en jefe de la FANB y ser la persona de más alto rango a la que los directores de ambos organismos le reportan y deben obediencia.
Crónica.Uno conversó por videollamada con Patricia Tappatá, una de los tres expertos integrantes de la Misión, para ahondar en algunos elementos de la investigación, los hallazgos y su impacto.
Mandatos complementarios
Patricia Tappatá fue tajante al señalar: “Tal como estamos hoy, la situación en Venezuela necesita la mirada internacional porque los entes nacionales no están actuando en función de proteger y garantizar la vida y la integridad física de aquellos que expresan de manera pública su crítica o su versión contrapuesta sobre la situación en Venezuela”.
Enfatizó que el mandato de la Misión, el del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el trabajo de la Corte Penal Internacional no son contrapuestos, ni compiten; por el contrario, son complementarios.
Como usted bien dijo la Misión tiene tiempos y mecanismos distintos al de la CPI, pero ¿de qué forma la Misión podría complementar la investigación que lleva a cabo la CIP sobre Venezuela?
—Nosotros trabajamos muy cuidadosamente, con metodología y con rigor para ofrecer a los venezolanos, a través del Consejo de DD. HH., un resultado de la investigación.
La CPI tiene sus propias metodologías y muchos medios para conocer la información sobre los hechos que le toca investigar. Nuestra información está a disposición y estaríamos muy satisfechos de que en caso de la CPI, y en caso de cualquier otro mecanismo internacional o nacional, se ponga en funciones para tratar de corregir una situación que trae mucho sufrimiento a los venezolanos y se sirva de los hallazgos.
Nosotros cumplimos la función de investigar, documentar e informar al Consejo de DD. HH. de una manera que tiene bastante valor y es que el resultado de nuestras investigaciones es público.
Nombres, amenazas y testimonios
El documento, hecho público esta semana, también perfiló a otros cuatro funcionarios de bajo rango –dos de cada organismo de inteligencia–, aunque sin revelar sus nombres, quienes habrían sido identificados por las víctimas, testigos y exfuncionarios de cometer actos de tortura.
¿Por qué la Misión decidió no revelar también los nombres de otros cuatro funcionarios presumiblemente responsables de actos de tortura?
—La Misión es sumamente rigurosa en su metodología, tanto para validar las fuentes que utiliza, que siempre es verificada por una fuente adicional y complementada con información a través de intermediarios y fuentes abiertas. En este caso fuimos sumamente cautelosos y analizamos la situación cuidadosamente para tomar la decisión de incorporar unos nombres y de anonimizar a esas otras cuatro personas.
¿Por qué? Porque por un lado, estas cuatro personas son de un nivel inferior a los que sí están nombrados. En segundo lugar, porque nuestro análisis de riesgo entiende que hay posibilidades de represalia. Pero, sobre todo, porque no quisiéramos que si los incluíamos pudieran ser tomados como chivos expiatorios y quedar fuera de las investigaciones y de los procesos que correspondería llevar adelante.
Hablando de la protección de la investigación, ¿desde que comenzaron su trabajo en 2019 han recibido amenazas personales o se han sentido intimidados por alguna persona, grupo o institución estatal venezolana señalada en sus informes?
—Por razones de confidencialidad y de reserva, nosotros no brindamos información sobre hostilidades, seguimientos o amenazas a la Misión. Hemos evaluado que es preferible que esa información no se revele. Por otro lado, somos particularmente cuidadosos de que las personas que han brindado información a la Misión, den su consentimiento para que esa información pueda usarse en los informes como fundamento de nuestras afirmaciones. Nuestro propósito más claro es que sea cuidada la integridad de ellos y de sus familiares.
¿De qué forma verificaron los testimonios que incluyeron en el tercer informe y cómo fue el proceso para elegir a las víctimas?
—Nosotros hemos hecho un alto número de entrevistas. Para este informe del 2022 entrevistamos a 245 personas, 87 para el informe de estructuras y 158 informe de Arco Minero, y las tenemos discriminadas por hombres y mujeres.
Para el informe del 2020 y 2021 habíamos ya entrevistado a 386 personas, o sea que estamos por un universo que supera las 600 personas. Esas fuentes de información de entrevistas nos precisa los hechos y nos proporciona contexto.
Nosotros tomamos las fuentes primarias que nos proveen la información y nunca publicamos afirmaciones sobre un hecho si no hemos podido confrontar esa primera fuente con otras fuentes complementarias, complementado a la vez con intermediarios o información abierta.
En el tercer informe publicado dejan constancia de dos problemas que enfrentaron para hacer su trabajo: el presupuesto y la alta rotación del personal técnico y de apoyo. ¿Esto es algo común en otras misiones similares del Consejo de DD. HH. o podría ser que la ex alta Comisionada, Michelle Bachelet, tuviera poco interés en apoyar de forma eficiente a la Misión?
—No. No, en ningún caso creo que se deba a una especial conducta por tratarse de Venezuela. En ningún caso, en eso soy clarísima. Los mandatos de las Misiones son cortos; de un modo excepcional nosotros tuvimos dos años. La ONU es una organización muy grande, que a lo largo de los últimos años ha afinado sus procesos de reclutamiento de personal, pasando por varias instancias hasta que deciden incorporar a la persona.
Para una Misión con plazos cortos eso conspira contra las posibilidades de mantener, durante todo el año a todo el personal en el mismo momento incorporado. Es el modo de operar de una organización tan grande y compleja como la ONU, pero hemos decidido decirlo porque si no, no se entiende.
Siete países y alrededor de 120 ONG han solicitado la extensión del mandato de la Misión, que vence este mes. ¿Alguna recomendación que haga la Misión tiene algún peso en la decisión de extender o no el mandato? ¿Cómo se decide si se extiende un año más?
—Nosotros no somos quienes decidimos si la Misión continua, solo recibimos y cumplimos un mandato. Son los países los que votan y deciden si van a renovar el mandato de un organismo que tiene como función vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela y documentar las violaciones a los derechos humanos, con la especificación de investigar desapariciones forzadas, asesinatos, tortura (incluyendo violencia sexual y de género) y detenciones arbitrarias.
Los aparatos instalados y articulados para llevar adelante esta represión a la oposición a la disidencia están intactos, a veces con las mismas autoridades o incluso con sus autoridades ascendidas o promovidas a cargos de mayor importancia. Pensamos que la Misión desempeña un papel clave para documentar y poner de relieve cuestiones que de otro modo podrían parecer olvidadas.
¿Hay algún precedente con misiones del Consejo de DD. HH. similares a esta, en el que los informes emitidos hayan sido el motor de cambios reales para eliminar los patrones de violación de derechos humanos por parte de un Estado y garantizar la justicia a las víctimas?
—No tengo un análisis sobre si los informes de las misiones han significado o han sido puntos de inflexión para generar cambios, lo que sí puedo decir es que son unos mecanismos creados por el Consejo de Derechos Humanos que tienen, en mi mirada, un mérito importante: producir, de manera relativamente rápida desde que se toma la decisión y comienza el trabajo, una investigación y mostrar al Consejo unos resultados en tiempos significativamente cortos.
En Venezuela hay dos visiones sobre el impacto de la Misión de la ONU en las negociaciones políticas impulsadas por Noruega. Un sector considera que visibilizar estos crímenes acerca la justicia a las víctimas; pero otro sector opina que estas revelaciones reducen los incentivos del gobierno para permitir una transición política al sentirse amenazados por la justicia internacional, ¿qué piensa la Misión sobre esto?
—Como Misión no tenemos un pensamiento elaborado sobre esto porque nos restringimos a nuestra función y mandato, que es investigar y documentar hechos. Indudablemente es muy probable que nuestro trabajo provoque reacciones distintas, pero ese dilema no es novedoso y se ha presentado en muchos momentos de democracias en situaciones críticas donde, formulado de manera global, podría decirse cuándo es que se pone en riesgo la estabilidad del un sistema: si es cuando se vigilan y señalan las falencias o cuando en función de un objetivo superior, como en este caso lo menciona usted, se de dejan pasar o se silencian los hechos que se han podido verificar. Es un dilema, cada quien tendrá su posición. En todo caso, nosotros como miembros de esta Misión, cumplimos lo que el Consejo nos ha encomendado.
Patricia Tappatá Valdez
Es una de los tres integrantes de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019. Ha trabajado en la defensa de los derechos humanos en varios países de América Latina. Durante 2020 y 2021 fue miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno boliviano. Desde 2010 es profesora de la Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Entre otras funciones desempeñadas a lo largo de su trayectoria destacan el haber sido directora de la Comisión de la Verdad para el Salvador (ONU, 1992-1993); coordinadora del Departamento de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Obispos del Perú (1977-1987); directora del Programa Justicia en Argentina (1991) y el Programa de Representación Política de la Fundación Poder Ciudadano (1993-1997); y fue consultora del PNUD en Haití para investigar las graves violaciones a los derechos humanos en los noventa.
Es autora de numerosos artículos y contribuciones a libros sobre derechos humanos, transiciones a la democracia, memoria y democracia, entre otros. Ha dictado conferencias en numerosas universidades. Nació en Argentina, es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Córdoba y completó sus estudios de posgrado en Ciencias Sociales en FLACSO-Buenos Aires (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).
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