La operación de las mafias en torno al Arco Minero del Orinoco y la convivencia entre grupos irregulares con organismos del Estado se documentan en el informe presentado este martes ante la ONU.
Caracas. 96 posibles casos de desapariciones de personas, 107 presuntas violaciones por tortura y por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y 142 por presuntas detenciones arbitrarias por agentes estatales fueron algunos de los hallazgos de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas referente al Arco Minero del Orinoco.
El informe de la Misión se presentó este martes y no solo contiene detalles cronológicos de las masacres y otros asesinatos registrados en el estado Bolívar. Sus páginas explican cómo a partir de la creación de este opera el pranato en estas zonas. A su vez, expone la colaboración del Estado en la dotación de armas y el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios militares y gubernamentales.
La Misión contabilizó 155 posibles incidentes en esta área geográfica, de los cuales 108 ocurrieron en los municipios de El Callao, Sifontes, Piar y Roscio; mientras que 27 sucedieron en Gran Sabana.
El informe destacó como principal limitante no solo la opacidad del Estado. A ello se suma el miedo que impone el pranato minero o los llamados “sindicatos”. Las amenazas y represalias son tanto para los testigos o víctimas, como para la cobertura periodística.
“Este temor se ve agravado por la impunidad generalizada y la falta de respuesta de las autoridades venezolanas ante las denuncias de violaciones de los derechos humanos o delitos”, añadió la Misión.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, destacó que en el informe sobre Venezuela se documentaron violaciones de los derechos humanos en la zona del Arco Minero del Orinoco, estado Bolívar.
Alianzas estratégicas
El informe destaca igualmente las regularidades en la conformación de alianzas estratégicas con supuestas empresas privadas y la Corporación Venezolana de Minería (CVM).
Señala que esas supuestas empresas privadas son “controladas por miembros de la élite política y militar venezolana con redes empresariales fuera de la República Bolivariana de Venezuela”. En su mayoría, las representan testaferros.
Además, la Fuerzas Armadas también tiene un interés económico en el Arco Minero. Como prueba de ello, el informe incluye detalles de entidades de propiedad militar, creadas para la explotación de recursos naturales.
Tal es el caso de 17 empresas y compañías mixtas. Mencionan, por ejemplo, a Camimpeg, propiedad en su totalidad del Ministerio para la Defensa. Es la principal empresa de propiedad militar en la industria minera.
Otro caso es la Empresa Militar de Transporte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Emiltra), la cual presta servicios de transporte y custodia de oro. Otra es la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), esta es fabricante de armas de fuego y explosivos para la FANB, y “que ha suministrado explosivos a pequeños mineros”.
Connivencia con sindicatos
De acuerdo con la información que recabó la Misión, consideró creíble los testimonios de que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado “están en connivencia con ‘sindicatos’ y otros elementos criminales involucrados en el sector minero”.
Esa connivencia va desde aceptar la presencia de grupos irregulares armados, la colusión activa entre actores estatales y no estatales, hasta supuestas alianzas estratégicas para ‘limpiar’ las minas de ciertos sindicatos.
Asimismo, se expone información de contrabando de oro a Brasil y Colombia, como otra fuente de ingreso extrapresupuestario en militares. Ello ha permitido la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el país.
Sobre el pranato minero, la Misión destacó: “Estos grupos criminales están fuertemente armados. A menudo con armamento que supera al de las fuerzas de seguridad del Estado”.
“Una vez que han tomado control, extorsionan y exigen a la población minera pagos o cuotas periódicas, generalmente en oro, a cambio de su supuesta protección frente a ataques de otros ‘sindicatos’ o grupos criminales. Si una persona minera se niega a pagar sus cuotas o ‘vacunas’ –como se conocen localmente– puede sufrir amenazas, castigos corporales y hasta la muerte”.
La Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y la Guardia Nacional también figuran en las irregularidades en torno al Arco Minero. A su vez, del gobierno regional y nacional, como los exgobernadores de Bolívar, Francisco Rangel Gómez y Justo Noguera Pietri; y el diputado Diosdado Cabello.
“A pesar de los intentos ocasionales de desmantelar los grupos ilegales, existen claros indicios de que algunas autoridades políticas y militares están vinculadas, en distinto grado, con las redes criminales que controlan la producción y comercialización ilegal de oro en el Arco Minero y otras zonas mineras del estado de Bolívar”.
Combustible, armas y municiones
Un testimonio de un exmiembro de un sindicato formó parte del informe. Testificó que grupos armados liderados por ‘el Juancho’ y el de ‘el Tren de Guyana’, “presuntamente tienen alianzas estratégicas informales con altos funcionarios del Estado”. El vínculo es para que, a través de la Fuerza Armada, les provean combustible y faciliten el transporte de maquinaria hacía las áreas mineras remotas.
Testigos hicieron de conocimiento cómo “los servicios de seguridad del Estado proporcionaban armas y municiones a los grupos criminales que controlaban las minas, a cambio de oro”.
En sus conclusiones, la Misión expuso que tiene motivos razonables para creer no solo que el Estado incumple sistemáticamente su obligación de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos, sino también que la FANB se vio directamente implicada en estas graves violaciones.
Entre sus recomendaciones, la Misión exhorta al Gobierno de Venezuela a sancionar a los militares y funcionarios estatales responsables de las violaciones de los derechos humanos. Igualmente, a “investigar todos los indicios de aquiescencia o colaboración entre las autoridades civiles y militares con las actividades de los grupos armados criminales”.
Para la comunidad internacional, las recomendaciones incluyen que los Estados pongan en práctica mecanismos adecuados para evitar el lavado de oro. También el lavado de dinero vinculante al oro, procedente de la minería ilegal en el estado de Bolívar y otras partes de Venezuela.
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