La falta de asignación en universidades públicas empuja a jóvenes con notas destacadas a la “población flotante”, al sector privado o trabajar en el sector informal. El algoritmo oficial prioriza factores socioeconómicos y envía a aspirantes a carreras distantes o no elegidas.
Caracas. El rendimiento académico ha dejado de ser el factor decisivo para ingresar a la educación superior en Venezuela. A través del baremo de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), el Estado prioriza criterios socioeconómicos que penalizan a estudiantes de instituciones privadas y dejan en el limbo a bachilleres con promedios superiores a 17 y 19 puntos.
Sin transparencia oficial sobre el algoritmo de selección y con una oferta reducida en las grandes ciudades, el sistema empuja a los aspirantes a la “población flotante”, al trabajo informal o a postergar indefinidamente sus sueños profesionales.
Alejandro terminó el bachillerato con 17 puntos de promedio y la meta de estudiar Odontología en una universidad pública de Caracas. El Sistema Nacional de Ingreso (SNI), la plataforma estatal de postulación universitaria, de la OPSU, el organismo rector de las políticas universitarias, no le asignó cupo en el área de la salud.
Luego de tres fases de postulaciones, el sistema lo envió a cursar Economía Social en el núcleo de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa) en Tucupido, estado Guárico, a aproximadamente 300 kilómetros de su casa.
Hasta la fecha, ni las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria ni la directiva de la OPSU han emitido un balance detallado sobre el funcionamiento del algoritmo de asignación ni sobre la ponderación exacta que recibe el promedio académico frente al índice socioeconómico.
A 300 kilómetros de casa
El joven tiene 17 años y vive en Caracas con sus padres. Mudarse a otro estado no es viable para su familia: no tienen parientes en Guárico ni recursos para pagar residencia, comida y traslados diarios, por lo que ve inviable cursar la carrera asignada. De igual forma, la directiva de la Unefa no ha precisado si existen mecanismos extraordinarios de traslado de sede para atender casos de vulnerabilidad económica.
“El proceso fue muy frustrante. Me postulé primero a Odontología en la UCV. En la segunda fase metí Mecánica Dental en la Unefa de Caracas, y también busqué opciones en Bioanálisis y Enfermería. En ninguna quedé”, detalló a Crónica Uno.
El bachiller añadió que, al final, el sistema le asignó una carrera que no tiene relación con el área médica y en un lugar donde no tiene familia ni cómo trabajar para mantenerse.
Alejandro egresó de un colegio privado. A su juicio, el baremo actual, el sistema de puntuación para calificar a los aspirantes, de la OPSU descarta el mérito académico frente a otros factores como el socioeconómico. Aunque admitió que es importante, no siente que sea justo que quienes provienen de la educación privada no sean tomados en cuenta.
“Siento que la asignación es solo por la condición socioeconómica de la persona y no por el promedio. Como vengo de una institución privada, sentí que pesó en mi contra, sin importar las notas. Tampoco mis compañeros quedaron”.
Asignación forzada a La Guaira
El plan inicial de Mariana*, se resguardó su identidad por temor a represalias, era cursar Diseño de Interiores. Como es una carrera que no está en la oferta de las universidades públicas, optó por la alternativa más cercana. Entonces, escogió la carrera de arquitectura en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Mariana es de San Casimiro, al sur del estado Aragua, pero su meta era estudiar en Caracas, donde tiene familiares que le ofrecen hospedaje. En la primera fase del SNI postuló a Arquitectura en la UCV, Hotelería Técnica en la Universidad Nacional del Turismo (Unatur) y Nutrición y Dietética, también en la UCV.
Sin embargo, no fue seleccionada. En la segunda fase intentó con Turismo mención Hotelería, Fisioterapia, Enfermería y Psicología Social, pero tampoco obtuvo plaza. Para la tercera ronda, las opciones en la capital casi no aparecían en el portal de la OPSU. El sistema terminó por asignarle un cupo en Turismo y Hotelería en la Unefa de La Guaira.
Esta asignación le ha ocasionado dos problemas inmediatos; el gasto de pasajes y la seguridad. El traslado diario entre Caracas y el litoral central implica un costo en transporte interurbano que su familia no puede asumir. El pasaje mínimo ronda los dos dólares por viaje, sin contar el traslado urbano en Caracas.
Riesgo en las instalaciones
A esa carga se suma la situación estructural de la entidad costera. El 24 de junio pasado, un doble terremoto sacudió la zona norte del país y dejó más de 6400 fallecidos, según el más reciente balance de las autoridades, junto con severos daños y colapsos en edificaciones del litoral central.
Casi tres meses después del evento sísmico, la joven y su madre sienten temor ante el estado de las instalaciones universitarias. Cabe destacar que las autoridades de Protección Civil y los entes regionales gubernamentales son las instancias oficiales encargadas de presentar los reportes de daños estructurales en el estado La Guaira. No obstante, se desconoce un listado oficial de los planteles y de instituciones con daños estructurales.
“A mi mamá le da miedo que vaya a La Guaira. No sabemos si la sede de la universidad está apta para recibir gente o si sufrió daños. Yo tengo dónde quedarme en Caracas, y bajar todos los días es un problema de pasaje muy grande”, e
xplicó la bachiller.
Mariana revisó el cronograma de convocatorias, pero no ha formalizado la inscripción. Espera acudir al núcleo principal de la Unefa, ubicado en Chuao, para consultar si existe la posibilidad de tramitar un cambio hacia Caracas y no perder la oportunidad de ingresar a la educación superior.
Aumento de “población flotante”
“¿No se supone que a los estudiantes con buen promedio deberían darles un cupo por la OPSU?”, cuestiona Yelitza*, nombre protegido a solicitud de la entrevistada, quien egresó de bachillerato con 19 puntos, el equivalente a un rendimiento casi perfecto sobre 20, y no obtuvo asignación en ninguna casa de estudios del sector público.
Su espera comenzó en 2025. En esa primera postulación intentó ingresar a la carrera de Derecho en la UCV. El sistema no le dio la plaza en Caracas. Trató de gestionar un cambio de opción, pero el trámite no procedió.
“En 2025 no quedé en la universidad. Así que ingresé este año por la OPSU para optar por un cupo, pero no me dieron cupo en esa ni en ninguna otra de las carreras que seleccioné”, señaló.
Yelitza forma parte de la llamada “población flotante”: bachilleres de promociones anteriores que siguen a la espera de un cupo en la educación superior pública. Ante la falta de respuesta del sistema estatal, optó por trabajar y reunir dinero para pagar una mensualidad en una institución privada. Cursar Derecho ya no es una opción viable por los costos; ahora planea inscribirse en Administración de Empresas.
Organizaciones gremiales y docentes universitarios han advertido que la falta de estadísticas oficiales actualizadas sobre el total de aspirantes que quedan en condición de “población flotante” dificulta el desarrollo de políticas públicas efectivas para la absorción de estudiantes.
La situación se repite entre otros jóvenes. En redes sociales, diversos aspirantes reportaron promedios superiores a 18 y 19 puntos que no recibieron cupo en ninguna de las tres fases del proceso.
Pese a que voceros oficiales informaron que los problemas técnicos en la plataforma web de la OPSU estaban resueltos, las denuncias por falta de asignaciones y fallas en la oferta de cupos persisten.
Esta coyuntura empuja a numerosos bachilleres a la deserción académica, al trabajo informal o a la búsqueda de alternativas educativas en el sector privado, lo que evidencia la brecha de acceso a la educación superior en el país.
(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.
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