Bachelet: “Decisiones del TSJ disminuyen la posibilidad de procesos electorales creíbles y democráticos”

Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se refirió a la situación en Venezuela ante el 44º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Aseguró que todavía no se avanza hacia un proceso electoral “creíble y democrático”, mostró preocupación por “las graves violaciones a derechos económicos y sociales” de las personas y abogó una vez más por una negociación política en el país.

Caracas. Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lamentó que los actores políticos en Venezuela no logren encontrar una solución negociada que resuelva la crisis en el país. Por el contrario, aseguró que todavía no se avanza hacia un proceso electoral “creíble y democrático”. 

“Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Estas nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición”, dijo ante el 44º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. 

Este miércoles el CNE fijó elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre. Los rectores del órgano electoral fueron nombrados por el TSJ saltándose la norma constitucional. El país irá a unos comicios sin sus principales partidos de oposición: en una sentencia de la Sala Constitucional, el Supremo ordenó la intervención de las directivas de Acción Democrática y Primero Justicia, entregando el uso de símbolos y tarjetas a juntas ad hoc, mientras que Voluntad Popular está amenazada con su ilegalización. 

Bachelet reiteró su llamado a una “negociación política inclusiva”, basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. “Mi Oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos”, dijo durante la presentación de su informe de cooperación y asistencia técnica en Venezuela.

Este informe forma parte del mandato dado a Bachelet en la Resolución 42/4 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 26 septiembre de 2019. Donde se le solicitó un “informe por escrito sobre la situación de los derechos humanos, que incluya los resultados de la investigación realizada sobre el terreno de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en el país, a fin de que los responsables rindan cuentas y las víctimas obtengan reparación”. 

En junio se cumplió un año de la visita en campo de Bachelet a Venezuela para constatar la situación de derechos humanos. Luego ya de varias actualizaciones orales y presentaciones de informes en las sesiones del Consejo, una vez más denuncia que “las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales”. 

Bachelet recordó los bajos salarios en Venezuela, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, tales como la electricidad, el agua y la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud. Agregó que la crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia del COVID-19.

En junio del año pasado Bachelet dejó a dos oficiales de su oficina en Venezuela para continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela. En la documentación mencionó: restricciones al espacio cívico y democrático con violaciones a la libertad de expresión, derecho a la información, detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaban por los servicios públicos. También ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional.

“Me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso, así como alegaciones de tortura y desapariciones forzadas en los primeros días de la detención documentadas en el informe”, destacó Bachelet sobre la persecusión penal de los responsables de intentos rebelión en el país.

El 15 de julio presentará otro informe sobre la independencia judicial, el acceso a la justicia y la situación de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco. 

Oficina de Bachelet no tuvo acceso a las sedes de la  Dgcim y el Sebin

La oficina de Bachelet recopiló numerosas denuncias de condiciones inadecuadas de detención en las sedes de la Dgcim y el Sebin, a las que no tuvo acceso. “Estas instalaciones no son centros oficiales de detención y no reúnen los requisitos mínimos, en particular el de un espacio suficiente para garantizar los derechos de las personas detenidas. Las instalaciones de la Dgcim, que originalmente se construyeron como oficinas, se han remodelado para aumentar la capacidad de detención en el sótano”, se lee en el informe. 

En la Dgcim de Boleíta, en Caracas, documentaron que la mayor parte de las personas detenidas se encontraban hacinadas en calabozos sin instalaciones sanitarias adecuadas. “Al parecer, se dejaba la luz encendida las 24 horas del día y se abusaba del aire acondicionado para crear condiciones de incomodidad. Durante el día no se permitía a las personas detenidas salir de sus celdas, y la posibilidad de pasar tiempo en espacios abiertos se restringía severamente”. 

En el período inicial de detención en la Dgcim de Boleíta, además de los 45 días que dura la investigación preliminar, algunas personas detenidas permanecían totalmente aisladas durante largos períodos en pequeñas celdas sin ventilación, a oscuras y esposados la mayor parte del tiempo. 

“Durante el período que abarca el presente informe, el Acnudh recibió denuncias de tortura y malos tratos. Se observó que las personas privadas de libertad eran interrogadas por los servicios de inteligencia después de su detención tanto en las instalaciones de la Dgcim como en lugares no oficiales y desconocidos”, señala Bachelet en el informe. 

En la mayoría de los casos documentados, casi todas las personas detenidas por la Dgcim fueron sometidas a desaparición forzada, sin información de su paradero a familiares y abogados en períodos que van de 7 a 40 días, “lo que suscitó preocupación por el incremento del riesgo de tortura y malos tratos”. 

Según datos publicados en el documento, hasta mayo de 2020, el Ministerio Público llevó a cabo 361 investigaciones de tortura y 9951 de malos tratos. Fueron acusados 517 agentes del Estado, imputados 401, privados de libertad 167 y 26 fueron condenados por tortura y malos tratos.

Heridos en el motín de Portuguesa continúan sin atención médica

El 1º de mayo se produjo un motín en el centro de detención de Cepello en Guanare, Portuguesa. La oficina de Bachelet documentó que al 30 de mayo, 30 detenidos con lesiones graves seguían esperando que se les interviniera quirúrgicamente: “En el hospital local aún no habían recibido los equipos ni el material sanitario necesario”. 

En ese motín murieron 47 detenidos y resultaron heridos 69. El 13 de mayo el Ministerio Público acusó de asesinato deliberado y abuso de poder a cinco miembros de la Guardia Nacional Bolivariana; de asesinato deliberado y tráfico de armas a cuatro reclusos que controlaban el interior de la prisión; y de complicidad en la introducción de armas al director del centro.

Muertes en operativos de seguridad

En su informe Bachelet reconoció la disminución en la tasa de homicidios en 2019, aunque alertó nuevamente sobre los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad. Entre enero y mayo de 2020, “habrían muerto violentamente 1324 personas, entre ellas nueve mujeres, en el marco de operaciones de seguridad”, se lee en el informe. 

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron presuntamente responsables de 432 muertes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de 366 muertes, la Guardia Nacional Bolivariana de 136 muertes y las fuerzas de policía del estado Zulia de 124 muertes. Las cifras más altas de casos se registraron en Zulia (323), Aragua (148), Bolívar (140), y Lara (121). En el contexto de estas operaciones de seguridad habrían muerto cinco miembros de las fuerzas de seguridad y 16 habrían resultado heridos.

En la actualización oral en el 43° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo que en  2018 contabilizaron al menos 205 muertes atribuidas a las FAES. Otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas. 

“Valoro positivamente el incremento del acceso de mi Oficina en Venezuela y de nuestra cooperación desde la firma de la Carta de Entendimiento en septiembre de 2019”, dijo. Como parte del balance, señaló que su oficina visitó los estados Zulia, Bolívar y Lara, así como 13 visitas a 11 centros penitenciarios.

“Reconozco la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, aunque persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento”, puntualizó.