Secuestro de tarjetas y acoso a AD, PJ y VP inicia consolidación del sistema de partido hegemónico

tarjetas de partidos

De acuerdo con el ranking anual de libertad de Freedom House, Venezuela está en la lista de 59 países o territorios “no libres”. Además se ubica entre los 32 países que más persiguen a la oposición junto con Ruanda, el Congo y Sudán. El politólogo John Magdaleno sostiene que en ese contexto, la participación o no en elecciones tiene que ser parte de una estrategia amplia e incluyente.

Caracas. En los últimos 20 años, el sistema de partidos venezolano ha mutado progresivamente hasta convertirse en lo que es hoy en día: un sistema de partido hegemónico, según la clasificación del investigador italiano Giovani Sartori, citado por el profesor de la UCAB, el politólogo John Magdaleno.

El proceso de conversión ha sido lento pero sostenido. Primero al pasar a un sistema bipartidista (AD-Copei) a un sistema de partido predominante gracias a las medidas adoptadas por Hugo Chávez y por Nicolás Maduro con el apoyo del Poder Judicial y el silencio del Poder Militar, este último responsable de resguardar la Constitución, cuyo Preámbulo y artículos 2 y 6 establecen el pluralismo político como una de las bases de la República y del gobierno.

Es así como entre 2007 y 2009 el PSUV engulló a media docena de sus aliados del Gran Polo Patriótico que se fundieron con el nuevo partido, cuyo nombre original era Partido Socialista Único de Venezuela. A partir del año 2012, Hugo Chávez comenzó un proceso de secuestro de tarjetas partidistas por la vía judicial que afectó primero a sus aliados del PPT y Podemos. Tres años después, en 2015, Nicolás Maduro a través del TSJ intentó captar algunos votos para las parlamentarias cambiando a los directivos de los opositores Copei, MinUnidad y Bandera Roja. Además, el TSJ le impuso una directiva ad hoc al partido oficialista crítico, MEP.

Y este año, el avance del sistema de partido hegemónico subió otro nivel al arrebatar a la militancia de AD y PJ –los partidos más grandes de la oposición– sus tarjetas y directivas legítimas; mientras amenaza con ilegalizar a VP por “terrorista”.

Magdaleno hace énfasis en aclarar a quienes dudan, que Venezuela no está encaminada a un régimen de partido único, porque este implica la supresión total y absoluta de los demás partidos, incluso por vía constitucional.

Freedom House registra seis países con esta modalidad en el mundo: Camboya, Cuba, Eritrea, Laos, Corea del Norte y Vietnam. En el caso de China, que se rige por el poderoso Partido Comunista de China, admite en la página web de su embajada en Cuba, que tiene resgistrados a ocho «partidos amigos íntimos del PCC».

Derechos políticos a punto de extinción
Foto Referencia en el Municipio Sucre – EBN Baute de Petare. Foto: Luis Miguel Cáceres

El más reciente informe de Freedom House, publicado a comienzos de marzo de este año titulado La Libertad en el Mundo 2020, deja en evidencia que Venezuela no solo se mantiene desde 2017 dentro de la categoría de países “no libres”, sino que ha venido descendiendo en sus puntajes globales al pasar de 30 puntos sobre un máximo de 100 hace tres años, a tan solo 16 puntos este año.

En una de las subcategorías del estudio que mide específicamente los derechos políticos basado en la calidad de los procesos electorales, el pluralismo político y la participación, el descenso de Venezuela no es menos dramático. En una escala donde el máximo es 40 puntos, el país obtuvo 11 en 2017, bajó a ocho en 2018, se desplomó a tres en 2019 y este año apenas obtuvo dos puntos de un máximo posible de 40.

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Solo 18 de un total de 210 países o territorios analizados este año por Freedom House obtuvieron menos de dos puntos en la categoría de derechos políticos: Barein, China, Cuba, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Esuatini, Libia, Corea del Norte, Arabia Saudita, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Tayikistán, Turkmekistán, Yemen, Sahara, Tibet y Dombas.

Venezuela como el Congo, Ruanda y Sudán
Foto: ADNCuba

El estudio de Freedom House establece tres categorías generales de clasificación: países libres, países no libres y países parcialmente libres. Como se mencionó, Venezuela se ubica, junto con otros 58 estados o territorios, en el segundo grupo.

Pero al analizar las características comunes entre esos 59 países “no libres” salta a la vista que en 32 de ellos el pluralismo partidista existe solo en el papel (leyes, decretos o constitución) pero en la práctica y aplicando la clasificación de sistemas de partidos de Giovani Sartori, se trataría de modelos de partido hegemónico (permite la existencia de otros partidos pero no la competencia) o predominante (permite la existencia y la competencia de otros partidos).

Los 32 países en cuestión son Afganistán, Argelia, Angola, Azerbayán, Bielorrusia, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Chad, China, República Democrática del Congo, Yibuti, Egipto, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabón, Irán, Kazajistán, Birmania, Nicaragua, República del Congo, Rusia, Ruanda, Sudán, Siria, Tayikistán, Turquía, Turkmekistán, Uganda, Uzbekistán, Yemen y Venezuela.

Otra característica común en este grupo de países es que todos son regímenes políticos autoritarios competitivos (donde hay elecciones con resultados previsibles) o autoritarios hegemónicos (supresión casi total de elecciones y de oposición). En estos sistemas, las elecciones no son un instrumento de cambio sino un instrumento de legitimación del partido dominante utilizadas para su permanencia en el poder.

Además, en los últimos 20 años, 17 de estos países han estado gobernados por la misma persona, su descendencia o por dirigentes del mismo partido casi siempre ungidos por el presidente saliente: Venezuela, Uganda, Turkmekistán, Tayikistán, Siria, Ruanda, Rusia, República del Congo, Kazajastán, Guinea Ecuatorial, Yibuti, Chad, Camerún, Bielorrusia, Azerbayán, Angola y Afganistán.

Persecución judicial y dificultades de registro
Foto: El Nacional

También es común a estas 32 naciones el hecho de que el proceso de registro de nuevos partidos está dirigido por oficinas adscritas al gobierno, lo cual significa que es el propio régimen el que admite o rechaza las postulaciones. Además, los aspirantes deben superar una serie de obstáculos y trámites burocráticos para la aceptación del registro. La negación o la ilegalización de partidos que representan una amenaza electoral para el gobierno es recurrente y los órganos que emiten esas decisiones no presentan argumentos legales.

Llamó la atención en particular un caso de ilegalización de un partido por su similitud con la causa recientemente abierta por el TSJ a petición del Ministerio Público contra el partido Voluntad Popular.

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Reporta Freedom House que en el año 2015, el Ministerio de Justicia de Tayikistán “revocó el registro legal del IRPT basado en un tecnicismo, y la Corte Suprema declaró al partido una organización terrorista, criminalizando la membresía o la expresión de apoyo para el grupo”. Sus líderes en el exilio también son perseguidos e incluso secuestrados. “En octubre de 2019 las autoridades también declararon a la Alianza Nacional de Tayikistán como organización terrorista», agrega el informe.

Por último, la persecución, arresto, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y exilio obligado de los dirigentes prominentes de la oposición es común.

Un proceso que apenas comienza
Foto: 0800Noticias

En el caso venezolano, Magdaleno explica que la etapa de sistema de partido predominante, instaurada por Hugo Chávez y reforzada por Nicolás Maduro, donde había otros partidos reconocidos, que competían con ciertas desventajas con el partido de gobierno, dentro de un marco legal, le disputaban el poder e incluso podían vencer y obtener cargos de representación, terminó en 2015 con el resultado de las elecciones parlamentarias.

Señala que a partir de 2016, pero sobre todo en 2017 y 2018, se ha constatado la implementación de un sistema de partido hegemónico donde –citando la definición de Sartori– no hay competencia o la competitividad es escasa porque solo se permite la existencia de partidos de segunda categoría que no representan riesgo de perder el poder ni compromiso con la alternancia partidista.

“El sistema de partido predominante opera en sistemas políticos competitivos, donde hay elecciones, se reconoce la oposición y esta disputa el poder de manera relevante al margen de que en el resultado final no sea fuerte. Pero hay reglas garantizadas y reconocimiento básico del oponente. El sistema de partido hegemónico opera en sistemas políticos no competitivos”, indica.

En ese contexto, el arrebato de las tarjetas y la imposición de directivas ad hoc por parte del Poder Judicial a dos de los principales partidos de oposición es un paso claro hacia la consolidación del sistema de partido hegemónico. Los dirigentes impuestos en ambas toldas, señalados de haberse dejado sobornar por factores del oficialismo para abandonar la línea partidista, no representan ni los principios fundacionales de dichos partidos, ni una amenaza a la estabilidad de la administración de Nicolás Maduro.

El rol de la gente
Asamblea de ciudadanos del Frente Amplio en 2018 Foto: Carlos Crespo

Un factor común a los 32 países con sistemas de partido plural en el papel pero no en la práctica es la longevidad que pueden alcanzar. La mayoría de los casos analizados por Freedom House tienen más de 20 años funcionando de esa manera.

En Venezuela, este modelo tiene escasos tres años, si se toma como referencia la interpretación de la Ley de Partidos Políticos que hizo la Constituyente en 2017 y luego en 2018 para ilegalizar a los partidos que no participaran en el acto de votación de mayo de 2018 y en los comicios municipales de diciembre de ese mismo año.

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Las preguntas obligadas para Magdaleno son: ¿Qué debe hacer la sociedad civil para revertir un proceso de esa naturaleza, que en ciertos países ha significado la imposibilidad total de acceso al poder por parte de la oposición? ¿La participación electoral es una herramienta útil en este contexto?

Magdaleno responde:

“Si sabemos que estamos entrando en un sistema de partido hegemónico, con restricciones para elegir y ser elegido y la amenaza de que empeore es real, el dilema que surge es sobre la participación o no en las elecciones que se convoquen. Si participamos ¿eso puede contribuir a una mejora relativa de las reglas de juego? ¿o la no participación favorecería la obtención de mejores condiciones? No participar restringe aún más el espectro de los actores que pueden incidir en los asuntos públicos. No significa que participar mejore las condiciones, pero no participar con seguridad aumentará las restricciones”.

Sin embargo, enfatiza que la participación o la no participación en elecciones, por sí sola no resolverá la crisis ni definirá el ansiado advenimiento de la transición política. Antes por el contrario esta decisión tiene que ser parte de una estrategia más amplia, compleja e integradora que considere acciones internas y externas de presión y que le eleven a la coalición dominante los costos de hacer un fraude, por ejemplo.

“Es por eso que una transición debe plantearse como una lucha a mediano plazo. La tesis de la bala de plata que resolverá la disolución del régimen, el inicio de la transición, la realización de elecciones competitivas y la consolidación de la democracia, no existe. No es realista. Hay que dar una lucha no solo en el terreno electoral, sino hacer un esfuerzo grande de organización social y política que anteceda a la elección”, expone.

Organización, movilización y costos
Foto; Diario de Hoy

Magdaleno acota que la estrategia ante lo electoral (participar o no participar) tiene obligatoriamente que venir acompañada de una estrategia de movilización que le haga perder legitimación, consentimiento y respaldo a la coalición dominante por parte de sus aliados naturales. Presión interna y externa. Movilización social organizada y masiva.

“Lo mejor que puede hacer la gente es pensar y organizar un movimiento nacional para elevar la presión en el plano doméstico. Por ejemplo, conformar una red nacional de activistas. Pero aquí el problema es que nadie empodera al ciudadano de a pie. Nadie le pregunta al término de una marcha si quiere tener una responsabilidad, un rol en el proceso”.

También los dirigentes tienen tarea: “La elección es una herramienta dentro de un repertorio. La dirigencia debe generarle costos al régimen por violación de garantías, así sean mínimas. Aumentar los incentivos para que los actores que lo soportan desistan de seguir violando los derechos. Pero es un proceso planificado, que requiere mucha coordinación entre los partidos, entre los dirigentes de los partidos, entre la sociedad civil y los partidos, con los movimientos sociales. ¿Que si es fácil? No. No es fácil, pero es necesario”, puntualizó.


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