La reciente arremetida del TSJ en contra de las directivas de partidos como Acción Democrática y Primero Justicia pudieran llevar a pensar que el ataque a este tipo de organizaciones es algo nuevo. Sin embargo, el deseo de hegemonía en este ámbito se puede rastrear hasta 2007, año en el que nació el PSUV “absorbiendo” varias organizaciones que apoyaban a Hugo Chávez.

Caracas. Los recientes fallos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dan cuenta de la insistencia del chavismo en socavar a los partidos de oposición. Que los partidos, nuevos y tradicionales, estén en la mira del oficialismo no es algo nuevo, pues desde hace casi dos décadas desde el gobierno se han impulsado acciones para intentar imponer una oposición a la medida.

La primera gran estocada se estableció en la Constitución de 1999, donde se prohibió taxativamente el financiamiento de los partidos con fondos públicos (art. 67 de la CRBV). Este precepto fue parcialmente modificado por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia dictada en el mes de junio de 2008, antes del referéndum sobre la enmienda constitucional, que permitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) dictar unas normas sobre publicidad y propaganda electoral a la medida del gobierno de Hugo Chávez. Le siguieron una serie de acciones desde el mismo Ejecutivo o a través de otros poderes del Estado.

El fallecido presidente Hugo Chávez en algún momento tuvo la convicción de que su mejor opción era tener un partido único al estilo cubano.

La primera mención de una organización política única llegó el 16 de diciembre del año 2006, cuando Hugo Chávez, en un acto en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas, anunció su intención de que se constituyera dicho partido, al que por entonces llamó Partido Socialista y que, eventualmente, sería el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En aquel acto, Chávez señaló, en declaraciones recogidas por el portal Aporrea, que el socialismo venezolano necesitaba de una unión, una unión no de partidos sino de militantes, con lo que descartó una alianza entre los partidos que hasta ese momento lo habían apoyado para, en cambio, sugerir la aglomeración de fuerzas en una única entidad partidista.

“Necesitamos un partido, no una sopa de letras, con lo cual estaríamos cayéndonos a mentiras y engañando al pueblo”, expresó en el mismo discurso, en el que también lanzó una amenaza a las organizaciones que optaran por no unirse: “Pueden mantenerse (…) pero saldrán del Gobierno”.

Durante el resto de 2006 y principios de 2007, se reiteraron los llamados para la constitución de este partido “único” y varias organizaciones anunciaron su disolución inmediata para plegarse a la nueva estructura que Chávez había planificado. El primero de ellos fue el más grande de todo el chavismo: el Movimiento V República (MVR).

Al MVR le siguieron la Liga Socialista, el Movimiento Democracia Directa (MDD) y el Partido Independientes por la Comunidad. Todos confirmaron antes de 2007 que formarían parte del nuevo PSUV, partido cuyas siglas inicialmente significaron Partido Socialista Único de Venezuela.

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Para enero de 2007 la lista de organizaciones creció y pasó a incorporar también al Partido Unión, que anunció su decisión el 28 de enero, y el Movimiento Independiente Ganamos Todos (Migato), que lo dio a conocer el 14 de febrero.

A los que optaron por fusionarse también se unieron Clase Media Revolucionaria, Movimiento de Concentración Gente Nueva, Movimiento Nacional Independiente, Organización Nacionalista Democracia Activa y Corriente Marxista Internacional.

Otras organizaciones, como la Unidad Popular Venezolana (UPV), el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), el Movimiento Cívico Militante (MCM) y el Movimiento Tupamaros de Venezuela, se mostraron en un principio de acuerdo con la idea de unificarse  con el PSUV, y, en el caso de Tupamaros, su secretario general, José Pinto, dijo el 14 de marzo de 2007 que el partido desaparecería. Sin embargo, finalmente optaron por postergar su adhesión ante las dudas.

UPV, Tupamaros y el MEP se mantienen hasta el día de hoy como organizaciones políticas independientes del PSUV, aunque han acompañado a la tolda roja en la mayoría de elecciones en calidad de aliados.

Otra fue la historia del Partido Comunista de Venezuela (PCV), de Patria Para Todos (PPT) y de Por La Democracia Social (Podemos), los cuales desde un principio manifestaron sus diferencias y dudas con el concepto de desaparecer para pasar a incorporarse al PSUV. Pese a esto, y a su decisión de no unirse, estas organizaciones reafirmaron su postura de apoyo a Hugo Chávez, con lo que permanecieron existiendo como aliadas del chavismo.

Complicidad del CNE para no reconocer a partidos opositores

Para el año 2015, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió recaudos de una serie de organizaciones políticas que, teniendo como deseo la participación en las elecciones parlamentarias de ese año, buscaron formalizarse ante el órgano comicial. De todas estas organizaciones, dos fueron prominentes: Vente Venezuela (Vente) y Marea Socialista.

Ambos partidos, aunque distintos en la ideología, lograron encontrar un punto en común cuando el CNE les negó, el 18 de mayo de 2015, el resguardo de su nombre como uno de los pasos previos para lograr participar con su propia tarjeta en las parlamentarias de ese año.

La determinación que evitó el resguardo del nombre de Vente no fue justificada en ningún momento por el órgano comicial, algo que Franco Casella, vocero del partido en aquel momento, atribuyó a una persecución en contra de la principal dirigente de la organización: María Corina Machado.

“Se trata de una persecución, de una fijación para intentar manchar el liderazgo de María Corina Machado”, comentó Casella, quien añadió que el proceso para lograr la formalización de Vente se había iniciado desde 2013.

Como contraste, el proceso iniciado por Marea Socialista comenzó formalmente en noviembre de 2014, pero este fue rechazado por el CNE en una resolución publicada en la Gaceta Electoral en la que, similar al caso de Vente, el principal organismo del Poder Electoral no justificó su decisión.

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“A diferencia de gacetas anteriores, aquí no se da una explicación sobre la negativa, por eso introdujimos un documento al CNE pidiendo que nos den una explicación de lo que sucedió”, indicó a Crónica.Uno el dirigente nacional de Marea Socialista para mayo de 2015, Alexander Marín.

Ni Marea Socialista ni Vente Venezuela pudieron formalizar nunca su inscripción en el CNE, y optaron entonces por participar en calidad de alianzas en los siguientes procesos electorales que se llevaron a cabo en Venezuela, nunca con una tarjeta propia para apoyar a sus candidatos.

En 2015, el CNE también negó el registro a Frente de Entendimiento Nacional, Movimiento por la Democracia Directa, Nueva Integración Grupo Unido, Partido Democrático Nacional, Partido Nueva Solución Democrática, Unión Nacional Organizada y Tolerancia Democrática.

El TSJ y las juntas ad hoc para partidos opositores

Otra instancia con la que desde el Estado venezolano se ha atentado en contra de los partidos políticos ha sido a través de la designación de juntas directivas ad hoc, mecanismo que recientemente ha sido empleado para apartar a las directivas de partidos como Acción Democrática y Primero Justicia. Sin embargo, estas no fueron las primeras organizaciones en sufrir este destino.

El 22 de julio de 2015 la Sala Constitucional emitió una sentencia en contra de la directiva del partido Copei, la cual para aquel momento se encontraba presidida por Roberto Enríquez. El fallo en cuestión reconocía los reclamos hechos por Pedro Urrieta, Ibis Alemán, Alexis Gutiérrez, Wilgen Fernández, Silvia Melina Vásquez, Orlando Medina y Miguel Salazar.

Estos dirigentes habían introducido un amparo ante la Sala Constitucional del TSJ argumentando que al momento de escoger candidatos no se había escuchado a las directivas regionales de los estados Anzoátegui, Aragua, Delta Amacuro, Yaracuy, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.

Con la sentencia 1023 del año 2015, se formó una nueva junta directiva ad hoc, compuesta por Pedro Urrieta (presidente), Silvia Melina Vásquez (primera vicepresidenta), Orlando Medina (segundo vicepresidente), Miguel Salazar (secretario general) e Ibis Alemán (subsecretaria general), en detrimento de la presidencia que desempeñaba Roberto Enríquez. Estas designaciones serían ratificadas un año después con la sentencia 0684 del 3 de agosto de 2016.

La decisión del TSJ hizo que Copei se fracturara entre quienes reconocían la directiva designada por la Sala Constitucional, y aquellos que todavía apoyaban a Roberto Enríquez como única autoridad de la tolda verde. También tuvo como consecuencia que el partido fuera expulsado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en los meses previos a las elecciones parlamentarias de 2015.

Al estado de fragmentación y caos en el que se encontraba Copei también hay que sumarle que para el 27 de agosto de 2019 la Sala Constitucional emitió la sentencia 0323, en la que designó una nueva directiva, la cual, según los argumentos del órgano judicial, es fiel a las designaciones alcanzadas en la asamblea nacional del partido que se celebró el 27 de marzo de 2019.

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Aquella directiva quedó compuesta por Mercedes Malavé (presidenta), Antonio Calviño (primer vicepresidente), Rafael Hernández (segundo vicepresidente), Juan Carlos Alvarado (secretario general) e Iber Ascensión (secretario adjunto).

Además de Copei, otro de los partidos que estuvo en la mira durante 2015 y que perdió su autonomía al tener sus autoridades designadas por la Sala Constitucional fue el partido Bandera Roja.

El 28 de julio de 2015, la Sala Constitucional emitió la sentencia 1011, en la que ratificaba la nulidad de las elecciones realizadas durante el V Congreso del partido los días 17, 18 y 19 de agosto de 2012, y designaba a Pedro Veliz Acuña como nuevo presidente de la organización.

Bandera Roja, a través de un comunicado, rechazó la medida señalando que “el despotismo chavista y sus mafias unidas” habían arrebatado la tarjeta del partido para usarla según sus intereses. En ese mismo comunicado aseguró que esa tarjeta electoral “sin el secretario general Gabriel Puerta y sin la militancia” no era nada.

Ahora bien, el mecanismo de designar autoridades a través de fallos del TSJ no solo ha sido aplicado contra partidos de la oposición, también se ha usado contra partidos disidentes del chavismo.

El 20 de julio el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) denunció que la Sala Electoral, a través de un fallo, había removido de la Secretaría General a Wilmer Nolasco, y puesto a Gilberto Jesús Jiménez Prieto y José Francisco Espinosa Prieto como nuevas máximas autoridades de la organización. La lógica de la sentencia se centraba en que eran familiares descendientes de Luis Beltrán Prieto Figueroa, fundador del partido.

“Espinosa Prieto no es militante del MEP; él está en el PSUV”, dijo Nolasco tras conocer el fallo del TSJ. El órgano judicial también emitió sentencias designando directivas en los partidos PPT, Podemos y MIN Unidad.

Los últimos fallos que han salido de la Sala Constitucional han tenido como objetivo a dos de los partidos más grandes de la oposición venezolana: Acción Democrática y Primero Justicia. En ambos casos, el TSJ anuló las directivas nacionales y nombró a personas que la propia militancia de los partidos ha acusado de actuar en pro del Gobierno: Bernabé Gutiérrez para AD, y el diputado José Brito para PJ.

Además de las sentencias contra AD y PJ, actualmente la Sala Constitucional analiza la situación del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), luego de que el diputado Chaín Bucarán introdujera un recurso contra la directiva de esta organización.

Otro partido cuyo destino parece estar en manos de los magistrados del Poder Judicial es Voluntad Popular, organización que podría ser catalogada como “terrorista” por la Sala Penal, pues el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, introdujo un recurso en su contra.


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