Bachelet denuncia “los crecientes signos de reducción del espacio cívico” en Venezuela

Bachelet denuncia

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos exigió a las autoridades investigar y sancionar a los responsables de la masacre de La Vega; y garantizar que ningún otro detenido corra la misma suerte que el líder pemón Salvador Franco, quien murió en la cárcel por no recibir atención médica.

Caracas. La ola de detenciones de activistas de Derechos Humanos y trabajadores humanitarios, así como los allanamientos e incautaciones de equipos a medios de comunicación, y las amenazas contra periodistas y políticos opositores que se han registrado en las últimas semanas han alarmado a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien considera que estos “crecientes signos de reducción del espacio cívico” en Venezuela no hacen más que agudizar la grave crisis institucional, económica y social que padece el país. 

“La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales”, afirmó la exmandataria chilena, al presentar la mañana de este jueves al Consejo de Derechos Humanos de la ONU una nueva actualización oral sobre la situación del país, en la cual reportó que desde septiembre su oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares. 

Tras asegurar que el camino adoptado por las autoridades “no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario”, Bachelet exigió a la administración de Nicolás Maduro que cumpla con su “obligación de proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para una participación significativa en la vida pública, incluyendo las voces disidentes” de cara a los próximos comicios regionales y municipales. 

Asimismo demandó que se reanuden todos los programas humanitarios que han sido paralizados en los últimos meses, debido a la arremetida gubernamental contra agrupaciones como Alimenta La Solidaridad o Azul Positivo. 

Una de cal y otra de arena  

En su reporte, la alta comisionada hizo un esfuerzo por combinar críticas con reconocimientos a los pasos que las autoridades venezolanas habrían dado para solventar algunos problemas. Así, por ejemplo, tras aplaudir las “medidas ad hoc” adoptadas desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público y el Gobierno para reducir el retardo procesal y el hacinamiento carcelario, demandó acciones para evitar que casos como el líder pemón Salvador Franco, quien el pasado 3 de enero murió en la cárcel de El Rodeo II (Miranda) por problemas de salud. 

“Un país es juzgado por cómo trata a sus más vulnerables, incluidos sus detenidos”, recordó Bachelet, quien agregó: “Me preocupan los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco”. 

Franco, quien se encontraba detenido por participar en el asalto a un puesto militar en el estado Bolívar, presentaba problemas de salud y en noviembre pasado un juzgado autorizó su traslado a un centro hospitalario, pero esta orden no fue ejecutada por los responsables penitenciarios. 

A diferencia de su informe de hace dos meses, en esta ocasión, la exmandataria chilena sí se pronunció sobre la masacre de La Vega (Caracas), ocurrida a principios de año; y exigió a las autoridades que “realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica”.  

Sin embargo, sobre este asunto omitió informar al Consejo que en dichos sucesos participaron las cuestionadas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), cuya disolución pidió en 2019. 

Por último, se mostró preocupada por el agravamiento de la crisis económica y por el hecho de que un tercio de los venezolanos estén en “situación de inseguridad alimentaria”. 

Dimes y diretes 

Tras la exposición de Bachelet, el Consejo comenzó un debate y el primero en tomar la palabra fue el representante de Venezuela, quien lamentó que el informe no fuera balanceado y presentara “información no verificada que alimenta el campaña mediática” contra el país. 

Sobre las preocupaciones en relación con el deterioro de los servicios básicos, la devaluación del salario y el aumento de los precios de los alimentos, el diplomático criticó que la exmandataria no tomara en cuenta “los perversos efectos” de “ilegales sanciones” impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países sobre personalidades e instituciones públicas, y exigió de la ONU una condena a las mismas. 

La delegación del Reino Unido se refirió al asunto y recordó que las medidas que ha impuesto son contra individualidades sospechosas de cometer violaciones a los Derechos Humanos y que en nada afectan a la ciudadanía. 

55 países denuncian violaciones

En su turno para intervenir en el debate, la representación de Perú leyó un comunicado en nombre de 55 países miembros de la ONU. En el documento, los 55 países expresaron:

  • Su “creciente preocupación por el persistente deterioro” de los derechos humanos en Venezuela que ha generado “la segunda mayor crisis migratoria y de refugiados del mundo”.
  • Denunciaron la “escalada de restricciones” al espacio cívico y democrático incluida la libertad de prensa, así como el continuo deterioro del estado de derecho, la falta de independencia judicial, la criminalización, y persecución contra las ONG.
  • Reiteraron su “llamado a poner fin a la represión y los ataques” a actores políticos, defensores de derechos humanos, personal humanitario y trabajadores de los medios de comunicación.
  • Insistieron en la “liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente”.
  • E hicieron un “llamado al acceso y distribución sin trabas de asistencia humanitaria” especialmente medicamentos y vacunas.

Los 55 países firmantes de la declaración denunciaron que “las elecciones de diciembre pasado carecieron de los estándares mínimos para un proceso democrático” y en tal sentido abogaron por “una solución pacífica y democrática mediante elecciones presidenciales, parlamentarias y locales libres, justas, transparentes y creíbles”.

Los países firmantes fueron Albania, Australia, Austria, Belgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, Holanda, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal , República de Corea del Sur, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos de América

El comisionado presidencial del gobierno interino para la ONU, Miguel Pizarro, emitió una declaración posterior a la rendición del informe oral de Bachelet en la que destacó que por una parte, no caben dudas sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela por parte de la administración de Maduro, y por la otra, que “el apoyo del mundo a la causa venezolana se mantiene vigente y activa en búsqueda del cambio”.

El informe de Bachelet se presentó menos de 24 horas después de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos presentara un nuevo reporte, en el cual denunció que persiste la ocurrencia de crímenes como las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias en Venezuela.

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