Bomberos de Aragua sin camiones, ambulancias ni personal

La institución bomberil en la región está en emergencia. Apenas cuatro unidades están medianamente operativas y en las 7 estaciones distribuidas en todo el estado, no hay ni siquiera ambulancias. La merma también es de personal, colocando al cuerpo de bomberos de Aragua fuera de las normas internacionales.

Maracay. “El cuerpo de bomberos del estado Aragua atraviesa una situación de catástrofe, de emergencia. Está en extinción”.

La alarmante advertencia la hacen varios funcionarios bomberiles que de manera reiterada vienen pidiendo auxilio para la institución desde el 2017, y quienes aseguran que la crisis interna de operatividad y de personal se ha agudizado. Los bomberos entrevistados pidieron la reserva de sus nombres, porque saben que sus voces serán sofocadas con expedientes administrativos, sanciones, prohibiciones y hasta destituciones.

Aragua, según el censo nacional de 2011, cuenta con una población de 1,6 millones de habitantes y de acuerdo con los estándares internacionales establecidos por la fuente de códigos y normas que gobiernan la industria de protección contra incendios y seguridad, como lo es la National Fire Protection Association (NFPA), debe existir un bombero por cada 1000 habitantes. De cumplirse esa norma en la región, Aragua requiere un poco más de 1600 bomberos, pero en la actualidad, escasamente aún prestan servicio unos 450 funcionarios, incluyendo a los que están de reposo, de vacaciones o se han retirado de la institución.

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Con este déficit de personal, el cuerpo de bomberos de la región apenas cuenta con 4 unidades medianamente operativas para combatir cualquier incendio o cubrir emergencias en todo el estado: la unidad 6078 de doble acción (rescate y incendios); la unidad 6049 para el control de materiales peligrosos, la unidad 6069 que es una ambulancia y la unidad 6050, una súpercisterna, cuya función es la de apoyar a las unidades para extinguir incendios, pues es un vehículo lento que solo puede transportar 3 bomberos como máximo y cuya capacidad de maniobra es reducida: no puede ingresar a urbanizaciones y barriadas con calles y veredas angostas.

Muchas veces nos hemos visto obligados a descender de la unidad y sofocar un incendio con tobos”, cuenta uno de los funcionarios, quien asegura que esa es la unidad que se está utilizando para todo el estado Aragua.

En los 18 municipios que tiene la región, el cuerpo de bomberos solo posee 7 estaciones: Ribas (La Victoria), Sucre (Cagua), Tovar (La Colonia Tovar), Zamora (Villa de Cura), Santos Michelena (Tejerías), Mariño (Turmero) y Girardot (Maracay). Salvo la estación central, ninguna de las restantes cuenta con unidades y equipos contra incendios, por lo que siempre deben esperar el apoyo de la estación central para cubrir las emergencias.

En diciembre —señala otro funcionario— dos bomberos debieron trasladarse en una moto particular para atender un accidente de tránsito en la población de Cagua, pero antes de llegar sufrieron un accidente “y hoy, uno de nuestros compañeros está prácticamente incapacitado. Casi muere“.

Los bomberos del estado Aragua no cuenta con seguro de hospitalización y cirugía. Desde que Rafael Isea asumió la Gobernación de Aragua ese beneficio fue eliminado. En la actualidad, si un funcionario bomberil sufre cualquier emergencia de salud e inclusive un accidente laboral, debe acudir a un centro asistencial público y cubrir todos los gastos. El único beneficio de que aún disponen, es el funerario, que cada bombero debe cancelar de su propio salario. “No tenemos ni  para morirnos”, lamentan.

Con botas de segunda mano

Desde hace 8 años, solo han recibido 2 dotaciones de uniformes y equipos de protección, pero incompletas. En el 2016 apenas se entregaron 20 uniformes, muchos de los cuales tenían tallas distintas a las del funcionario. La segunda dotación fue de apenas 40 uniformes que se le asignaron a un grupo de bomberos que debían asistir a un acto político, según refieren a Crónica.Uno los denunciantes.

La máxima de que cada bombero debe contar con un equipo de protección que incluya braga, chaquetón y botas no existe en el cuerpo de bomberos de Aragua. De allí que la mayoría de los funcionarios han tenido que remendar sus uniformes, hacer trueques con compañeros de otros estados y usar botas de seguridad de segunda mano que fueron donadas por una empresa. En el peor de los casos, les toca usar zapatos deportivos.

Las deudas con el personal son de vieja data. Las que fueron canceladas a finales del 2017, “no alcanzaron ni para comprarle una chupeta a nuestros hijos”, explica uno de los tantos bomberos denunciantes.

El fideicomiso pendiente del año 2010 fue cancelado 7 años después. Los bomberos recibieron 5000 bolívares por este beneficio, monto similar que les fue entregado por concepto de útiles escolares y 6000 bolívares por el bono del Niño Jesús.

“El 10 de octubre del 2017, el presidente Nicolás Maduro decretó un aumento del 99 % del sueldo en todas las escalas para los bomberos de todo el país, según Gaceta Oficial 41.254”, recuerdan.

Cinco meses después ese compromiso no ha sido honrado.

Con un salario insuficiente y beneficios devaluados, los bomberos de Aragua no obtienen un salario acorde a sus responsabilidades y mucho menos a sus necesidades familiares y alimenticias. Quienes se atrevieron a denunciar la crisis interna, cuentan a Crónica.Uno que muchos bomberos se han desmayado en pleno servicio, luego de permanecer hasta 24 horas sin comer. No faltan los funcionarios que deben llevar su comida y dividirla en 3 porciones para cubrir la guardia. Otros, sencillamente no pueden llevar nada.

En la estación central, la única en la que el comedor funciona a duras penas, “nos dan una arepa que parece una hostia y casi siempre sola. La mayoría de las veces hacemos una recolecta entre todos para comprar comida. Hasta el agua potable sale de nuestros bolsillos o de algún negocio o empresa que nos la dona”.

En estas catastróficas condiciones, muchos bomberos siguen fiel a su mística y dedicación, sobre todo quienes tienen más de 15 o 20 años de servicio. Son ellos quienes sostienen a la institución. Pese a que en 2 años la Universidad Nacional de la Seguridad (UNES) ha egresado 3 promociones con un promedio de 150 bomberos, ninguno ha ingresado como nueva plaza al cuerpo de bomberos de Aragua.

Pocos han sido asignados a otros estados y la mayoría ha buscado empleos en empresas privadas o sencillamente han emigrado.

Denuncias incendiarias

En agosto del 2017, la apertura de un expediente administrativo, el pase a la inspectoría general de servicios del Cuerpo de Bomberos del estado Aragua y la advertencia de ser destituidos de sus cargos, fueron los resultados de las denuncias que un grupo de funcionarios bomberiles intentó realizar a través de los medios de comunicación social de Aragua. Siete meses después, el amedrentamiento y las amenazas de destitución contra los bomberos que se atrevan a denunciar la crisis de la institución son mayores.

Quienes publiquen información ‘clasificada’ y mal poniendo a la institución, van a ser procesados con la ley contra el odio y tratado como guarimbero”, grita en plena formación el comandante del cuerpo bomberil, según cuentan los bomberos que se atrevieron a conversar con Crónica.Uno.

Las publicaciones a las que haría referencia el comandante José Rafael Aponte tienen que ver con una serie de videos que varios bomberos se han atrevido a colgar en sus respectivas cuentas personales de Facebook o Youtube y que, desde principios del 2018, se han viralizado al punto de que algunos bomberos aseguran que en la estación central existe una oficina en la que dos personas monitorean y rastrean las cuentas de redes sociales de los bomberos.

“Algunos ya hemos sido citados a la inspectoría general de servicios con la amenaza de abrirnos expedientes administrativos y destituirnos”, aseguran quienes emitieron sus denuncias a Crónica.Uno bajo condición de no exponer públicamente sus nombres por temor a mayores represalias.

Ya en agosto de 2017, el comandante de la Policía de Aragua, Ulises Farías, interrumpió abruptamente unas declaraciones que ofrecían algunos funcionarios bomberiles y ordenó a un piquete policial el desalojo de los periodistas que atendieron la invitación. En aquel momento, la intimidación causó efecto. A los denunciantes les abrieron expedientes administrativos y el cuartel general fue tomado por 40 policías, 4 unidades radio patrulleras, 10 funcionarios de inteligencia policial y 10 funcionarios del Sebin.

Foto: Gregoria Díaz